La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) colabora estrechamente con la Fiscalía General del Estado (FGE) para esclarecer el caso de policías municipales involucrados en el delito de secuestro.
Hay dos agentes preventivos detenidos, acusados de privar de la libertad a personas que llegaron al aeropuerto local, procedentes de la Ciudad de México, pero de acuerdo a los testimonios rendidos por las víctimas ante la autoridad estatal, hay al menos un hombre más involucrado.
César Omar Muñoz Morales, titular de la corporación preventiva, reiteró que no habrá impunidad o protección para nadie.
Dijo que se tiene la instrucción precisa del alcalde Cruz Pérez Cuéllar para que se sancione a quien incurra en falta, delito u omisión.
“La autoridad investigadora los tiene en una investigación que nos pidieron la colaboraron y desde luego vamos a estar colaborando con ellos para que puedan determinar su responsabilidad o no”, aseveró.
Señaló que las indagatorias le corresponden a la FGE, por lo que solamente a la Policía Municipal le toca apoyar.
Sin embargo, aclaró que en cuanto a la corporación preventiva, si se encuentra que algún elemento tuvo una mala acción hacia la comunidad o falla en el desempeño de sus labores, van a ser sancionados.
Según la investigación, el día 9 de mayo del año en curso, aproximadamente a las 18:00 horas, las víctimas arribaron al aeropuerto de Ciudad Juárez procedentes de la Ciudad de México, en donde los esperaba un chofer de la plataforma Uber y al ir circulando por la avenida Sanders, dentro de un estacionamiento, fueron interceptados por tripulantes de una camioneta tipo pick up.
De dicho automotor descendieron dos hombres, uno identificado como Saulo D.G., llevando a las víctimas hasta un domicilio de Ciudad Juárez, en donde fueron recibidos por Juan Manuel R.I., quien les solicitó números telefónicos de sus familiares en Estados Unidos y los amenazó con un arma corta, para posteriormente trasladarlos a diversos domicilios de la Ciudad, en donde los mantuvieron privados de su libertad por 12 días, se añadió.
En ese lapso, las víctimas fueron permanentemente custodiadas, amenazadas y golpeadas por otros participantes, los cuales las obligaban a comunicarse con sus familiares para exigir la cantidad de treinta mil dólares por ambas, agrega el reporte oficial.
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