Los dos empleados del Instituto Nacional de Migración (INM) acusados por el incendio ocurrido en la estación migratoria de la avenida Lerdo, donde murieron 40 migrantes y 27 más resultaron lesionados, ya se encuentran en libertad condicional.
Se trata del contralmirante retirado del Ejército Mexicano y exdelegado estatal del INM en Chihuahua, Salvador González Guerrero, así como de Rodolfo Collazo de la Torre, agente migratorio de menor rango. Ambos portan un brazalete electrónico como medida cautelar.
González Guerrero, señalado como la máxima autoridad en el estado sobre las estaciones migratorias y a quien presuntamente se le solicitó autorización para abrir las rejas de las celdas, salió del Cereso estatal número 3 el pasado miércoles 10 de septiembre, luego de depositar una fianza de un millón y medio de pesos.
Por su parte, Collazo obtuvo el pasado sábado la libertad condicional, tras una audiencia en la que se autorizó el cambio de medida y se ordenó colocarle un brazalete electrónico. El funcionario no se encontraba en la estación migratoria la noche del siniestro, pues cumplía labores de entrega de menores a un albergue.
La defensa de Collazo señaló que tanto él como su familia viven con alegría, aunque también con nerviosismo y desesperación, tras haber permanecido casi dos años y medio en prisión pese a sostener su inocencia.
El juez le impuso inicialmente una garantía hipotecaria de 1.5 millones de pesos, pero gracias a un amparo la cifra se redujo a un millón. Un familiar cubrió la garantía y además se pagaron 95 mil pesos por el brazalete de monitoreo.
Con esta resolución, ambos enfrentarán el proceso en libertad, mientras continúan las investigaciones sobre la tragedia ocurrida el 27 de marzo de 2023.
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