El juez se excedió en sus facultades pidiendo una reparación del daño de 20 millones de pesos que no es exigible de momento. Es una vacilada, opinó el abogado Jorge Vázquez Campbell sobre la fianza impuesta a uno de los acusados de la muerte de 40 migrantes el anterior 27 de marzo en el edificio del Instituto Nacional de Migración.
El abogado consideró que esa medida y alargar y posponer hasta febrero el proceso legal contra otros acusados en el caso son parte de las medidas que el Gobierno ha utilizado para perjudicar a los enjuiciados.
La semana pasada el juez de control Juan José Chávez Montes eliminó la vinculación preveniva oficiosa que existía en contra del coordinador del Grupo Beta Juan Carlos Meza, uno de los acusados de la muerte de 40 migrantes detenidos en la estación provisional que se incendió el pasado 27 de marzo en el edificio del Instituto Nacional de Migración a un lado del puente internacional Paso del Norte en la Avenida Juárez.
La eliminación de la vinculación significaría que el acusado pudiera llevar su proceso en libertad, lo cual no podrá ser debido a que el juez impuso una fianza de 20 millones de pesos, demasiado alta para ser pagada y poder así dejarlo en libertad.
Jorge Vázquez Campbell, abogado defensor de otros de los acusados, dijo que se debe depositar un 10 por ciento del total de la fianza, 2 millones de pesos, más una garantía con valor de 20 millones de pesos de respaldo, lo cual consideró una cantidad imposible de cubrir por el detenido.
Manifestó que aunque Meza tuviera esa cantidad, el dinero no podría utilizarse para reparar el daño, lo cual dijo equivaldría a violar la presunción de inocencia del coordinador del Grupo Beta.
Tras un juicio de amparo interpuesto en abril, el 8 de noviembre la jueza federal claudia López López emitió una resolución con la que se instruyó al juez de control para que dejara sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra del coordinador del Grupo Beta, medida que entró en efecto el pasado 9 de noviembre.
“Es indeterminado. No saben cuánto se tiene que pagar. El juez no tiene una base para fijar los 20 millones de pesos y la ley no habla de que se tenga que pagar la reparación del daño para lograr la libertad. La fianza es para que se presente a juicio. No es para reparar el daño porque lo estarían prejuzgando como que ya es culpable. El pago del daño no se puede exigir a un inocente”, sostuvo el litigante.
“El juez se excedió en sus facultades pidiendo una reparación del daño que no es exigible de momento. Fue una vacilada”, consideró Vázquez Campbell
Respecto a sus defendidos Jason, el venezolano acusado de haber iniciado el incendio de las instalaciones del INM, y otros cuatro agentes de la dependencia también acusados como responsables del fatal desenlace, dijo que su juicio estaba suspendido hasta el mes de enero o febrero próximos.
“Los abogados de unas víctimas pidieron la suspensión para meter ellos más pruebas. Nos suspendieron a todos el juicio, pero eso no es más que una maniobra del gobierno para lastimar a los detenidos. Es un acto de abuso, porque ni siquiera es venganza”, consideró el abogado Vázquez Campbell.
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