El fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, dijo que se hará una investigación amplia y profesional, para que se castigue a los dos presuntos responsables de cometer fraude por la entrega de cenizas que no correspondían a los 383 cuerpos localizados en hacinamiento en un predio del crematorio Plenitud, sin que se descarte ejercer la acción de la justicia en contra de quien resulte con algún tipo de responsabilidad, como pudiera ser personal de la Coespris.
En el caso de los funcionarios, es posible castigar acciones u omisiones si llegara a darse el caso, porque hasta el momento, las declaraciones del personal de Coespris van en el sentido de que el lugar había sido supervisado y no mencionaron alguna posible irregularidad.
Al mismo tiempo, se dio a conocer que ya se cuenta con la probable identidad de 15 cuerpos, gracias a algunos elementos que ayudaron, como son las pulseras que traían, tras haber estado internados en hospitales previo a su fallecimiento por causas naturales.
En la rueda de prensa también estuvieron Carlos Manuel Salas, fiscal de Distrito en la Zona Norte; así como Javier Sánchez Herrera, titular de la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.
De los 383 cuerpos, se han catalogado 218 hombres, 149 mujeres y 16 de sexo indeterminado.
De esas cifras, son 15 probables identificados, pero también había cuatro menores de edad que pudiera ser más fácil su identificación.
Según se explicó, dos de dichos menores eran neonatos (recién nacidos), mientras en el caso de los otros dos: eran un hombre y una mujer (de ella se tiene el nombre completo).
Se indicó asimismo que hay un hombre con uniforme policiaco.
Había además unas personas con tatuajes, un amputado de una pierna.
Sobre la presencia de la gran cantidad de cuerpos en el predio de la colonia Granjas Polo Gamboa, se indicó que las escenas descubiertas eran dantescas, mismas que no han sido mostradas para no revictimizar a las familias.
A los dos detenidos, se les formula imputación por los delitos de inhumación clandestina, tratamiento Inadecuado de cuerpos por empresas funerarias, para los cuales se prevén penas de 6 meses a dos años, así como de 6 a 17 años.
El fiscal Carlos Manuel Salas, dijo por su parte dijo que ya van un total de 89 familias que se acercan a pedir información sobre sus familiares a la representación social y seguirán recibiéndolos para atenderlos en sus inquietudes.
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