Crematorio del horror
ITZEL RAMÍREZ / CONTEXTO PARA NORTE DIGITAL
Fátima Guadalupe López tenía 18 años cuando, en diciembre de 2020, fue secuestrada y asesinada junto a su novio por cinco policías estatales en Ciudad Juárez, según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
Ella fue una de las 171 mujeres asesinadas en la localidad durante ese año, y aunque casi ocho meses después, en agosto de 2021, en esta ciudad se decretó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), un mecanismo que busca frenar y erradicar la violencia feminicida, al menos 585 han sido asesinadas desde entonces.
La medida –que también se activó en la ciudad de Chihuahua, Cuauhtémoc, Guadalupe y Calvo y Parral– no ha podido reducir la incidencia de asesinatos de mujeres ni de feminicidios, y tampoco ha mejorado el acceso a la justicia.
La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), encargada del caso, está absolutamente rebasada. De acuerdo con activistas y organizaciones defensoras de mujeres, cada uno de sus agentes del Ministerio Público tiene cerca de 800 carpetas de investigación por diversos delitos, lo que hace imposible la procuración de justicia.
Por esa razón, consideran, a casi cinco años del asesinato de Fátima Guadalupe, que no existe una sola persona procesada por el feminicidio.
"Ahorita ya no hay nada (de seguimiento al caso). No sé ni cómo calificarlo, es una total desatención", cuenta en entrevista un familiar de Fátima Guadalupe, quien pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, ya que los asesinos de la joven siguen libres.
En Ciudad Juárez, la violencia contra las mujeres persiste, al igual que los obstáculos en el acceso a la justicia. El año pasado sumaron 106 homicidios dolosos de mujeres y 25 feminicidios. Este año van 44 asesinatos hasta el 25 de junio, de acuerdo con datos de la Fiscalía.
Joselyn Guzmán, vocera de la FEM, no respondió a la solicitud de entrevista con la fiscal Wendy Chávez ni a las preguntas elaboradas para este reportaje.
Los feminicidios, las cifras
Los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que los casos de feminicidio, es decir, homicidios por razones de género, han aumentado en Juárez y Chihuahua, los dos municipios a nivel estatal con mayor incidencia de ese delito, desde que se decretó la alerta.
En 2021 se cometieron en los cinco municipios de la Alerta en Chihuahua 36 feminicidios, que llegaron a 40 en 2023 y a 38 en 2024. En los primeros cinco meses de este año ya se han registrado 12 casos de feminicidio, indican datos oficiales.
En toda la entidad, la tendencia también es al alza, con 44 feminicidios para 2021 y 47 en 2023, así como en 2024.
Además, Juárez y Chihuahua, que son también los municipios de mayor población en el estado, se mantienen entre los que registran más feminicidios por cada 100 mil mujeres, como se observa en los datos del Informe sobre la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los procedimientos de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, del cuarto trimestre del 2024.
Pese a no lograr la disminución de la incidencia delictiva por feminicidio, las AVGM obligan a tener una coordinación institucional que de otra manera no existiría para el abordaje de la violencia sistemática contra las mujeres, coincidieron activistas y especialistas consultadas.
Y es que, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuando se decreta en la AVGM, los Gobiernos federal, estatal y municipal, así como los poderes Legislativo y Ejecutivo –tanto nacionales como de la entidad correspondiente– deben "instrumentar las medidas presupuestales y administrativas necesarias y suficientes de carácter extraordinario" para atender el mecanismo. Esta construcción convierte a la alerta en una figura única en su tipo a nivel mundial.
Si la AVGM no avanza en sus resultados es porque no hay suficiente disposición de las autoridades que participan en ella, apunta Martha González Rentería, representante del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora.
“Es un mecanismo que a la hora de echarlo a andar sí resulta, pero luego se complican las cosas, hay poco interés. Las alertas sí sirven,lo que no ha funcionado es esta obligación que tienen las autoridades y eso se traduce en que vemos que estas alertas son funcionales, pero los delitos siguen y siguen”, considera González, invitada permanente de la AVGM en Chihuahua
Para Andrea Medina, académica integrante del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) de la alerta de Chihuahua, se debe diferenciar entre el instrumento legal y la operación que de él hacen las autoridades.
"Hay que distinguir, por un lado, lo que está en la norma y, otro, es cómo se ha operado. Es real que, si lo vemos estrictamente, no se ha reducido la violencia en los ejes que se buscan; sin embargo, la alerta sí ha permitido avanzar en ciertos elementos que son fundamentales para tener información, generar coordinación, ya sea entre los órganos de Gobierno o distintas instancias, y, en algunos casos, no perder cosas que se podrían perder", indica Medina.
Un investigador para más de 800 casos
De 2021 a 2024, el Gobierno federal, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), ha destinado poco más de 19.5 millones de pesos como subsidio para proyectos encaminados a atender la AVGM.
Hasta antes de su extinción en enero de 2025, la CONAVIM emitía cada año una convocatoria para que los Gobiernos estatales donde hubiera AVGM inscribieran proyectos específicos para financiamiento.
En el caso de Chihuahua, desde 2021 la entidad recibió cinco millones de pesos; para 2022 logró la aprobación de dos proyectos, el AVGM/CHIH/AC2/ICHM/01 y el AVGM/CHIH/AC1/FGE27, cada uno con un subsidio de tres millones 234 mil 800 pesos.
El primero, a cargo del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, tenía como fin acercar los programas del organismo a centros de trabajo en Chihuahua y Juárez; mientras que el segundo fue ejecutado por la Fiscalía General del Estado y se destinó a la contratación de personal especializado para combatir el rezago en carpetas de investigación de feminicidio, violación y abuso sexual, violencia familiar y otros delitos contra las mujeres.
La carga de trabajo de la FEM es justamente uno de los principales problemas del acceso a la justicia, de acuerdo con Lydia Cordero, directora de la organización Casa Amiga.
“Una agente del MP puede llevar de 800 a mil carpetas de investigación simultáneamente; eso no da capacidad ni técnica, ni humana.
Muchas veces las carpetas se cierran porque se terminaron ciertos tiempos donde tenían que integrarse ciertos elementos, y una carpeta con pocos elementos debilita el proceso. Por eso muchos casos terminan en impunidad, y lo más grave de eso es que termina siendo un mensaje social que se traduce en que, aunque haya una denuncia, no va a pasar nada”, explica Cordero, directora de Casa Amiga.
La Fiscalía de la Mujer, continúa la activista, tiene una carga de trabajo que no corresponde con su capacidad para desahogar las investigaciones, peritajes ni otros procesos que son el primer peldaño para que las mujeres accedan a la justicia.
Pese a la carga de trabajo, que incluye el tratamiento de delitos de violencia familiar –el de mayor incidencia en la entidad–, la FEM tenía 203 agentes del Ministerio Público, mientras que la Fiscalía Zona Centro contaba con 312 agentes y la Fiscalía Zona Norte con 323, según datos de la Fiscalía General del Estado en respuesta a la solicitud de información número 080139723001446.
Cada año, y solamente por violencia familiar, la FEM abre más de siete mil carpetas de investigación, a las que hay que sumar otros delitos cometidos por género, de acuerdo con datos de la solicitud 080139724000488 de junio de 2024.
Pasados casi cinco años del asesinato de Fátima Guadalupe, pareciera que la FEM ya se olvidó del caso, afirma uno de los familiares de la víctima.
"En un principio yo pensé que todo se estaba haciendo bien, en regla, las investigaciones, los careos, la atención. Pero también considero que, después de tanto tiempo, pues como que ya lo dejaron pasar, por decirlo así. Si yo no asisto a preguntar, no tengo ninguna atención por parte de FEM ni de (Fiscalía) Zona Norte, o sea, de nada. Yo no sé ni cómo calificarlo, es una total desatención", confía la persona de la que se resguarda su nombre por seguridad.
Cuando una sola persona es responsable de tanto trabajo, es impensable que haya espacio para talleres, cursos o cualquier otra modalidad para la capacitación y el fortalecimiento de capacidades, dice Lydia Cordero, de Casa Amiga.
"¿A qué hora fortaleces capacidades si todo el tiempo están trabajando para sacar estas carpetas?", cuestiona la especialista.
Para 2023 se destinaron dos millones 680 mil 306 pesos para el proyecto AVGM/CHIH/AC02/ICHM/052, dedicado a la contratación de personal eventual para el Instituto Chihuahuense de las Mujeres para brindar atención de primer contacto a mujeres en situación de violencia, y otros tres millones de pesos para el proyecto AVGM/CHIH/AC04/FGE/096, también para la FEM, para abatir el rezago en las carpetas de investigación.
Ya para 2024, el único proyecto de la AVGM Chihuahua que recibió recursos federales fue el AVGM/CHIH/AC02/SESP/095, enfocado en "reeducar agresores de mujeres a través de una estrategia psicopedagógica y artística con bases que provoquen en la población destinataria procesos de reflexión, toma de conciencia, habilidades y conocimientos para evitar nuevos ejercicios de violencia contra las mujeres, y con ello fomentar una cultura de la no violencia para reafirmar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia", con un monto de dos millones 200 mil pesos.
La convocatoria de 2025 aún no ha publicado los resultados del proceso de selección de proyectos, además de que se trata del primer año en que la CONAVIM (extinta en enero pasado) ya no es la institución rectora del proceso.
Tras la desaparición de esa instancia, es ahora la Dirección General de Políticas de Acceso a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres el área encargada de supervisar el cumplimiento de las alertas.
El informe sombra "Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres: ni armonización ni coordinación", elaborado por la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (AGCVIM), la Red Nacional de Alertistas (RNA), la Red Feminista Sonorense, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM (CUDH-UNAM) y la Federación Mexicana de Universitarias FEMU AC, se pronunció también sobre la debilidad de la capacidad de las fiscalías en Chihuahua.
"Con base en una breve revisión de los informes de Chihuahua, destacaron la precariedad en los servicios de procuración de justicia, como la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) y los Centros de Atención a la Violencia contra las Mujeres (CAVIM), cuyas capacidades materiales y humanas son limitadas", apuntó el informe realizado a propósito del X Informe de México ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Desinterés a todos los niveles
Desde 2013 y hasta 2025 se han emitido 26 declaratorias de AVGM en 23 entidades federativas, cada una con grupos de trabajo y acciones de coordinación diferentes, aunque encaminadas a la erradicación de la violencia contra las mujeres.
En Chihuahua, por ejemplo, una de las características más trascendentales es que el seguimiento de la alerta se ligó a los indicadores de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Belém do Pará, un tratado internacional del sistema interamericano de justicia, con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia.
Sin embargo, y aunque la base de las AVGM es el trabajo entre órdenes y niveles de Gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a nivel federal, estatal y municipal), un rasgo común ha sido justamente la falta de disposición entre las diferentes instancias.
"La AVGM no garantiza ni la armonización ni la coordinación en los tres planos de Gobierno", sentencia el informe sombra.
Según el documento, "en la práctica no se observa la ejecución" de los programas estatales y municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que deben ser elaborados por los sistemas estatales y municipales de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Para el caso de Chihuahua, por ejemplo, las omisiones y la falta de atención a los trabajos de la AVGM se han dado en todos los niveles.
El Dictamen del GIM sobre el Seguimiento de la AVGM de Chihuahua para el periodo de agosto 2021 a enero 2023 indica que hasta la revisión (octubre de 2024), no se había concretado ningún plan estratégico para el cumplimiento de la alerta.
Del trabajo de 24 sesiones ordinarias del GIM en esos meses se establecieron 51 medidas de prevención, seguridad, justicia y reparación del daño.
"A pesar de la cercanía e intenso trabajo, en este periodo ninguna de las medidas logró su cumplimiento. En muchas medidas sí se logró iniciar el proceso para posteriormente, si se continúa el trabajo, se puedan evaluar como cumplidas", precisa el informe.
Igualmente, el informe señala que todos los órdenes y niveles han tenido omisiones, pero que estas han sido más graves en el caso de la administración pública federal.
"Destaca la ausencia de seguimiento con el orden federal, en especial, con el Poder Judicial de la Federación, con quienes, hasta la fecha de publicación de este dictamen, no se ha reportado ningún acercamiento formal", advierte el documento.
Martha González Rentería, del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, también habló sobre la falta de avance en los municipios, que constituyen el primer nivel de atención en muchos casos de violencia contra las mujeres.
"Hablando concretamente de los municipios, estamos muy mal, yo creo que el único que le da seguimiento al pie es en Juárez, porque en los demás, toda la visión es de corte de familia, pero no enfocada a los objetivos de detener la violencia contra las mujeres", comenta.
El informe del GIM demuestra que Guadalupe y Calvo no registró ningún avance de cumplimiento en las medidas que le corresponden a los municipios, mientras que Parral apenas logró avance en uno de los rubros.
Igualmente, según González Rentería, invitada permanente de la Alerta en Chihuahua, ha habido pocos acercamientos con el Gobierno del Estado debido a que la mesa de trabajo instalada para su seguimiento dejó de funcionar.
"No nos hemos vuelto a sentar en el tema de la alerta", agrega.
Ante la falta de acercamiento, asegura la especialista, es muy difícil atender problemas como el retraso en el inicio de actividades de casas de emergencia en Chihuahua y Juárez, que tienen presupuesto ya autorizado, o la falta de capacitación del personal del Centro de Justicia para las Mujeres de Cuauhtémoc.
"Hemos tenido reportes en el CEJUM de Cuauhtémoc de mujeres que deciden poner la denuncia, pero desde ahí mismo se le avisa al agresor que ellas fueron", ejemplifica.
Además, el mecanismo de las alertas se enfrenta a la incertidumbre del cambio en la administración pública federal, pues la extinción de la CONAVIM ha hecho mella en la coordinación de los trabajos.
De acuerdo con Andrea Medina, especialista que integra el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) de la alerta de Chihuahua, desde que la Secretaría de las Mujeres tomó las funciones de CONAVIM, no ha habido una sola reunión con el GIM para continuar con los trabajos en Chihuahua.
"Hemos señalado que cada cambio en las instituciones afecta el proceso, tenemos pendiente una reunión con la Secretaría de las Mujeres, de la que seguimos sin tener fecha. Si no nos citan porque desaparecieron la instancia, ese no es problema de la figura, de la alerta, sino que es problema de esta administración", agrega la académica Medina.
EL MURAL DE LAS VOCES
“No nos hemos vuelto a sentar en el tema de la alerta.”
— Martha González Rentería, Centro de Atención a la Mujer Trabajadora“Sí hay un riesgo de perder las alertas.”
— Andrea Medina, integrante del GIM“Para nada hay justicia.”
— Familiar de Fátima Guadalupe“Muy pocas veces somos consultadas sobre qué hacer y cómo hacerlo.”
— Lydia Cordero, directora de Casa AmigaLa experta advierte además, del riesgo de que se decida desde el Gobierno federal desaparecer el modelo de las alertas de género, como se ha hecho con otros instrumentos.
"Sí, hay un riesgo de perder las alertas. Se ha dicho en la administración actual, que no sirven, pero hay que revisar qué es lo que no sirve. si es jurídicamente, o lo que no funciona es quién la está operando. Si nos quitan la alerta, si de por sí es difícil coordinarnos, va a ser más difícil", argumenta.
El cierre de CONAVIM, indica Lydia Cordero, activista y directora de Casa Amiga, no solo impactó en el seguimiento de la alerta, sino en el trabajo que ya existía en Juárez para abordar la problemática de la trata, feminicidio y otros delitos de la violencia sistemática cometida contra las mujeres.
"También vemos con mucha preocupación cómo el tema de sociedad civil especializada no se ha tomado con seriedad desde lo federal. Hemos venido haciendo ese trabajo por muchos años y muy pocas veces somos consultadas en cuanto a cómo y qué hay que hacer y cómo hacerlo, y eso necesariamente genera más retraso", menciona Cordero.
Mientras falla la coordinación, el diseño de mejores presupuestos y el seguimiento a la AVGM, también avanza la incertidumbre en el caso de Fátima Guadalupe.
Al día de hoy, sin ninguna sentencia por el asesinato, lo más que ha conseguido la familia de la joven fue que por tres meses les dieran unos botones de pánico para que, en caso de percibir algún peligro, fueran auxiliados por la Policía.
"Hablé con la fiscal Wendy (Chávez, titular de la FEM) y le dije que yo temía por mí, por mi familia, y nos pusieron seguridad, pero fue nada más temporal. Cuando retiran los dispositivos no nos mencionan nada. Sí les cuestioné si me iban a dar más meses con ellos y me dijeron 'yo desconozco la información. A mí solamente me solicitan que retire los dispositivos y es lo que yo tengo que hacer. Si usted requiere información, pues contáctese con la persona con la que se los autorizó'", relata el familiar de Fátima Guadalupe.
Para su caso, los presupuestos, las medidas de cumplimiento o las convenciones internacionales, siguen solo en el papel.
"Para nada hay justicia", sentencia.
