La Secretaría General de Gobierno de la administración del gobernador Javier Corral informó a Norte Digital que la recomendación de la CNDH por el caso de la joven juarense Yesenia Pineda Tafoya será aceptada en su totalidad.
“En relación con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) número 28/2019, la Secretaría General de Gobierno informa que se acatará dicha recomendación en todos sus términos”, refirió la dependencia en una contestación oficial.
Sin embargo, también dejó ver una justificación que no corresponde con las reclamaciones de la familia de la víctima desde que el caso fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en los últimos meses de la administración anterior y cuyo letargo y falta de acciones, como lo sostiene la propia CNDH, han ocurrido en los dos años y medio del actual gobierno.
Lo anterior se puede leer en la respuesta de la oficina encargada de la política interna al referir que “las acciones que se solicitan ya se han ido implementando a lo largo de esta administración”.
En ese mismo sentido ofrece que “las acciones solicitadas por la CNDH que están pendientes de aplicar, se llevarán a efecto dentro del plazo establecido en la mencionada recomendación”.
Yesenia fue sometida a múltiples errores durante su tratamiento en hospitales estatales durante un año, entre marzo de 2015 y marzo de 2016.
Las múltiples negligencias en el Hospital de la Mujer de Ciudad Juárez y en el hospital general Dr. Salvador Zubirán de Chihuahua terminaron por causarle la muerte, tal como lo denunció en su momento el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) que asesoró legalmente a la familia.
Dos meses antes de morir, Yesenia denunció ante la Fiscalía lo que estaba pasando pero fue inútil.
Los 9 meses que duró la investigación mientras era gobernador César Duarte, no fueron diferentes a los 32 meses que llevan las indagatorias con Javier Corral al frente del Ejecutivo.
“El caso no fue debidamente investigado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para deslindar responsabilidades entre el personal de salud que la atendió”, fue la conclusión de la CNDH.
El posicionamiento de Secretaría de Gobierno justificó en sus dos últimos párrafos lo siguiente:
Que la recomendación del caso solicitaba hacer investigaciones para deslindar responsabilidades “sobre hechos ocurridos en el año 2015, durante la anterior administración estatal”, tal vez refiriéndose únicamente a la atención médica.
Y que la administración del gobernador Javier Corral Jurado refrendaba su “compromiso con el respeto y cuidado de los Derechos Humanos”.
A la fecha la familia de Yesenia no ha hecho una declaración pública sobre si está conforme con la respuesta del gobierno, dada a más de tres años de la muerte de la joven.
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