Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) abrieron un frente contra el Gobierno federal, ante la iniciativa enviada al Congreso de reducir la deducibilidad de impuestos para personas físicas.
Esto implica, principalmente, que las organizaciones civiles en Chihuahua y el resto del país que reciben donaciones en efectivo frenen su acceso a estos recursos.
Sin esta fuente de ingresos se generaría una crisis en la operatividad de dichas organizaciones.
En una conferencia de prensa convocada por legisladores federales se hizo un llamado para externar que trabajarán para impedir la autorización de la reforma.
“Hombro con hombro en un tema en el cual no tendríamos que tener colores; el esfuerzo tendría que ser global”, opinó el diputado del PRI Yericó Abramo Masso.
Durante la apertura de la conferencia, el legislador Rubén Moreira refirió que el combate a las donatarias abre un camino para que más de 9 mil organizaciones de la sociedad civil desaparezcan.
Destacó el papel crucial de estos organismos para complementar el radio de acción de los gobiernos, que no pueden atender a toda la población.
Moreira dijo que las organizaciones apoyan en temas de género, desastres, seguridad, temas educativos, rehabilitación física, drogas y cuidado de la infancia.
Legisladores plantearon como ejemplo a la Cruz Roja, donde esté impedida para recibir donativos.
Asímismo, hablaron de aquellas agrupaciones que atienden a niños con cáncer, quemaduras u otra discapacidad.
“Imagínense a las miles de personas que recurren a los bancos de alimentos, que reciben donativos en especie y en efectivos”, comentó Moreira.
La iniciativa de reforma ha sido cuestionada en lo local por diversos actores políticos de la entidad, como la activista y funcionaria estatal Clara Torres.
“¿Por qué afectar a las ONG?… Imaginémonos un México sin ellas y sólo el gobierno atendiendo las necesidades más dolidas» (sic), escribió en sus redes sociales.
De aprobarse la reglamentación, se retira la posibilidad a los donantes de tener la capacidad de expedición de recibos de deducibilidad.
Gobierno federal afirma que ONG’s le quitan 8 mil millones de pesos
Según expusieron, la medida del Gobierno se fundamenta en que se deja de recibir un total de 8 mil millones de pesos; que deberían ir a las arcas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sin embargo, el activista David Ruffo aseveró que únicamente el 35 por ciento de estos recursos es dinero fresco para las arcas federales; catalogó la medida como errónea.
El diputado federal Yericó Abramo Masso expuso que, junto con la iniciativa que se discutirá mañana, se afectarán además 2 millones de empleos de personas que empujan el trabajo de las ONG’s.
Dijo que estas organizaciones aportan el 1.3 por ciento del Producto Interno Bruto nacional.
La legisladora Ana Lilia Herrera catalogó la medida del Gobierno federal como un atentado ante el temor de la capacidad de movilización social y empuje de las miles de organizaciones de la sociedad civil.
Reiteró que la federación debería impulsar los esfuerzos de filantropía, ya que éstas organizaciones aportan socialmente más de lo que reciben.
“No se dimensiona el impacto”: Red de Derechos por la Infancia
Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red de los Derechos por la Infancia, refirió que en México casi el 70 por ciento de las organizaciones son donatarias autorizadas.
Dejó entrever que previamente se lanzó una circular en la que el Gobierno de López Obrador retiraba apoyos a las organizaciones sociales; la iniciativa vendría a sepultar la capacidad de trabajo de las mismas.
Dijo que el 12 por ciento de las organizaciones sociales en el país están a punto de bajar la cortina.
“Tendrá efectos negativos; no se dimensiona el impacto” opinó.
Relató que, en México, el 29.6 por ciento de las organizaciones donatarias centran su trabajo en el apoyo a la infancia.
De esta manera, la reforma no privilegia el interés superior de la niñez, consagrado constitucionalmente.
Estas organizaciones, externó, acaparan funciones que el Estado mexicano no está cumpliendo.
Por su parte, Norma Aceves; legisladora federal, dijo que el Gobierno acorraló a la Federación, catalogando a las ONG’s como “intermediarias de la corrupción” y son presas de terrorismo financiero.
Reiteró que unas 5 mil agrupaciones en el país apoyan a personas con discapacidad, por lo que si retiraran el apoyo como donatarias, se recurrirá a denunciar ante la convención de los derechos internacionales y ante la ONU.
Reiteró que el PRI defenderá con todas sus fuerzas el tema ya que, “reconocemos sus aportaciones para un país incluyente y solidario”.
El activista Kenji López dijo que, desde el año 2019, el Gobierno se negó a respaldar a las organizaciones sociales y, con la pandemia, en México y el mundo bajó el índice donativos.
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