Tragedia en el INM: El infierno que marcó la historia de Juárez

La historia de Juárez ha quedado marcada tras el incendio intencional registrado en la estación migratoria del puente Lerdo, donde estaban encerrados bajo llave 68 extranjeros el pasado 27 de marzo.

El saldo de la tragedia fue de 40 migrantes muertos, 27 lesionados y uno ileso; este último un venezolano al que acusan de haber iniciado el fuego que convirtió la celda en un horno crematorio.

Este jueves 27 de abril se cumple un mes de tal acontecimiento y el interés local, nacional e internacional no cesa, porque el percance mortal ha destapado una red de corrupción y negligencia que habría culminado en la mayor tragedia humana ocurrida en la historia moderna del municipio de Juárez y de las migraciones.

Al momento permanecen siete personas detenidas en el Cereso local por este caso, sometidas a proceso, mientras uno más se encuentra vinculado a proceso en libertad y otro más, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) Francisco Garduño, empezando a ser juzgado y en espera de que lo puedan vincular a proceso también el próximo 30 de abril.

Éxodo y destierro por Juárez

La muerte masiva de 40 migrantes, tiene como contexto el fenómeno migratorio que impacta a todo México y en particular a la zona norte que hace frontera con Estados Unidos.

De acuerdo a la investigadora del Colegio de la Frontera Norte (Colef), María Inés Barrios de la O, las cifras de personas que buscan llegar al país de los dólares se ha incrementado de forma alarmante y se sabe por algunas cifras que brindan autoridades tanto de México como de Estados Unidos.

Diez años atrás, entre 2013 y 2015, el número de personas que solicitaban refugio a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), no rebasaba las 5 mil personas anuales, mientras en el 2021 se llegó a 120 mil y en el 2022 a 118 mil. El salto fue de 5 a mil a 120 mil. Buena parte de esos migrantes han llegado hasta Ciudad Juárez.

Otro dato revelador es el de las deportaciones desde Estados Unidos a México a través del Título 42, donde se encontró que desde marzo de 2020 que inició el programa, a enero de este 2023, van más de 2.8 millones de expulsiones.

En el sector de El Paso cerca del 42 por ciento de las expulsiones han sido por dicha zona, explicó.

Sobre las detenciones de venezolanos que ha realizado la Patrulla Fronteriza en la frontera con México en su mayor auge de los últimos meses, señaló que cerca del 80 por ciento han sido en el sector de El Paso.

El 90 por ciento de las expulsiones de nicaragüenses bajo el Título 42, fue igualmente por el sector de El Paso.

Así que en esta frontera de Juárez con El Paso, unos llegan del sur y otros del norte, convirtiendo a las calles en flujos de migrantes que se desplazan en distintas direcciones.

Los que llegan del sur son miles por semana, la mayoría de los cuales arriban a bordo del ferrocarril.

Por eso la gobernadora María Eugenia Campos, calcula que cada día permanecen en la ciudad entre 30 y 35 mil migrantes y “urge al Gobierno federal que los frene”.

Redada que terminó en un infierno

El 27 de octubre del 2022 se instaló un campamento migrante a la altura de la colonia Bellavista en Juárez y este fue desalojado por autoridades la mañana del domingo 27 de noviembre.

El 20 de diciembre la crisis migratoria tomó otro giro, con el sellado de la frontera que realizó la Guardia Nacional de Texas, al instalar alambre de púas, soldados armados y tanquetas por uno de los principales puntos de acceso que tenían los migrantes en el 2022 por El Paso.

El 6 de enero de 2023, acudió a Ciudad Juárez el comisionado del INM, Francisco Garduño, con 200 agentes, para arrancar un operativo para inhibir la presencia de migrantes junto al río en el lado mexicano.

Dos días después, el 8 de enero, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó El Paso, Texas, para supervisar el trabajo de los agentes migratorios de su país, con lo cual quedó la idea de que Garduño vino a realizar el trabajo necesario para complacer a dicho Gobierno extranjero.

El 18 de febrero de 2023 se presentó nuevamente el comisionado Garduño en Juárez, donde formó a 360 agentes del INM en la Plaza de la Mexicanidad, en las inmediaciones del río Bravo, para exhortarlos a realizar vigilancia en Ciudad Juárez y llevar a los extranjeros indocumentados a supuestas zonas seguras.

Se refirió en todo momento a que se realizaría un “rescate” de migrantes para llevarlos a “albergues”, cuando en realidad se estaba refiriendo a la estación migratoria que días después se convertiría en un infierno y que ya lo era para muchos desde antes, debido a los diversos abusos cometidos por guardias privados y agentes migratorios.

Les cerraron el candado y los condenaron a muerte

Fue el 27 de marzo de este 2023, cuando el INM encabezó un operativo para literalmente detener a migrantes en las calles de Ciudad Juárez, lo cual se observó en videos difundidos ese mismo día. Principalmente actuaron en cruceros viales, donde migrantes acostumbraban limpiar vidrios y pedir dinero a los automovilistas.

En contra de su voluntad fueron llevados mujeres y hombres durante la tarde. En una celda colocaron a 15 mujeres y en otra a 68 varones. Todos extranjeros.

De acuerdo a una resolución judicial utilizada por el juez Juan José Chávez Montes, la estación provisional migratoria del puente Lerdo era utilizada como una cárcel.

Al momento de girar órdenes de aprehensión, se estableció con base en peritajes y pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que el inmueble del INM, ubicado entre avenida Heroico Colegio Militar y calle General Rivas Guillén, no contaba con equipo ni protocolos para apagar incendios, donde además no había agua potable.

La FGR estableció que cuatro extintores existentes “se encontraban obstruidos por mochilas y muebles del personal de Migración y en consecuencia fuera del alcance para el resguardo del personal de seguridad y custodia. Además, no contaban con un croquis del centro de trabajo con la distribución de equipos contra incendio y medios de detección”.

Además concluyó que los 68 migrantes estaban “encerrados con candado por órdenes de personal de Migración”.

Refirieron que dichas omisiones “provocaron que durante el día se generaran inconformidades, por lo que entre las 20:30 y las 21:50 horas (del 27 de marzo), en el interior de la estancia, el migrante identificado como Jaison Catari y otro sujeto iniciaron la ignición”, para lo cual tenían inexplicablemente un encendedor. Prendieron las colchonetas.

Cuando empezó la humareda, a la celda de mujeres si les abrieron la puerta, pero a los hombres no.

Eran 28 ciudadanos de Guatemala; 13 hondureños y 13 venezolanos; así como 12 ciudadanos de El Salvador; un ecuatoriano y un ciudadano de Colombia.

Nunca pidieron ayuda

La FGR exhibió que la celda “solo tenía una puerta de acceso al área de varones y no había ventilación adecuada, no se contaba con un plan de acción para el desalojo al enfrentar la emergencia, pues no se contaba con rutas de evacuación o puntos de reunión”.

Tras suscitarse el incendio, 37 personas murieron en el lugar, como “consecuencia de asfixia por intoxicación por inhalación de monóxido de carbono”. Otras tres murieron en hospitales, hasta dar la cifra de 40.

Otras 27 personas resultaron lesionadas y solo una resultó ilesa (Jaison).

Las órdenes de aprehensión se justificaron “en gran medida, por la conducta omisa de los investigados, quienes fundamentalmente incumplieron con la obligación de mantener en óptimas condiciones el inmueble en el que albergaban a los migrantes, no cumplían con las condiciones de seguridad necesarias para su correcta operación”.

La FGR resumió que “quedó de manifiesto la total ausencia de protocolos de actuación por parte del personal a cargo de la seguridad respecto de qué hacer en caso de incendio, y dada la imposibilidad de quitar el candado colocado en la reja de acceso a la celda en que estaban internos los varones, ya que del relato de los bomberos que ingresaron al lugar en llamas, reportan que tuvieron que romper el candado, y que fue en el momento en que uno de estos bomberos salió por una herramienta que uno de los agentes de migración le entregó las llaves, sujeto al que no pudo identificar”, para lo cual ya no había mucho por hacer. Adentro estaba el regadero de muertos y los bomberos sacaron a los 68, de los cuales se salvaron finalmente 28 de ellos, uno falleció días después.

El Ministerio Público determinó que no hubo registro de solicitudes de auxilio a las autoridades competentes como lo son las fuerzas de seguridad pública federal, estatal o municipal, para “minimizar el riesgo a la seguridad de la estación migratoria y de los extranjeros alojados”.

En las necropsias de los 37 migrantes fallecidos en el lugar, se encontró que la causa de muerte fue asfixia por intoxicación con monóxido de carbono.

Los cuerpos de todas las víctimas ya fueron repatriados tanto en aviones como en vehículos desplazados por la vía terrestre.

De los 27 lesionados, ya solamente quedan cuatro hospitalizados, el resto fueron dados de alta.

¿Hasta donde tope?

A dos días de la tragedia, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a que no habría impunidad por la muerte y lesiones de los casi 70 extranjeros.

En el mismo sentido se pronunciaron la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y la titular de la Fiscalía en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), Sara Irene Herrerías, quienes ofrecieron ir “hasta donde tope”.

Se canceló el contrato a la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia (Seicsa), la cual estaba a cargo de la seguridad privada del centro migratorio donde ocurrió la tragedia.

Se acusó al Gobierno mexicano, de favorecimiento a Elías Gerardo Valdés, cónsul de Nicaragua en Nuevo León y Coahuila, por ser propietario de Seicsa y a quien le daban contratos millonarios por un servicio deficiente.

A la fecha siete personas han sido detenidas derivado del incendio del 27 de marzo y de ellas seis han sido vinculadas a proceso.

Ellos son los agentes Daniel G.Y., Rodolfo C.T., Gloria Liliana R.M. y Juan Carlos M.

Además el guardia de seguridad privada Alan Omar P. y el migrante Jaison Daniel C.R. En el caso de Cecilia R.T. que fue detenida, fue exonerada y liberada.

También permanece en el Cereso Estatal 3, el contralmirante Salvador G.G., extitular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración (INM), quien está de igual forma vinculado a proceso por los delitos de homicidio y lesiones, así como ejercicio indebido de la función pública.

También está vinculado a proceso pero en libertad, el director general de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), Antonio M.D. acusado por el delito de ejercicio indebido de la función pública.

De los detenidos mediante órdenes de aprehensión o citados a comparecer, ya solo queda pendiente el caso de Francisco Garduño Yáñez.

Tuvo su audiencia inicial de formulación de cargos el pasado martes 25 de abril, por el delito de ejercicio indebido de la función pública, donde se le programó para el 30 de abril su audiencia de vinculación o no a proceso.

De momento, se abstuvo de declarar y se le permitió estar en libertad y seguir en el cargo de jefe del INM, con los únicos compromisos de acudir a firmar como medida cautelar y no huir del país.

Mientras los procesos judiciales siguen y diversos actores esperan una pronta justicia con sentencias condenatorias, la crisis migratoria en la frontera continúa, ya que los miles de extranjeros que buscan el sueño americano no se amedrentan ante la muerte de decenas de personas ni ante nada.