La explotación ilegal de pozos agrícolas en Juárez y Samalayuca exige una intervención específica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), antes que otorgar facultades adicionales a otras dependencias.
Esto en opinión del especialista en temas ambientales de la UACJ, Jorge Salas Plata, quien expresó desacuerdos con lo expuesto por Mario Mata, titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS).
En días pasados, Mata Carrasco manifestó a Norte Digital que la JCAS está en espera de ampliar el convenio marco firmado en 2020 con la Conagua; esto para que personal de la JMAS pueda tener facultades de inspección y regularización de pozos, acciones que sólo pueden realizar inspectores de la Conagua.
Ciudar el acuífero
Según el funcionario, esto serviría para obviar tiempos y eficientizar las acciones tendientes a reducir el riesgo de abatimiento del acuífero en un futuro cercano.
Para Salas Plata en cambio, se trata de una maniobra para tener facultades que le permitan al estado intervenir para seguir otorgando concesiones a su discreción.
“Me genera mucha incertidumbre en la realidad, porque yo veo que el Gobierno del Estado quiere intervenir para ellos también otorgar concesiones, y no tanto para evitar daños al acuífero”, manifestó.
En opinión del académico, el problema real es que el acuífero ya está altamente abatido, y lo importante, antes que nada, es detener este proceso.
“No se trata de firmar convenios marco, sino de que la Conagua juegue su papel nada más”, dijo.
No más concesiones
Salas expresó que hay lineamientos muy claros en la ley para la agricultura y el consumo doméstico, señalando que lo primero es no permitir más concesiones.
“Menos permitirse que otras instancias, llámese Municipio o Gobierno del Estado, también puedan intervenir porque lo que quieren estas instancias es dar más concesiones”, señaló.
Descalificó el argumento esgrimido por el titular de la JCAS destacando que lo que debe hacer la Conagua es frenar el otorgamiento de más concesiones.
“Lo importante es que la Conagua tenga vigilancia, suspenda todas las extracciones fuera de orden y haga todo lo posible por estabilizar el acuífero”, enumeró.
Planteó que la JCAS podría contribuir no controlando, sino mediando con otras instancias estatales para frenar la desmedida urbanización existente actualmente en Samalayuca.
“No es que estemos en contra de los balnearios o de que la gente pueda tener un predio o derecho al esparcimiento en esa zona; el problema es que el Gobierno del Estado está obligado a hacer una planeación para buscar regiones donde esto no comprometa los recursos hídricos”, acotó.
Esto, en lugar de seguir promoviendo opciones de urbanización y más desarrollos donde ya está comprometida la disposición de recursos como el agua.
La fragilidad de Samalayuca
“He escuchado declaraciones de habitantes de Samalayuca donde señalan que tienen días en que no tienen disposición de agua. Más bien es eso, Samalayuca ya no permite más este tipo de acciones económicas y la incorporación de otros sectores económicos a su dinámica. Porque es un ecosistema muy frágil, con un acuífero en veda desde el siglo pasado y lo mejor es dejar esa comunidad como está”, indicó.
Destacó la necesidad de una planificación muy cuidadosa, que tome en cuenta la capacidad de sus recursos naturales antes de detonar mayor expansión y crecimiento.
“Lo que Gobierno del Estado debe hacer es una planeación desde las más altas esferas, en coordinación con los gobiernos federal y municipal; entrar en una dinámica de crecimiento planificado no de crecimiento desmedido que provoca grandes dificultades en la disposición de recursos como el agua”, destacó.
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