Los mexicanos con menores ingresos en todo el país gastan hasta 61 por ciento de lo que ganan en pagar el lugar donde viven y los servicios, mientras que quienes se encuentran en los siguientes deciles económicos -es decir, con más ingresos- destinan 34 por ciento y 30 por ciento, lo que refleja desigualdad también en el acceso a una vivienda en este país, publicó Animal Político.
Así lo advierte el diagnóstico del Plan Nacional de Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedatu), que definirá la política en la materia durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Otro elemento de esta desigualdad es que si bien existen programas de atención a personas históricamente discriminadas, “no necesariamente llegan a todas las personas que deberían tener acceso a ellos”.
Por ejemplo, del total de los subsidios entregados entre 2013 y 2018 por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), 66 por ciento fueron dirigidos hacia la adquisición de vivienda nueva y los estados que más subsidios recibieron fueron Nuevo León, Jalisco, Puebla y Quintana Roo con 10, 10, 6 y 5 por ciento, respectivamente.
Además, de acuerdo con un análisis de los precios de la vivienda asequible de 2015 en 45 países de la OCDE, México se ubica en el lugar 13 de los países con menor asequibilidad en la vivienda.
Para abordar el problema de la asequibilidad se requiere enfrentar el desafío del costo y acceso a financiamiento, advierte el Programa Nacional de Vivienda, que en palabras del titular de la Sedatu, Román Meyer, no solo marcará la directriz en materia de vivienda, sino que se trata de “una postura política y llamado de sensibilización de todos”.
Por eso es que el programa se enfocará en garantizar el “derecho a la vivienda adecuada” para todos, pero sobre todo a los grupos discriminados y en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo quienes no son derechohabientes y, por tanto, tampoco son sujetos de crédito de instituciones gubernamentales ni bancarias.
“Hay que sensibilizar a todas las instancias crediticias de que esas personas, primero, son mexicanos, y que pagan puntualmente y que también ellos también tienen créditos, tal vez no formales, pero pagan en 48 mensualidades un terreno. Lamentablemente la banca privada ha estigmatizado a esa población como de riesgo y no solo los estigmatiza, sino que los condena”, advierte el secretario Meyer, en entrevista con Animal Político.
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