Que aún no haya órdenes de aprehensión contra los policías que saquearon la vivienda de una familia juarense es indicativo de que estamos frente a un Estado que protege a los delincuentes.
Así lo señaló Catalina Castillo, consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y activista en la Organización Popular Independiente (OPI) y la Red por la Infancia.
“Si la misma policía esta delinquiendo estamos indefensos ante un Estado que hasta protege a los delincuentes. Siendo una ciudad tan violenta y con tanta impunidad, esto no es admisible”, expresó Castillo al ser cuestionada.
El hecho de que después que ocho agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) fueron exhibidos en video saqueando el domicilio de una madre soltera en la colonia Manuel Valdez, es un abuso de poder y muestra de que no tienen un protocolo de derechos humanos, criticó.
“Este no es el único caso. Nosotros vemos muchos más en las comunidades donde nos reportan detenciones injustificadas en donde ya es común ver que llegan las campers y los agentes se meten a las casas sin la orden de un juez con el pretexto de que andan buscando drogas”, relató.
Para la activista es imprescindible que la Comisión Estatal de Derechos Humanos haga su trabajo en cuanto a defender los Derechos Humanos de los ciudadanos y otorgue un blindaje a las víctimas.
Consultada para esta nota la madre soltera cuya casa fue saqueada por municipales la noche del lunes 14 de octubre, dijo que decidió permanecer en la ciudad aclarando que desde el día de los hechos ya no ha sido hostigada por los municipales.
Lo anterior ya que, después del atraco, al menos tres de los agentes regresaron al domicilio para amenazarla de que no dijera nada y al día siguiente la propia institución difundió un comunicado en el que reportaba que habían localizado un arma larga afuera de la casa.
Esos indicios apuntaban a que se estaba tratando de exculpar a los involucrados.
El vocero de la FGE zona norte, Alejandro Ruvalcaba, informó ayer que la investigación continúa en curso y la representación social aún esta recabando elementos de prueba, para determinar la posibilidad de que se soliciten órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables.
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