Yo no supe nada: Miguel Ángel A.O. culpa a su familia tras estafar a deudos de la Funeraria Del Carmen

Los pasillos de Ciudad Judicial lucen prácticamente vacíos por el periodo vacacional de la mayoría de los empleados, pero este hecho no implica que los procesos para impartir justicia se suspendan.

En la sala 18 de Ciudad Judicial, el juez de Control inicia una audiencia que da seguimiento a uno de los casos más impactantes que conmocionó a la comunidad juarense: el hallazgo de un cadáver en estado de descomposición en las instalaciones de la Funeraria Del Carmen.

El 12 de julio de 2025, una revisión sanitaria de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) desencadenó en el hallazgo del cuerpo en estado de descomposición de José María Iglesias Martínez.

También, en el arresto de Miguel Ángel A.O, quien fue identificado como el propietario de la funeraria y que posteriormente fue vinculado a proceso por el delito de inhumación, exhumación y respeto de cadáveres.

En su audiencia de vinculación a proceso, se pudo entrever parte de esta trama criminal que involucró a la funeraria que operaba como un negocio familiar, ya que los encargados del procesamiento de los cuerpos, así como del servicio al cliente, eran parientes cercanos de Miguel Ángel.

El propio hombre, en su declaración ante el Ministerio Público, lo aseguró, e incluso, como parte de su defensa, intentó hacer ver que quienes habían llevado el cuerpo de José María y se encargaron del procesamiento, eran sus familiares, resaltando que él no estaba enterado.

Roberto Isaac A.A. y Nancy Iveth A.A., son los nombres de las personas que, según Miguel Ángel, trabajaban con él en la funeraria, datos que concuerdan con la carpeta de investigación presentada por el Ministerio Público.

Un asesinato, un funeral y un engaño

La viuda de José María contó al Ministerio Público que la madrugada del 31 de mayo se enteró del asesinato de su pareja en un ataque armado en el que le dispararon en cinco ocasiones en la cabeza, quitándole la vida al instante.

Junto con su suegra, acudió al día siguiente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), para recoger el cuerpo, pero la petición le fue negada ya que aún era necesario realizar la necrocirugía correspondiente.

Mientras eso sucedía, contrataron los servicios de la Funeraria Del Carmen, mismos que fueron ofrecidos por Roberto Isaac, quien les hizo un presupuesto con un costo total de 38 mil pesos, para la realización del sepelio, así como la incineración de los restos.

No hubo problema con el precio, mismo que podían cubrir en abonos, por lo que aceptaron y dieron un primer pago de 15 mil pesos para que los servicios iniciaran lo antes posible.

El 2 de junio, acompañados de Roberto Isaac, fueron a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) a identificar y recoger el cadáver, que fue trasladado a la funeraria, ubicada en el cruce de avenida 16 de Septiembre y calle Níquel.

La despedida y ceremonia religiosa transcurrieron con la mayor normalidad posible, terminando los servicios el 4 de julio, cuando el cuerpo se quedó en la funeraria para trasladado a un crematorio.

Desde el principio, a la familia se le dijo que la incineración se realizaría en El Paso, Texas, y que incluso la pareja del difunto podría acompañar a los empleados de la funeraria para que observaran la cremación.

Los días pasaron y no recibieron noticias, el cuerpo seguía en la funeraria, hasta que el 10 de julio les dijeron que, por supuestas restricciones por el Covid-19, no podían estar presentes al momento de la cremación, pero les aseguraron que ya estaba cruzando la frontera.

El 11 de junio les llamaron de la funeraria para decirles que ya estaban las cenizas listas para ser entregadas.

Al llegar, la familia dio un abono, que dejó su adeudo en 6 mil pesos, cuando les entregaron aquella caja de madera, con una bolsa de plástico lleno de cenizas, les dijeron que cuando terminarán de saldar su cuenta, les entregarían la documentación de José María.

La justificación fue que el acta de defunción tardaba dos meses en tramitarse.

Para el 27 de junio, el nombre de la Funeraria Del Carmen fue señalados por haber dejado cuerpos embalsamados en el crematorio Plenitud, donde se hallaron 386 cuerpos en estado de descomposición.

Las dudas empezaron a surgir en su mente con relación a que si realmente les habían dado las cenizas de su ser querido.

Detalles como que la urna no tenía ninguna identificación, así como que al momento del funeral, la puerta de la funeraria tenía sellos que decían “Suspensión” y que la cremación la hayan realizado en El Paso, comenzaron a tomar importancia.

Fueron a la funeraria a pedir los papeles que autorizaban la cremación. Recordó que Roberto Isaac les dijo que la otra encargada, Nancy, era quien les podía dar dicha documentación, ya que ella se encargaba del traslado de los cuerpos a los crematorios de El Paso.

Posteriormente, se encontraron con ella, quien les entregó tres documentos: el acta de defunción, un oficio que certifica la muerte de José María y uno más en el que supuestamente se autorizaba el traslado del cuerpo a Estados Unidos.

Al cuestionarla sobre los papeles de la cremación, aseguró que había perdido el acceso a su correo electrónico y ya no podía darles los papeles.

Buscando respuestas, llamaron a los crematorios en El Paso y preguntaron a las autoridades migratorias; todas negaron que el cuerpo de José María haya cruzado la frontera.

Incluso, enfatizaron en que no era ni remotamente posible, ya que el hombre no podía cruzar la frontera legalmente si no tenía visa láser, mucho menos su cuerpo.

Como parte de las investigaciones del crematorio Plenitud, la familia presentó su denuncia en contra del personal de la Funeraria Del Carmen, acusándolos de fraude.

Sin embargo, nunca sospecharon que, en realidad, los restos de su ser querido, probablemente nunca abandonaron las instalaciones de la funeraria. 

La confusión de cuerpos y la falta de trámites

Aquel 12 de julio, cuando se estaba realizando la inspección sanitaria de Coespris, una mujer se presentó en las afueras de la funeraria. Dijo ser hermana de Luis Martín Soto Bautista, quien acababa de fallecer y cuyos restos habían sido dejados en la funeraria desde el pasado 24 de junio.

Comentó que personal de la funeraria le llamó para decirle que los restos de su hermano habían sido reclamados, en medio de las diligencias por parte de elementos de la FGE que detuvieron a Miguel Ángel.

Incluso, se mencionó que testimonios de agentes presentes en aquella ocasión, indican que un abogado de apellido Valenzuela se presentó en el lugar llevando la documentación correspondiente al cuerpo, señalando que la persona que estaba en este lugar era Luis Martín.

Sin embargo, las características físicas proporcionadas por la mujer no coincidieron con las del hombre hallado en la funeraria.

Al cotejar los datos en el Semefo, los peritos se percataron, por los tatuajes que había en el cuerpo, que coincidían con José María, cuya necropsia fue realizada en el mismo lugar el pasado 1 de junio.

Dentro de la formulación de imputación, el Ministerio Público presentó diversos oficios en el que se resaltó que la funeraria no realizó ningún trámite relacionado con la tramitación de la acta de defunción, autorización de incineración y mucho menos con el traslado del cuerpo hacia El Paso.

Puntualizaron que se habían falsificado diversos documentos de la FGE, así como del Consulado General de Estados Unidos.

Se enfatizó que hubo un engaño a la familia, ya que la funeraria no podía obtener una autorización para la incineración del cuerpo porque en el estado de Chihuahua está prohibido esté proceso para aquellos que fallecieron de manera violenta.

Tras confirmarse el hallazgo de los restos de José María, la madre terminó por entregar aquella urna de madera al personal de la FGE, ya no había más dudas, esas supuestas cenizas definitivamente no eran las de su hijo.

No salir del país y no acercarse a los testigos del caso

Como medidas cautelares, la representación social pidió al Juez de Control, dado que la prisión preventiva no era opción gracias al amparo interpuesto por el imputado, que se impusiera la presentación obligatoria ante un Juez, el pago de una garantía económica, así como la prohibición de salir del país y no acercarse a los testigos y víctimas relacionadas con el caso.

Lo anterior, bajo el argumento de que había posibilidad de que el sentenciado fuera pudiera sustraerse de la ciudad y, por consiguiente, se impidiera su presentación para las audiencias posteriores.

Por su parte, la defensa del imputado señaló que su representado era un joven con arraigo en esta frontera y que no tenía pensado evadir su responsabilidad ante las autoridades judiciales.

Por lo anterior, el juez dictaminó que si era necesaria la imposición de medidas cautelares que garantizaran la presentación del imputado a las audiencias, por lo que autorizó las medidas cautelares, con excepción de la garantía económica, misma que no fue justificada por el representante de la FGE.

El próximo capítulo de esta historia se escribirá el próximo 30 de julio, fecha en la que las  partes fueron citadas para comparecer en la audiencia de vinculación o no a proceso penal en contra de Roberto Isaac A.A.