El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, dijo estar impedido por la ley para descartar la propuesta de Seguritech para ejecutar el proyecto de la Torre y Plataforma Centinela, ante el cúmulo de señalamientos públicos en contra de la empresa en diversos estados en donde ha ofrecido servicios tecnológicos similares.
Consideró que todo lo que se ha publicado local y nacionalmente son “simples señalamientos mediáticos”, que no pueden impedir que se le considere a una empresa para entregarle un contrato.
El secretario compareció el 18 de octubre ante la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, en un encuentro en el que explicó el proyecto de 4 mil 200 millones de pesos y en el cual, diputados de las distintas fracciones políticas tuvieron oportunidad de hacer algunos cuestionamientos.
Norte Digital tuvo acceso a la grabación de la comparecencia, particularmente a la parte en que respondió el cuestionamiento de la legisladora juarense por Morena, María Antonieta Pérez Reyes, quien hizo una amplia exposición del recuento de irregularidades publicadas a través de los años en distintos medios del país, como Grupo Reforma, Proceso, El Financiero, Noroeste y Zeta de Tijuana.
Desde el 21 de julio, Norte Digital publicó que Seguritech, la empresa a la que el Gobierno del Estado le adjudicó el contrato de construcción de la Torre, así como el equipamiento e implementación de la Plataforma Centinela, ha sido señalada en otros estados del país por aplicar sobreprecios en sus equipos, entregar unidades obsoletas y no comprobar gastos de inversión para su mantenimiento.
Guanajuato, Estado de México, Baja California, Guerrero, Sinaloa, Ciudad de México, son los estados con mayores señalamientos publicados en diferentes reportajes, aunque Seguritech ha obtenido contratos millonarios en al menos 22 entidades del país.
El resumen lo expuso la diputada ante sus compañeros del Congreso y el secretario Loya, destacando que la constante ha sido la falta de transparencia en los contratos, la adjudicación directa sin justificación y la negativa a informar sobre precios unitarios de lo contratado, tal como lo informó Norte Digital.
Además, Pérez Reyes recuperó posicionamientos del sector privado en algunos de esos estados, como en Guanajuato, en los que se señala que el servicio contratado se quedó corto para el fin último de mejorar la seguridad pública y reducir la incidencia delictiva.
La diputada también leyó cómo, en las múltiples publicaciones, se han incluido observaciones de auditorías superiores en los estados o intervenciones de la Función Pública, aunque el secretario Loya habló como si ello no hubiera sido expuesto en las investigaciones periodísticas.
En una misma intervención, la diputada planteó, las siguientes preguntas:
1.- ¿Por qué Seguritech, después de todos los señalamientos que se han estado mencionando?
2.- Si usted tuviera la necesidad de contratar a un comandante, un coronel, un directivo de su Secretaría de Seguridad y tuviera usted enfrente a un candidato en donde su currículum estuviera señalado de violaciones a los derechos humanos, de involucramiento con el crimen organizado, de un sinfín de cosas reprobables, usted al leer esa información, ¿se iría a investigar si es cierta la información de ese documento o de entrada desecha la contratación de esa persona?
3.- Usted comentó en algún momento que habían valorado otras empresas. ¿Me puede decir cuáles fueron y por qué se les desechó?
4.- ¿Qué está pasando con estos estados que invirtieron millonarias cantidades y están entre las listas de los más violentos?
5.- Como Congreso, usted díganos, ¿a qué tenemos acceso de la información? ¿Qué información deben ustedes suministrar a los poderes del estado? Porque estas comparecencias son muy nutridas, muy benéficas en el intercambio de opinión, pero no hay documentación oficial. Yo le preguntaría, ¿qué están dispuestos a entregarnos como documentación oficial?
6.- ¿Qué va a pasar si no funciona el tema de la Torre Centinela? ¿Qué va a pasar con los 4 mil 400 millones de pesos que se van a invertir? ¿Quién de ustedes o de los que decidieron, le van a devolver al estado los 4 mil 400 millones de pesos, si este proyecto no funciona?
A continuación, se transcribe lo que respondió el secretario Loya (con algunas ediciones donde repetía su posicionamiento):
Yo quiero comentarle que esta contratación cumple con todos los requisitos que establece la ley y el marco jurídico para eso. Es decir, no hay ningún procedimiento que hayamos hecho respecto a esta contratación que esté fuera de lo que marca el marco jurídico que se establece desde este edificio, desde este Congreso del Estado. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque yo no puedo descalificar a una empresa, su propuesta, ni siquiera puedo discriminarla por algo que no está dentro de la ley.
Y yo creo que si el caso es ese, es decir, si el caso es que cualquier señalamiento de este tipo, que no me voy a poner a discutir si el documento o los reportajes son o no ciertos, que no es el caso, pero no existe en el marco normativo que ustedes legislan, algo que diga que eso, es decir, una publicación en medios nacionales internacionales, quien sea el editor, dueño, no recuerdo el nombre que mencionó, sea razón suficiente como para desechar una propuesta.
Es decir, es un tema que no está aquí, pero lo he estado diciendo en varias ocasiones en mi plática con ustedes, de que creo que es importante legislar, si ese tipo de señalamientos son suficientes para desechar propuestas.
Creo que es el momento de legislar en la ley de adquisiciones y contratación de servicios para el estado de Chihuahua, para decir que esos son motivos o son causales para que las dependencias contratantes en este caso como nosotros, podamos desechar una propuesta, porque lo que nosotros investigamos es en términos de información, o de denuncias o de señalamientos, pero por los órganos que legalmente la ley nos permite tomar en cuenta para ese tipo de contrataciones, que en este caso pues son las auditorías superiores de los estados, los órganos internos de control. Para no tomar en cuenta la publicación de medios de comunicación, porque no está expresamente en la ley.
Este es un tema importante. Por que por un lado me señala unas cosas en la cual legalmente no me dan las armas para poder yo tomar en cuenta eso al momento de hacer una contratación. Entonces, me está pidiendo que haga algo que la ley expresamente no me permite hacer.
Hoy por hoy la ley no me permite desechar una propuesta por unos señalamientos mediáticos si no hay un sustento jurídico, en los órganos que debe de haber, como en este caso, las auditorías superiores de los estados o los órganos internos de control.
Pero más allá de eso, yo le agradezco mucho el documento. Nosotros hicimos este tip. Sí nos prendió los focos rojos y fuimos a hablar con los operadores, es decir, con la gente que opera eso y yo creo que esa parte es importante, el poder hacerlo, porque eso también da cuenta un poquito a la otra pregunta y es irles a preguntar a los operadores cómo estarían esos estados si no tuvieran una como esta (inaudible). Que no digo tan específico no, es decir, cómo estarían en materia de inseguridad.
Y por qué se lo digo así, imagínese un estado como Guanajuato con la cantidad de refinerías que tiene, y con la cantidad de ductos que tiene, con la cantidad de delincuencia organizada transnacional y nacional que tiene ahí, extrayendo eso. Imagínense que las Policías no tuvieran al menos esa capacidad para poder atender eso. Y esto de la mano de todo el abandono oficial que seguramente ha habido durante mucho tiempo en términos de oportunidades para la gente, para poder trabajar. O el tema en otros municipios o otros estados como el Estado de México, que ustedes dicen muy bien. Con toda la gran cantidad de cargas que pasan diariamente por el Estado de México y la Ciudad de México y salen de ahí. Pero son cosas que no se pueden medir, porque son cosas que no se puede medir lo que no pasó.
Lamentablemente, no hay manera de medir qué se previno y qué no pasó. Lamentablemente en este país prácticamente desde el sexenio del presidente Ernesto Zedillo se empezó a medir la delincuencia por las denuncias y por lo que pasa, y no hay un indicador que te pueda decir en términos reales lo que no pasó. Creo que este Gobierno ahorita lo está tratando de hacer a través de una serie de trabajos que está haciendo el Centro Nacional de Información en el Secretariado Ejecutivo para poder llevar a cabo proyectos multifuente en donde puedas medir la incidencia delictiva un poco más clara y entonces puedas medir qué realmente está pasando y qué realmente pudo haber dejado de pasar. Y eso, pues, medirlo está muy complicado.
Y entonces me preguntan por qué Seguritech, después de todos los señalamientos, porque yo no lo puedo desechar por unos señalamientos mediáticos. Yo tengo que ir a lo que la ley me permite. Sin embargo, lo vuelvo a repetir, ojalá y ustedes nos dieran más herramientas para nosotros poder llevar a cabo lo que en este momento usted me está exigiendo.
Deme las herramientas jurídicas para yo poder, con esos simples señalamientos, poder desechar propuestas y le aseguro que así lo haremos, porque si no, yo estaría incurriendo en algo que después a mí, se me va a señalar, y se me puede inclusive llegar a sancionar por hacer algo más allá de lo que ustedes en el marco jurídico que ustedes crearon para nosotros, como servidores públicos, poder aplicar. Si no, me van a terminar sancionando a mí por algo que no está en el marco jurídico.
Y sí, la verdad es que efectivamente nosotros buscamos la manera de poder estar viendo todas las empresas. Nosotros analizamos inclusive la empresa que hizo la propuesta aquí para Chihuahua. Analizamos esa misma empresa, analizamos otras empresas y vimos las tres que pudieran ser fuertes como como para poder presentar una propuesta técnica respecto de esto y una propuesta económica respecto de esto y con las soluciones que ellos manejaran. Algunas con un tipo de soluciones, otra con otro tipo de soluciones, con otro tipo de tecnologías y al final elegimos la que presentaba las mejores condiciones para el estado.
Y que, hablando con los operadores de las tecnologías en esos estados, es decir, con los operadores del 911 en los estados, con los analistas tácticos, con los analistas criminales, con los policías en esos estados, que son los que realmente operan esta herramienta, son los que pueden decir si la herramienta les ha servido o no.
Ahorita que usted me decía, oye, si un comandante está señalado por estas cosas, ¿tu investigas o no lo tomas en cuenta? Pues hay una ley contra la discriminación, yo no puedo discriminar a una persona.
En este punto de su exposición la diputada Pérez Reyes lo interpela y le pregunta que si lo contrataría, luego el secretario continúa con su respuesta.
No. Investigaría, e investigaría de fondo y aplicaría la ley sobre la discriminación.
Algo que tiene México es que tiene un marco jurídico precioso, precioso. La verdad es que el marco jurídico de México lo que nos permite es darnos seguridad y tranquilidad a los servidores públicos que nos toca aplicar ese marco jurídico. Y ese marco jurídico nace aquí, nace en los Congresos. Nace en el Congreso del Estado el marco jurídico para el Estado de Chihuahua.
Entonces, yo me tengo que basar en eso. Entonces usted me dice, ¿lo contrataría o no lo contrataría? Haría lo que la ley me permite hacer, nada más, yo no puedo hacer otra cosa que la ley no me lo permita. Qué les diría yo a ustedes. Esos supuestos que usted ahorita me está manejando, ayúdenme, póngalos en la ley. Ayúdenme en eso.
Ahorita que lo platicaba con el señor diputado y con la diputada, y con usted y con todos. Es denme armas, denme instrumentos jurídicos para poder yo aplicar lo que ustedes están en esos supuestos, poniendo sobre la mesa.
No me pongan supuestos, que van en contra de lo que la ley me permite, porque entonces me están poniendo a mí en un dilema, de cumplir la ley por unos supuestos, o incumplir la ley por unos supuestos, o cumplir la ley que ustedes mismos elaboraron, que ustedes mismos son los encargados de que esa ley pueda tener una mejor corresponsabilidad y más que la realidad que vive la ciudadanía, porque ustedes son representantes sociales. Yo no le puedo contestar si contrataría o no.
Yo no puedo entrar en un supuesto, lo que tengo que hacer es apegarme a la ley y en ese sentido, también a qué tiene el Congreso del Estado acceso, yo creo que también eso está muy claro en términos de ley, no es un tema que yo puedo, yo, quién soy yo para poder decir que se cumpla o no se cumpla la ley.
Entonces las reglas son importantes, no solo para cumplirlas. Las reglas me dan protección a mí. En este caso, a qué tiene acceso el Congreso. Yo no puedo decir. No, no es por mis pistolas, se los aseguro que no es. Se los aseguro que no, no es mi intención. Al contrario, vuelvo a repetirles. A qué tiene acceso el Congreso, pues a todo lo que la ley deja bien claro y que yo desconozco, por qué, porque los legisladores son ustedes, ustedes son los que conocen perfectamente cuáles son las facultades, cuáles son las obligaciones, y seguramente cuáles son lo que la ley les faculta para poder hacer esto. Yo le diría, no quisiera yo contestar a qué tiene acceso el Congreso porque tal vez hasta me equivoco. No es mi materia el área de información, pero la ley ahí está. Y yo creo que parte de lo importante de esto es que hagamos cumplir la ley. Y si es necesario modificarla, ayúdenme. Ayúdenme, modifíquenla. Hay mucha materia por legislar. No solo en materia específicamente de seguridad pública, voy a decirlo así, en leyes, para mí, secundarias, pero me impacta, como la ley de adquisiciones y contratación de servicio.
Ayúdenme, legislemos. Si legislamos esto, me va a ayudar mucho. De veras, se lo aseguro. Por qué, por no voy a tener que venir a tener que decir, oye, es que hay todos estos señalamientos, y públicamente se dice que hay todos estos señalamientos, pues sí, pero vamos a decirlo así, qué mala onda, porque me están diciendo que yo tome una decisión sobre algo que la ley no me permite, ¿no? Ayúdenme con eso.
En esta parte de la exposición interviene la diputada y se genera un breve diálogo.
DIPUTADA (D): Puedo concluir entonces que la falta de los resultados de los estados que tienen a Seguritech, se resume entonces a que estarían peor a como están si no estuviera Seguritech. De lo que se prevé para Chihuahua es que no va a mejorar la seguridad, sino que podemos estar peor si no entra Seguritech.
SECRETARIO (S): No.
D: Esa es su conclusión.
S: Es la suya.
D: Eso es lo que comentó. Que los estados estarían peor, si no estuviera Seguritech.
S: No, no, diputada, no. Mire, esa no es mi conclusión
D: Son sus palabras.
S: Esa es su conclusión. Mi conclusión, yo le decía que en términos de que tenemos que fortalecer a las Policías. Vaya y platique con los operadores de la Policía, a ver, vaya y platique con ellos. Platique con los policías, platique con los policías de aquí del estado, de veras, un día vaya, la invito, al 911 y platique con ellos, con ellas, platique con todos. Creo que eso ayuda mucho. Y no es que vayamos a estar mejor o peor, no, claro, nosotros le apostamos a estar mejor. ¿Por qué? Porque no solo es un tema de la Plataforma per sé. Y también lo decía desde un inicio, nosotros estamos presentando un modelo integral. Que la Plataforma es una herramienta. Ahorita, lo que usted me está diciendo es que todos esos estados han tenido fallas por la plataforma y yo no sé, si eso sea o no. Yo no los califico a ellos, yo no puedo calificarlos a ellos. Y ni puedo decir que es exclusivamente por eso. No, no, mal me vería por eso. Yo lo que le diría es que nosotros estamos aplicando todo un modelo. Es decir, la plataforma es una herramienta, pero hay muchas cosas más por hacer y creo, traté de ser muy claro con esto, pero no, esa no es mi conclusión.
El secretario Loya respondió algunas preguntas parcialmente y nada dijo de por qué desechó a otras empresas de las cuales revisó propuesta, ni tampoco contestó qué pasará si no funciona la Torre Centinela.
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