El Cabildo de Juárez, máximo órgano de Gobierno, tiene facultad de instruir a contraloría municipal a que investigue el desvío millonario del presupuesto del DIF a gastos de fiestas que promueven la imagen del alcalde Armando Cabada, pero es negligente, porque además de no hacerlo los ha aprobado por mayoría.
La abogada Irma Medrano Flores, exregidora independiente, dijo que el reglamento interior del ayuntamiento, en su fracción IV, faculta a los ediles para instruir a contraloría municipal que inicie una investigación del desvío de fondos en detrimento de los programas sociales que ayudan a grupos vulnerables.
“Es triste que la administración municipal gaste millones en una noche, en detrimento de la ayuda a niños, ancianos y mujeres, que se encuentran en un estado vulnerable”, dijo Medrano Flores.
Incluso tiene la obligación de interponer denuncias penales o civiles que se deriven de los resultados de la investigación, afirmó Medrano Flores, quien en el ejercicio de su regiduría se enfrentó al alcalde por decisiones de gobierno consideradas irregulares que hoy se dirimen en tribunales.
Expresó que los regidores también tienen la facultad legal, con base en la fracción V del mismo reglamento, a solicitar un informe a la presidenta del DIF, Alejandra Carrillo Trevizo, sobre la autorización en la entrega de dinero a la administración municipal para cubrir los gastos de las fiestas del Grito de Independencia, la Feria y las dedicadas al extinto cantante Juan Gabriel.
La administración ha gastado alrededor de 50 millones de pesos en pago de eventos artísticos que promocionan las aspiraciones políticas de Cabada, rumbo a la gubernatura 2021, de los cuales 35 millones de pesos corresponden a gastos en los tres últimos gritos de Independencia, de los cuales 13 millones de pesos fueron recortados a los programas del DIF.
“La decisión de tomar dinero del DIF es porque tiene la facilidad de hacerlo, dado que es un organismo descentralizado que no depende del reglamento interior, por lo tanto depende una decisión de su presidenta, es obvio que interviene la relación familiar entre el alcalde y la funcionaria”, agregó la abogada.
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