Tiene Juárez el único Tribunal Especializado en Narcomenudeo de todo el país
Modelo busca dejar de criminalizar las adicciones; en lugar de mandarlos a prisión, deriva a los procesados al Sector Salud para que reciban tratamiento
En Ciudad Juárez opera el único Tribunal Especializado en Narcomenudeo de todo el país.
Con justicia terapéutica se pretende hacer frente al grave problema de las adicciones, génesis de gran parte de la violencia que sacude a esta frontera e impacta en sus altas tasas de criminalidad.
El Tribunal Especializado es también la forma en que se atiende la saturación que, tanto en el sistema de procuración como de impartición de justicia, genera el delito que más se comete en esta ciudad: el narcomenudeo, particularmente la posesión simple de narcóticos.
Y es que la prominencia de este delito es abrumadora. Alcanza el 71 por ciento de todas las causas penales que llegan a la Ciudad Judicial.
De acuerdo con los registros del Tribunal Superior de Justicia del Estado, nada más de enero a agosto de 2022, se acumularon 3 mil 655 causas penales por narcomenudeo en el Distrito Judicial Bravos, asentado en Ciudad Juárez.
Nada se le acerca. Ni la trágica violencia familiar que registra mil 218 casos en el mismo periodo. Tampoco hay parangón en el escenario estatal. En la capital del estado, en el Distrito Judicial Morelos, los casos acumulados son apenas 319, ni siquiera el 10 por ciento del total juarense. Los otros 12 distritos judiciales apenas suman entre todos, 148 causas penales por narcomenudeo.
En la gran mayoría de los casos, las detenciones y los procesos son por posesión simple de narcóticos, ya que el comercio es mucho más difícil de acreditar. Además, ingresan al fuero común porque se trata de cantidades mínimas de droga.
La Ley General de Salud establece que, para la mariguana, el peso mínimo son 5 gramos y el máximo 5 kilogramos. En metanfetamina o cristal, el máximo son 40 gramos y en cocaína 500 gramos. Arriba de esas cantidades, corresponde intervenir a las instancias federales.
En todo el 2021, el narcomenudeo acaparó 7 mil 628 causas penales de las 10 mil 300 que llegaron a los tribunales en Ciudad Juárez. El resto de los delitos sumaron, todos juntos, 2 mil 672 causas, el equivalente al 29 por ciento del total. Es decir, este delito contra la salud, está en dos de cada tres carpetas de investigación que llegan ante los jueces del fuero común. La misma tendencia se mantiene en el 2022.
Evitar el colapso del sistema de justicia con el TEN
Lo que busca el modelo es dejar de criminalizar la adicción a las drogas, adicción que, en esencia, llevó a los hoy procesados a ser detenidos por posesión de narcóticos, aunque su fin último hubiera sido la venta, explica Judith Ávila, encargada del despacho de la Segunda Sala Penal y enlace para el proyecto con el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Además, el Tribunal Especializado en Narcomenudeo (TEN) evitó el colapso del sistema de justicia penal por sobrecarga y despresurizó el centro penitenciario.
Para echar a andar el pilotaje, primero se destapó el embudo que este delito generaba en la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, ya que no se contaba con la capacidad para procesar a todas las personas que llegaban por delitos contra la salud.
Sobre todo, no se tenía a los peritos necesarios ni al equipo para poder dictaminar qué sustancias llevaba el detenido y en qué cantidades, señala la coordinadora de la Unidad de Vinculación Ciudadana en el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), María Luisa Ponce Acevedo.
Por eso, Ficosec apoyó primero la capacidad del laboratorio de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, para dictaminar en tiempo y poder hacer la judicialización o declinación de competencia correspondiente.
El modelo despresurizó el penal y evitó la sobrecarga del sistema judicial
Innovación con audiencias concentradas
La clave del TEN es el inédito esquema de audiencias concentradas. En una sola audiencia se atienden varias causas penales por el mismo delito. Los acusados se presentan ante el juez, en combo. A veces diez, a veces menos o a veces más, incluso se registran históricos con hasta treinta casos.
Los operadores del nuevo sistema reportan ahorro de tiempo, pero también de recursos y de personal. Cálculos del Tribunal establecen que en el 2021 pudieron ahorrarse 77 millones 342 mil 880.7 pesos.
Ese monto es la diferencia entre lo que hubiera costado atender por separado cada una de las 7 mil 628 causas penales y el costo calculado para 2 mil 281 audiencias concentradas que se realizaron para atender todas las causas penales.
En general, el costo promedio por audiencia se calcula en 14 mil 467.43 pesos, de acuerdo con la jueza de primera instancia, Nancy Cristina Reyes Esquivel, comisionada en el Tribunal Especializado en Narcomenudeo.
Realizar las 7 mil 028 audiencias habría costado 110 millones 357 mil 556 pesos. Sin embargo, con la concentración, el costo se redujo a 33 millones 014 mil 675.30 pesos.
El ahorro es grande, dice Reyes. Se graba un solo video y un solo audio. Se tiene un mismo juez, un mismo defensor, un mismo agente del Ministerio Público, un mismo escribiente y un mismo encargado de sala.
Con la audiencia concentrada hay una eficiencia en costos, tiempos de sala y tiempos de audiencia.
“Anteriormente, procesar a una sola persona por un delito contra la salud, llevaba aproximadamente media hora. Ahora entre 10 y 15 personas se puede tardar aproximadamente una hora para resolver la situación jurídica”, explica la jueza.
Además, la programación de audiencias se hace de manera simultánea en las cuatro salas especiales del TEN que funcionan en la Ciudad Judicial, donde están comisionados siete jueces, siete secretarios, siete encargados de sala y cinco escribientes.
Anteriormente, procesar a una sola persona por un delito contra la salud, llevaba aproximadamente media hora. Ahora entre 10 y 15 personas se puede tardar aproximadamente una hora para resolver la situación jurídica”
El origen del plan piloto
El TEN es un piloto que se impulsó desde la Mesa de Seguridad y Ficosec, luego de verificar la experiencia de tribunales estadounidenses sobre narcomenudeo.
Con el apoyo del Consulado de Estados Unidos, se buscaron allá las mejores prácticas y el Fideicomiso financió un viaje exploratorio a la ciudad de Atlanta, Georgia, como lo recuerda la coordinadora de la Unidad de Vinculación Ciudadana en el organismo financiado por el sector empresarial.
La inquietud para hacer algo diferente, surgió desde 2017 en la Mesa que reúne a empresarios y representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil con autoridades gubernamentales. Enfrente estaba la premisa de que el consumo de drogas se ubica en la base de otros delitos y de que en torno al narcomenudeo se registran aquí la mayor cantidad de homicidios dolosos.
Judith Ávila, enlace para facilitar la operación del TEN, señala que con el modelo se atendió también una preocupación empresarial binacional muy sentida, respecto a la necesidad de conservar la inversión extranjera en Juárez y actuar más de fondo en el problema de los homicidios dolosos.
“Uno de los principales motivos por lo que se da esta alta incidencia en los homicidios, es precisamente por el delito del narcomenudeo, porque existe un gran nivel de adicciones y entonces se daba un círculo vicioso, que era el consumo de drogas, que iba ligado a su vez en el encarcelamiento de estas personas y luego se daba el fenómeno de la reincidencia, una vez que salían”, agrega Ávila.
El Tribunal se puso en operación para febrero de 2019, luego de un trabajo de coordinación entre el Poder Judicial, la Unidad de Delitos contra la Salud de la Fiscalía Zona Norte y el Sector Salud, por medio de la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones (Ceadic).
Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, magistrado de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, es el líder del proyecto por parte del Poder Judicial.
Suspensión del proceso a prueba, la otra clave
Aparte de las audiencias concentradas, la otra clave del modelo piloto es la aplicación sistemática de la suspensión del proceso a prueba y, en general, de salidas alternas en el sistema penal.
En otras palabras, se busca que los imputados puedan seguir los procesos en libertad, cumpliendo con una serie de obligaciones, como la firma periódica ante la justicia, precisamente para que sean atendidos en su adicción.
La apuesta se plantea desde la etapa inicial. Por eso, en cuanto se formula la imputación y un juez de Control vincula a proceso al detenido, el Ministerio Público pide la suspensión condicional, como salida alterna, explica Judith Ávila.
Una vez que se cumplen las condiciones u obligaciones, con tiempos de tratamiento en periodos que van de tres a seis meses, se les da de alta, agrega Ávila.
Entonces, procede el sobreseimiento de la acción penal y se da por terminado el proceso. A las personas no se les registra el antecedente penal.
No se debe pasar por alto que estas personas tienen un doble conflicto: un conflicto con la ley, y un conflicto con su salud”
Pero cuando no cumplen, vienen las órdenes de aprehensión y la reactivación de los procedimientos normales que pueden terminar en sentencias condenatorias. Aun en esa etapa, las sentencias pueden llevarse en libertad, con otra oportunidad más para atender la adicción.
La jueza Reyes Esquivel, recuerda que antes de la implementación del modelo, las personas con problemas de adicciones y detenidas en posesión de narcóticos, simplemente llegaban ante la justicia para ser sancionados.
Se les criminalizaba, señala, sin atender el problema de salud que los llevó hasta el sistema judicial.
La jueza de Control expone que la consecuencia lógica en ese esquema tradicional que los enviaba a prisión en lugar de darles tratamiento, es que se incrementaba el círculo delincuencial en el centro penitenciario.
“Y a lo mejor ahora, cuando originalmente solamente eran consumidores, salían y ya formaban parte de una empresa criminal. ¿Por qué? Porque no se les daba el trato adecuado. No se debe pasar por alto que estas personas tienen un doble conflicto: un conflicto con la ley, y un conflicto con su salud”, detalla Reyes.
Aplicación de la justicia terapéutica
Después de enfrentar las audiencias concentradas, para ser canalizado al Sector Salud, el detenido es puesto a disposición del Instituto de Servicios Previos al Juicio, órgano del Tribunal Superior de Justicia de Estado.
Corresponde al Instituto referir al usuario a la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones (Ceadic).
La doctora Lizeth Gutiérrez Perea, coordinadora de Ceadic Zona Norte, señala que lo primero es evaluar cualitativa y cuantitativamente el problema de la adicción o del policonsumo del usuario.
Nada más en 2021, Ceadic recibió 2 mil 800 usuarios derivados del Tribunal Especializado. En este 2022, hasta el corte de abril, las atenciones en el modelo especial llegaban a 893 casos, según la coordinadora.
En esa interacción para lograr una atención primaria a la adicción, de la mano del proceso de supervisión del Tribunal, se da la justicia terapéutica, señala Gutiérrez Perea.
La evaluación técnica se realiza a través de los Centros de Atención Primaria a las Adicciones, los CAPA, un modelo de centros que opera a nivel nacional.
En Ciudad Juárez existen tres CAPA. Ahí se define con diferentes instrumentos de medición y entrevistas con los terapeutas, si el usuario es un candidato a un tratamiento ambulatorio o si requerirá internarse para desintoxicación.
La coordinadora de Ceadic informa que, del total de usuarios derivados, el 90 por ciento reciben tratamiento ambulatorio en alguno de los tres CAPA.
El otro 10 por ciento requiere desintoxicación. Para ello procede el ingreso a un establecimiento residencial, para un tratamiento que dura en promedio 90 días.
Para los internamientos, Ceadic tiene el registro de 29 centros que pueden operar como establecimientos residenciales, todos operados por organizaciones de la sociedad civil.
El tratamiento ambulatorio implica sesiones psicoterapéuticas. El usuario cumple con sus citas para atención psicoemocional o psicoterapéutica y realiza el resto de sus actividades habituales, como el trabajo o la casa.
El objetivo con los tratamientos es que el usuario llegue al año de abstinencia.
Al momento de la entrevista, la funcionaria señala que únicamente hay 20 personas derivadas del TEN en establecimientos residenciales.
Activos en los CAPA, dice la funcionaria, se encuentran alrededor de mil 500 usuarios.
Además de los CAPA, la atención a usuarios derivados del sistema penal se presta en el Centro de Salud B. En cada Centro se puede atender a casi 200 usuarios al mes, de acuerdo con Gutiérrez Perea.
El reto ahora es que los centros puedan atender la demanda, no solo en cantidad sino en calidad de los tratamientos.
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