Restos óseos relacionados a la desaparición forzada de dos mujeres y un hombre miembros de una misma familia, a manos de agentes federales o militares -o de miembros de la delincuencia organizada, según la versión de la Policía Federal- fueron localizados en el ejido 6 de enero del municipio de Cuauhtémoc, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) en un comunicado.
Se trata del caso de Nitza Paola Alvarado Espinoza, de 31 años, discapacitada por infarto cerebral; su primo José Ángel Alvarado Herrera, de 31 años, y la sobrina de ambos, Rocío Irene Alvarado Reyes, de 18 años.
Los tres fueron privados de la libertad por sujetos con vestimenta militar el 29 de diciembre del año 2009, en un domicilio del ejido Benito Juárez, a 192 kilómetros de esta frontera, y desde entonces no se supo nada de su paradero.
Tampoco hubo una investigación que derivara en la detención de los responsables y su correspondiente enjuiciamiento.
En la descripción del hecho consignada en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se puede leer:
“Los elementos procedieron a revisar el vehículo y luego de un intercambio de palabras tomaron a Nitza Paola de los cabellos para obligarla a bajar del mismo y cuando José Ángel intentó defenderla, el sujeto que se encontraba a su lado lo golpeó en la cara con el arma que portaba”.
“Tras lo cual subieron a ambos familiares a la parte posterior de la camioneta doble cabina en que los captores arribaron al lugar de los hechos, retirándose con rumbo desconocido”.
Este primer hecho ocurrió entre las 8:00 y las 9:00 de la noche del 29 de diciembre de 2009.
Posteriormente, entre las 9:00 y las 10:00 de la noche, elementos con uniforme militar llegaron a la casa de Rocío Irene y también se la llevaron bajo el argumento de que “estaba detenida”.
La sentencia de la Corte lo describe así:
“Le dijeron a Rocío Irene Alvarado que se encontraba detenida, le indicaron que se pusiera tenis; (…) antes de su partida, Rocío Irene manifestó a sus familiares “que no se preocuparan”, “que todo iba a estar bien”, y “que enseguida volvería”, tras lo cual salió del domicilio a manos de sus captores”.
“A la fecha, el paradero de Rocío Irene Alvarado ha sido desconocido”, indica el documento de consulta pública en internet.
Después de 9 años del hecho y ante la presión de la CIDH y diversas Ong de Juárez y Chihuahua, los restos localizados apuntan en dos vertientes.
O se confirmarían graves abusos cometidos por agentes federales o militares, o se reforzaría la hipótesis de que los perpetradores fueron sujetos que pertenecen a la delincuencia organizada.
En todo caso las investigaciones también apuntan a graves omisiones de autoridades estatales y federales, sexenios de Reyes Baeza, César Duarte y Enrique Peña Nieto, encargadas de las investigaciones, ya que familiares de las víctimas habían presentado y ratificado denuncias desde los días en que ocurrieron los hechos en el año 2009 ante todas las instancias de Gobierno.
Interpusieron denuncias ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en la Agencia del Ministerio Público (AMP) de Buenaventura; ante la CNDH en sus oficinas de Ciudad Juárez en contra de la Sedena y ante el agente del Ministerio Público federal de Ciudad Juárez.
Ninguna denuncia dio frutos. El sistema judicial, tanto civil como militar, operó a favor de los perpetradores.
La zona donde ocurrieron los hechos, tanto la privación de la libertad de las personas hace casi diez años, como la localización de los restos óseos esta semana, corresponde a un corredor para el trasiego de drogas en el que grupos criminales han sembrado el terror por años.
No hay autoridad que hasta la fecha sea capaz de neutralizarlos.
Todos los familiares de las tres personas que fueron desaparecidas han sido víctimas de amenazas, han tenido que huir a otras ciudades, tanto de México como de Estados Unidos e incluso en uno de los casos uno de ellos fue asesinado.
En las conclusiones de la sentencia de la Corte se indica de manera tajante que el caso ocurrió en el contexto de la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua y la alegada lucha contra el crimen organizado en la zona.
“Asimismo, trata sobre los distintos factores de impunidad que según se alega han derivado en la falta de esclarecimiento de los hechos y sanción a los responsables”, advierte.
“Asimismo -añade- con posterioridad a las desapariciones se presentaron distintos actos de hostigamiento o amenazas en perjuicio de los familiares de los desaparecidos, quienes se vieron en la necesidad de desplazarse de su lugar de origen, lo cual habría repercutido en otras afectaciones conexas”.
En el comunicado de la FGE emitido este jueves se indicó que durante la intervención para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al caso Alvarado Espinoza, la Comisión de Búsqueda de Chihuahua en conjunto con la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, aseguró diversos fragmentos óseos.
“Los restos fueron encontrados sobre la superficie en un punto cercano al cauce de un arroyo mientras se desplegaba un operativo de rastreo en el ejido 6 de Enero, en el municipio de Cuauhtémoc”, detalló el boletín.
También estableció que la escena fue procesada por peritos y antropólogos, quienes se encargaron del aseguramiento de evidencias entre las que se encontraron huesos de costilla, fémur y huesos largos.
“La evidencia fue trasladada al laboratorio forense donde se realizarán los estudios genéticos para determinar si los restos asegurados corresponden con algunas de las víctimas relacionadas con el caso Espinoza Alvarado”, precisó.
Si usted desea leer completa la sentencia de la CIDH de clic aquí
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