Las detonaciones con dinamita que realiza el gobierno de Estados Unidos para ampliar el muro fronterizo en los alrededores del cerro de Cristo Rey, en la zona de Anapra, representan un riesgo directo para el patrimonio fósil de la región, tanto del lado estadounidense como del mexicano.
Ante ello, autoridades federales como el INAH, la Semarnat y la Profepa cuentan con facultades legales para intervenir y deberían frenar las obras hasta contar con estudios de impacto, advirtió Yuli Samantha Rodríguez Arias, coordinadora de Proyectos Ambientales de la asociación civil Ecología Con-Ciencia.
La ingeniera ambiental explicó que Ciudad Juárez se localiza dentro de la provincia geológica conocida como Sierras y Llanuras del Norte, formada por rocas sedimentarias marinas del periodo Cretácico, lo que convierte a la región en una zona rica en fósiles.
Recordó que desde 1986, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene bajo su jurisdicción todos los fósiles, al ser considerados patrimonio natural y cultural de la nación.
Rodríguez Arias citó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que en su artículo 5, fracción XIV, establece como facultad federal la regulación de las actividades relacionadas con la exploración y aprovechamiento del subsuelo, en lo relativo a los efectos que estas puedan generar sobre el equilibrio ecológico y el medio ambiente.
En ese sentido, sostuvo que el INAH tiene atribuciones legales para actuar, ya que es el organismo responsable de la protección de fósiles y zonas paleontológicas, aunque hasta ahora no se ha observado una intervención directa.
Como referencia, explicó que cuando se construye un relleno sanitario, el INAH impide que se realice cerca de zonas paleontológicas, debido al riesgo de dañar o destruir material relevante para la investigación científica y el patrimonio nacional, una preocupación que se vuelve mayor cuando se emplean explosivos.
La especialista añadió que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) también tiene la facultad de detener obras por daño ecológico y de exigir estudios de impacto ambiental que permitan garantizar la protección del entorno.
A estas dependencias se suma la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que, dijo, está obligada a cumplir su función de vigilancia e inspección ambiental para verificar que las actividades se desarrollen conforme a la ley.
Respecto a las detonaciones en la Sierra de Muleros, en las inmediaciones de Cristo Rey, Rodríguez Arias explicó que la profundidad del muro no es información pública; sin embargo, el tipo de explosiones observadas sugiere una excavación superficial, posiblemente menor a tres metros.
Aun así, advirtió que incluso trabajos de esa magnitud provocan afectaciones graves al suelo. “En los primeros 30 centímetros se encuentra el suelo fértil, la materia orgánica y una gran cantidad de microorganismos e invertebrados. Al destruirlo, se incrementa la erosión y se reduce la capacidad de regeneración vegetal”, explicó.
Entre los 30 centímetros y los dos metros, añadió, el impacto es directo sobre la vegetación, ya que a esa profundidad se localizan las raíces que buscan humedad; su pérdida genera inestabilidad en el terreno.
Finalmente, señaló que entre uno y tres metros de profundidad, dependiendo de la zona, es posible encontrar fragmentos de la roca madre, lo que refuerza la necesidad de proteger estas capas del suelo frente a obras que implican detonaciones y movimientos de tierra.
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