Cobró Duarte derecho de piso

11 diciembre, 2016 | 6:00 am

Samuel García | NorteDigital

A más de 700 empleados les descontaron ‘cuotas voluntarias’, que a lo largo de 6 años le generaron al PRI una derrama de 80 millones de pesos

Foto: Norte

Chihuahua.- A las cuentas del Partido Revolucionario Institucional ingresaron ilegalmente un promedio de un millón 200 mil pesos mensuales a lo largo de cuatro años consecutivos, por las “cuotas voluntarias” que a más de 700 empleados estatales con mandos medios y altos les fueron descontadas.

La secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos, reveló que la dependencia documentó que bajo esta práctica efectuada durante la administración de César Duarte se le entregaron al PRI alrededor de 80 millones de pesos, resultado de las retenciones el 10 por ciento de su compensación salarial.

Ante tal hallazgo, la funcionaria interpuso una denuncia en la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) la semana pasada.

El delito electoral, explicó Olmos, está en pedir la cuota a través de las instituciones públicas, que aunque los empleados accedían voluntariamente, lo primordial del asunto es que eso está prohibido por la ley.

El artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales señala que se impondrá una multa de 200 a 400 veces de salario mínimo y prisión de 2 a 9 años al servidor público que solicite a sus subordinados por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político o coalición.

Eso, enfatizó la funcionaria, representa en sí un delito, haya o no la aceptación del trabajador para otorgar el apoyo, aunque a muchos de ellos se les llegó a decir que se trataba de una aportación para posteriormente obtener ascensos, “pero el hecho de pedir la cuota, marca como tal la conducta irregular o falta”.

El haber recibido el dinero de los empleados estatales podría acarrearle al PRI otras denuncias aparte de las derivadas por la comisión de delitos electorales, ya que como institución aplicarían delitos fiscales y penales, explicó la secretaria de la Función Pública.

En materia de fiscalización habría delito, pues se trata de un recurso que posiblemente no fue registrado ante el Instituto Nacional Electoral porque entró a sus cuentas oficiales ya que siempre fue entregado en efectivo al entonces secretario de Finanzas del comité directivo, Pedro Mauli Romero Chávez.

Pero también podrían haber incurrido en faltas de tipo penal y administrativas, que determinará si tienen ese alcance las autoridades ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En los elementos de prueba que fueron entregados a la Fepade la funcionaria afirmó que existe la evidencia suficiente para ejercer acción penal en contra del exsecretario de Hacienda Jaime Herrera Corral y los hoy extitulares de las direcciones de Recursos Humanos y Administrativa, de la misma dependencia.

Detalló que desde esas áreas se giraron instrucciones y se aplicaron las retenciones, y fue desde Recursos Humanos donde se hacía de manera formal la retención, y de configurarse los delitos el PRI se podría ver obligado a rembolsar el dinero a los afectados.

“Preocupa el mal uso que se dio a las instituciones de Gobierno, cuya función es atender situaciones de tipo social, no hacer alguna actividad a favor de un beneficio político”.

Olmos dijo que la gravedad de este hecho, más que lo que pueda haber incurrido el partido, tiene que ver con los funcionarios públicos, que aprovecharon las instituciones gubernamentales para hacer estas recaudaciones ilegales.

LA RUTA DEL DINERO

El dinero entregado al PRI estatal llegaba en efectivo luego de pasar por todo un proceso administrativo en la Secretaría de Hacienda.

Durante un “cabildeo” previo con los empleados se les entregaban una especie de cartas de conformidad, en las cuales manifestaban su autorización para que se les aplicara el descuento del 5 o 10 por ciento en sus compensaciones, según fuera el caso, como una “aportación voluntaria al PRI”, a depositar en la cuenta de ese órgano político.

En el listado aparecen desde fiscales especializados, ministerios públicos, asesores técnicos, jefes de departamento, supervisores administrativos, peritos profesionales, directores y personal especializado, entre otros.

Aunque se trata de un salario que debe otorgar el área administrativa de cada dependencia, en este caso los descuentos se aplicaban directamente desde Hacienda.

Todo el dinero que se recaudaba mes con mes, un millón 200 mil pesos en promedio, se integraba en un solo cheque que salía dirigido a Gobierno del Estado, y este se cobraba en efectivo y era por medio del Servicio Panamericano de Protección que llegaba al PRI estatal, donde Pedro Maulio Romero firmaba de recibido.

Al llegar en efectivo, el PRI en automático no reportaba estas cantidades para su fiscalización.

Esta práctica, dijo Olmos, puede haber llevado mucho tiempo de realizarse y que legalmente, reiteró, no puede efectuarse, pues el Poder Ejecutivo no puede hacer retenciones, por eso la gravedad del asunto.

Como este, hay aún otros más procedimientos que se analizan y que en su momento, ya con el debido sustento y elementos serán puestos a consideración de las autoridades.

CARTAS DE CONFORMIDAD NO APARECEN

Las supuestas cartas que firmaron funcionarios para que se les hiciera la retención de parte de sus salarios, para “donación” al PRI, no están en poder ni de la Secretaría de Hacienda ni del PRI estatal, quienes se acusan mutuamente de “esconderlas”.

Stefany Olmos indicó que estos documentos que en su momento se hizo llegar a los mandos medios y altos de Gobierno del Estado, para que firmaran de conformidad los descuentos del 10 por ciento a sus compensaciones, “no obran en los archivos de la dependencia”.

“Al parecer se las entregaron al partido, entre las revisiones que hemos hecho, creemos que se pudieron haber filtrado, pero desconocemos el destino de las mismas”, precisó.

Agregó que es posible que, como parte del proceso legal que se inició, el PRI presente estas cartas para acreditar que hubo voluntad de los empleados de entregar parte de su salario, pero esto, consideró, solo confirmará la configuración del delito, pues reiterar el hecho de que fue algo acordado es un decir, porque a los empleados se les condicionaba su permanencia en su puesto a autorizar estos descuentos.

Consultado por su parte, el PRI estatal descartó oficialmente que en su área administrativa haya sido entregada una carta de aval en este sentido, de algún funcionario o exfuncionario público

“No tenemos esas cartas, ellos (Gobierno del Estado) deben tenerlas guardadas, porque pudieron presentarlas como medio de prueba en la denuncia que acaban de presentar, pero no lo hicieron”, dijo el jefe de Comunicación Social, Adrián Alvarado.

EL PRI DEBE ACLARAR QUÉ HIZO CON EL DINERO: PAN

Para el líder estatal del Partido Acción Nacional, Fernando Álvarez Monge, el PRI estatal debe aclarar en qué se utilizó este dinero retenido a sus militantes cuando estaban en el Gobierno, pues las cantidades que recibió rebasan el límite establecido por la ley.

A los partidos políticos cualquier persona puede donar, el problema en este caso, explicó, es que para la donación se usaron recursos públicos y hubo dinero más, lo que a todas luces representa un delito.

En el caso del PAN, por regla un militante debe entregar hasta el 2 por ciento de su percepción al partido, punto ya establecido y regido por la ley, pero si ese porcentaje de todos los ingresos rebasa el tope de las aportaciones, entonces se violan los reglamentos, aun cuando haya consentimiento expreso.

Añadió que si al cumplir con esa obligación algún militante decide aportar una cantidad mayor, se rige entonces bajo otros aspectos, como la aportación ciudadana, sea o no funcionario.

Pero en el caso de la demanda interpuesta por Gobierno del Estado se evidencia que hay un delito en varias formas, por la aportación directa que se hacía desde la Secretaría de Hacienda, pues aquí el tema principal “fue la forma” en que se hizo la transacción, “no el hecho en sí”.

 

PRI VA CONTRA OLMOS

Por la filtración de documentos personales a los medios de comunicación el PRI estatal emprendería acusaciones legales contra la secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos, y en contra el propio Poder Ejecutivo.

La información entregada es de carácter reservado, por lo que se violentó las disposiciones legales por parte de la funcionaria, afirmó el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Guillermo Dowell Delgado.

Subrayó además que los ingresos y egresos del PRI han sido revisados por el INE e IFE y existen documentos que acreditan las cuotas voluntarias de sus militantes, lo que en su caso se acreditará ante las autoridades competentes que lo soliciten, dentro de cualquier proceso legal.

Consideró que se difundió en forma dolosa información que debiera ser reservada, como las supuestas listas y cheques, lo que, aseveró, muestra un interés personal en golpear al PRI.

“Tal es su falta de probidad que inicialmente habló en rueda de prensa a principios de noviembre de 100 millones de pesos, reduciéndolo ahora a $72 millones, sin explicar que pasó con los $38 millones que no salen ahora en su reclamo”.

Expuso que esto demuestra que se trata de una campaña llevada a cabo de mala fe desde el Gobierno, para buscar lesionar mediáticamente al PRI y a sus cuadros.

Por su parte, Fermín Ordóñez, quien durante la administración de César Duarte fungiera como titular del programa social Chihuahua Vive, indicó que un grupo de al menos 250 militantes que fueron despedidos de Gobierno del Estado, preparan una denuncia en contra del propio Gobierno del Estado, tras la filtración de sus datos personales.

Pero además contemplan una respuesta por la vía laboral, toda vez que hay personas que tenían hasta 18 años de trabajar para el Ejecutivo y fueron despedidas sin las respectivas condiciones legales laborales; es decir, sin la respectiva liquidación.

“Hay una violación clara a la ley de protección de datos personales, por lo que pedimos de manera pública que el Instituto Chihuahuense de Acceso a la Transparencia y la Información Pública y la Comisión Estatal de Derechos Humanos actúe en consecuencia, porque es ilegal lo que el Gobierno hace”.

Acusó además al gobernador Corral y a la secretaria Olmos de usar empleados de Gobierno del Estado y recursos del mismo para volcarse en contra de un partido político, con lo que evidencia un interés político, lo que consideró que podría considerarse peculado.

“Las carpetas de investigación que tienen son bofas, sin sustento, todo ha sido mediático. No hay un verdadero tema jurídico, solo busca trascender en los medios nacionales con miras a lograr algo en 2018”, acusó el exlíder del tricolor.

Advirtió que los 250 exfuncionarios iniciaron su asesoría legal a la espera de un arreglo adecuado tras su salida de Gobierno del Estado y quien no consiga acuerdo alguno entonces acudirá ante las autoridades para entablar la debida demanda.

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