Tras la publicación de un informe sobre tortura en Aguascalientes de 2010 a 2014, la ONU señaló como una lección que la tortura genera doble injusticia y desconfianza en las instituciones del Estado.
Una doble injusticia porque por un lado tiene a las personas torturadas por personal de la función pública, y por el otro a las víctimas de los delitos, “quienes tienen derecho a que las personas verdaderamente responsables rindan cuentas ante la justicia y no se fabriquen indebidamente culpables”, señala el comunicado.
Del mismo modo, prácticas de abuso y tortura lesionan los derechos y expectativas de la sociedad, que espera instituciones confiables y que provea resultados duraderos en apego a la ley, precisa.
El informe, titulado “Hasta perder el sentido: Informe sobre la práctica de actos de tortura y malos tratos en Aguascalientes entre 2010 y 2014”, es el resultado de la documentación y acompañamiento integral de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
En dicho periodo existió una práctica sistemática de tortura y malos tratos, mediante actos organizados, ordenados y planeados desde la entonces Procuraduría General de Justicia de Aguascalientes, perpetrados por personal de la función pública de esa y otras instituciones estatales y con diversos tipos de vinculación de altos mandos de la Procuraduría, agregaron en el escrito.
En el informe se documentan los casos de 33 hombres y siete mujeres, aunque hubo alegaciones de más casos recibidos por la ONU-DH.
El documento señala que estos abusos ocurrieron en el contexto de una narrativa oficial de aumento de la violencia y la justificación del uso del arraigo, lo que permitió realizar actos de tortura.
El comunicado de prensa en el que se presenta el informe y algunos de sus resultados, puntualiza que para que se imponga un castigo adecuado a quienes resulten responsables de haber torturado a personas detenidas es fundamental que el Gobierno estatal “garantice las condiciones para que una investigación de esta naturaleza se materialice”.
Mientras tanto, el informe contiene recomendaciones dirigidas a reparar en forma integral a las personas sobrevivientes de tortura que el Estado mexicano debería considerar apegarse a los estándares internacionales en materia de prevención, investigación y erradicación de la tortura, y seguridad ciudadana, procuración de justicia y reparación integral a las víctimas.
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