El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Juárez (Canaco), Iván Pérez Ruiz, acusó a las Sociedad de Autores y Compositores de México de “extorsionar” a negocios de la frontera con cobros por música ambiental.
Puso como ejemplo que la semana pasada la directora del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y un coordinador de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), llegaron a un hotel a tratar de realizar una inspección.
Calificó el hecho como un abuso que, como comercio organizado, no va a permitir, incluso por ese motivo ya se hacen cargo de la defensa legal del afectado a través del área jurídica de la Cámara.
Dijo que estas personas afirman que tienen los derechos de 80 millones de canciones y que les corresponde proteger.
“Con ese argumento están visitando estéticas, restaurantes, bares, entre otros establecimientos, para tratar de cobrar estas cantidades de dinero”, detalló.
El delegado en Juárez de la SACM, Guillermo Lugo Alvídrez, con oficinas en avenida De las Américas 670 interior 30, dijo a Norte Digital que lo que ellos hacen es buscar acuerdos con los negocios y que aquí en Juárez ya tienen convenios con cerca de 400.
Sobre el señalamiento del presidente de Canaco, Lugo Alvídrez dijo que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realiza inspecciones de oficio.
El objetivo -indicó-, es verificar que los establecimientos estén al corriente con el pago de los derechos de autor, ya que esta institución es quien los protege por parte del Gobierno federal.
Incluso dijo que se trata de una regulación que existe desde los años 60 y corresponde aplicarla tanto al IMPI, como al Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).
“Nosotros somos una sociedad de gestión colectiva de interés público, que nos regula esa misma ley, y somos los encargados de recaudar las regalías que por derecho les corresponden a los músicos, ya sea por el lucro directo o indirecto que hagan los establecimientos”, explicó.
Refirió que en Juárez son más de 400 los usuarios que ya tienen un convenio y dijo que el trabajo de su organización consiste en visitar los establecimientos e invitarlos a pagar, entregándoles información jurídica en la que se les explica que se trata de un derecho que tiene rango constitucional.
Se les da oportunidad de que revisen con sus departamentos jurídicos y después se hace una nueva reunión para ver el pago de regalías, que depende del giro del establecimiento, explicó.
Apuntó que la cantidad a pagar depende de varios factores como si se trata de lucro directo o indirecto, el giro del establecimiento y su aforo, si es un hotel, la cantidad de estrellas o habitaciones, etcétera.
La unidad de medida que se usa para el pago se denomina Unidad de Derecho de Autor (UDA) y actualmente está en 310 pesos, detalló.
Por ejemplo, un antro paga por día de funcionamiento dependiendo del número de mesas que tenga, entre dos y cuatro UDA; es decir, entre 620 y mil 440 pesos, apuntó.
Para un restaurante el pago sería de cuatro UDA al mes, en tanto que, para un evento musical gratuito de tipo político, subiría a 50 UDA o más “dependiendo de la cantidad de personas que asistan”, agregó.
En el caso de los conciertos -dijo-, lo que se debe pagar es un seis por ciento de la taquilla.
Lugo Alvídrez planteó que todos los pagos se acuerdan previamente con el establecimiento y todo se hace de manera transparente con facturación y mediante transferencia electrónica y “por ser un pago de derechos, la factura es totalmente deducible de impuestos”, añadió.
Es una extorsión: presidente de Canaco
De acuerdo con el presidente de la Canaco, lo que está haciendo el Gobierno federal a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que dirige Santiago Nieto y la SACM, encuadra más en un acto de extorsión que ellos como empresarios no van a permitir.
“Imagínense un pequeño negocio que pone música en una plataforma digital, para el disfrute de su clientela y que, por ese simple hecho, le quieren cobrar de mil a cincuenta mil pesos mensuales, evidentemente es incongruente”, afirmó Pérez Ruiz.
Acusó que se trata de actos que, más que una solicitud de pago de derechos de autor, “parecen una extorsión”.
Calificó como un hecho inédito que la semana pasada llegara la directora nacional del IMPI acompañada de un representante de la SACM a uno de los hoteles agremiados, a querer hacer una inspección.
“Ya estamos trabajando en la defensa legal de este empresario hotelero y vamos a trabajar en la defensa legal de cada uno de los agremiados que se vean afectados”, advirtió.
Señaló que el “modus operandi” de la SACM, es tratar de amedrentar y asustar a los empresarios con procedimientos administrativos o penales.
“Aquí a la Cámara ya vinieron y dijeron que podían iniciar con esos procedimientos y de manera muy respetuosa, les dijimos que no compartíamos eso y no íbamos a acceder”, refirió.
De acuerdo con Pérez Ruiz, en otros lugares del estado de Chihuahua hay empresarios que ya han firmado convenios, obligándose a pagar de mil a 50 mil pesos.
Es por eso que -dijo- aquí en Juárez, “a cada acción que le hagan a uno de nuestros agremiados, vamos a reaccionar y no nos vamos a dejar”.
Reveló que la misma organización ha ido también a plantas maquiladoras con la misma exigencia y que el tema se planteó por la propia asociación de maquiladoras (Index Juárez) en la reunión del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del lunes.
“Es un insulto al trabajo que hacen todos los empresarios”, remarcó el líder del comercio organizado.
No descartó que, de continuar presentándose la situación, recurran a amparos para protegerse.
Finalmente informó que aparte de un posicionamiento público que firmaron todos los organismos del CCE, excepto la Asociación Nacional de Agentes Aduanales, van a enviar una misiva a la Secretaría de Economía Federal con el respaldo de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco).
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