En México, hablar de “combate” a la violencia contra las mujeres se ha vuelto un ejercicio retórico. Una palabra hueca. El Estado presume estrategias, protocolos, campañas y conferencias mañaneras, mientras la realidad presume miedo, impunidad y cifras que no cuadran con el discurso oficial.
No es percepción. Son datos.
De acuerdo con cifras preliminares del INEGI, en 2024 se registraron 33 mil 241 homicidios en el país. En el caso de las mujeres, la tasa fue de 5.6 homicidios por cada 100 mil habitantes. No es un fenómeno marginal ni aislado; es estructural. Persistente. Normalizado.
Y aquí aparece el primer truco del sistema: no toda muerte violenta de una mujer se investiga como feminicidio. Muchas se reclasifican como homicidio doloso, suicidio, accidente o causa indeterminada. En papel, el problema “baja”; en la calle, no.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y agosto de 2025 se registraron 444 feminicidios en México. Es decir, 1.8 mujeres asesinadas cada día por razones de género. Y eso sólo contando las que sí entraron en la estadística oficial. Las demás se pierden en el limbo administrativo de la simulación.
Chihuahua sigue apareciendo de manera recurrente entre las entidades con mayor incidencia. De enero a junio de 2025, el estado registró 21 feminicidios, colocándose entre los primeros lugares a nivel nacional. Y Ciudad Juárez continúa cargando un sello que nadie ha logrado borrar: el de laboratorio de la violencia extrema, donde se ensayan discursos, pero no soluciones.
Si hay una constante que atraviesa todo este fenómeno es la impunidad. No la falta de leyes. No la ausencia de instituciones. Impunidad.
Amnistía Internacional ha sido clara: la falta de presupuestos suficientes, la aplicación deficiente de la ley y la omisión institucional impiden avances reales en la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres. Las carpetas se acumulan. Las órdenes de protección no se vigilan. Los agresores reinciden. El mensaje práctico que recibe el victimario es simple y brutal: no pasa nada.
Hannah Arendt habló de la banalidad del mal. En México hemos avanzado un paso más: vivimos la banalidad de la omisión. El Estado sabe. Puede. Pero no hace.
La violencia tampoco se limita al espacio físico. Según el INEGI, durante 2024, 10.6 millones de mujeres fueron víctimas de ciberacoso en México. En casos de insinuaciones sexuales, chantaje o difusión de contenido íntimo, las mujeres representan casi el 30 por ciento de las víctimas. El daño no es menor: aislamiento, miedo, silencio, renuncia a la vida pública. Y, otra vez, la respuesta institucional llega tarde, cuando el video ya circuló, cuando la humillación ya fue compartida, cuando el daño es irreversible.
No basta con cambiar nombres de delitos. No basta con crear nuevos institutos. No bastan los discursos ni las marchas oficiales.
Mientras no haya prevención eficaz, investigación profesional y sentencias firmes, la violencia seguirá siendo parte del paisaje cotidiano. El Estado actúa como ese vigilante que pide identificación después de que el crimen ya ocurrió.
Albert Camus decía que el absurdo nace del choque entre lo que esperamos y lo que recibimos. En México, las mujeres esperan justicia y reciben trámites. Esperan protección y reciben recomendaciones. Esperan vida y reciben estadísticas maquilladas.
El Estado llega tarde, mal y con excusas. Y mientras la impunidad siga siendo el sistema operativo, la violencia seguirá siendo la aplicación más utilizada.
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