Mientras el gobernador Javier Corral se desgasta en discursos de combate a la corrupción como el sello distintivo de su administración, en un contrasentido los diputados del Congreso del Estado no se pusieron de acuerdo para sancionar administrativa o penalmente a quienes han incurrido en irregularidades en el manejo de los recursos públicos tanto en el Instituto Chihuahuense de la Salud como en Pensiones Civiles del Estado.
Lo anterior quedó de manifiesto en la última sesión del segundo periodo ordinario el pasado jueves, cuando la Comisión de Fiscalización presentó cuatro dictámenes para su aprobación: el de Fechac, el Instituto del Deporte, el Instituto de la Salud y el de Pensiones Civiles del Estado.
El dictamen de Fechac pedía sanciones contra quien resulte responsable por las supuestas irregularidades en el manejo de 383 millones de pesos, pero de último momento fue modificado el sentido del dictamen ante la vista de todos los diputados, por una resolución favorable “y sin observaciones que causen daño” al ente fiscalizable, bajo el argumento de que los diputados “se confundieron” al no distinguir el fideicomiso sobre la fundación.
Por otro lado, el dictamen del Instituto del Deporte y Cultura Física fue el único que fue aprobado por los diputados que pidieron la intervención de la Auditoría Superior para que presente las denuncias por la contratación de servicios de seguridad por 4.5 millones de pesos sin haber emitido una licitación.
Pensiones Civiles hasta construyó casas
De acuerdo con los dictámenes presentados por la Comisión de Fiscalización, y de los cuales Norte Digital tiene copias, en el caso de Pensiones Civiles del Estado se encontraron diversas irregularidades, siendo la más grave la disposición casi 15 millones de pesos para el pago de edificación de viviendas, y otros 26 millones de pesos para el pago a la Coesvi por compra de casas en los municipios de Juárez, Chihuahua y Parral.
Otras de las observaciones realizadas fue el sobrepago por medicamentos, adjudicaciones directas para la adquisición de medicinas y la falta de licitaciones en otras.
Pese a ello, los diputados votaron 7 votos a favor y 13 en contra del dictamen, por lo que el caso fue devuelto a una segunda revisión.
En salud, igual o peor
La misma comisión también presentó un dictamen que fue aprobado de manera unánime por sus integrantes, en el sentido de que hubo un gran cúmulo de observaciones que merecen ser denunciadas penalmente o castigadas administrativamente. El pleno de los diputados en el Congreso consideró lo contrario y votó 13 votos en contra y 12 a favor del dictamen que debe también ser vuelto a revisar.
“No se pueden hacer milagros. La comisión ya dictaminó. Vamos a volver a dictaminar igual las cuentas”, dijo en entrevista a Norte Digital el diputado Miguel Ángel Colunga, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado.
Algunos de los principales señalamientos que se emitieron fue que hubo licitaciones en compra de medicamentos que se realizaron sin licitación, se pagaron sobreprecios en medicinas, entre otras.
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El dictamen fue enviado al Congreso de la Unión para su análisis y aprobación
