En relación a la serie de denuncias y señalamientos en contra de la administración del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, la Auditoría Superior del Estado (ASE) solo ha recibido dos exhortos del Congreso del Estado que revisará dentro de la Cuenta Pública 2023 del Municipio de Juárez.
El titular de la ASE, Héctor Acosta Félix, señaló que a su despacho no han llegado todas las denuncias ciudadanas y de legisladores que presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción en contra de Pérez Cuéllar.
El auditor aseguró que solo han tenido conocimiento de lo que se publica en los medios de comunicación.
Acosta Félix informó que sí han llegado denuncias anónimas con señalamientos hacia la actual administración del municipio juarense y de la anterior (de Armando Cabada) que no le corresponde investigar en razón de los montos.
Explicó que la ASE se concentra en erogaciones importantes, de más de 250 mil pesos, y corresponde al órgano de Control Interno de las dependencias y a la Sindicatura Municipal, darles trámite cuando se trate de montos menores.
“De manera oficial hemos recibido dos exhortos del Congreso del Estado. Uno es para que se revise lo relacionado con el pago de la renta de un inmueble, de un exfuncionario público del municipio al presidente municipal Pérez Cuéllar”, precisó Acosta Félix, en alusión al caso de la casa del Campestre donde vive el alcalde.
Agregó que el otro exhorto es para revisar presuntas irregularidades en la recolección y transporte de residuos urbanos, así como la concesión para la operación, prestación de servicio y manejo del relleno sanitario.
“Puedo adelantar a Norte Digital en base al análisis que hemos hecho, que estamos en presencia de operaciones entre particulares. Es decir, ni la denuncia que presentaron los diputados panistas, ni en el exhorto que nos envía el Congreso, se desprende que haya recursos públicos que se estuvieron utilizando para los hechos que están denunciando. Lo analizaremos y tomaremos el acuerdo correspondiente. Pero, con la pura lectura se puede concluir eso”, puntualizó el auditor.
Por lo tanto, si no hay elementos para determinar que la renta o cualquier otra acción de gobierno donde no se utilicen recursos que salen formalmente del municipio, no es competencia de la Auditoría Superior del Estado, argumentó Acosta.
Para revisar la cuenta pública, la ASE se basa en que los recursos en cuestión sean estatales, manejados en el 2023 y que en su contenido tengan una importancia relativa, con ingresos o egresos del municipio.
Dijo que en esa instancia no hay registro de la denuncia por sobreprecio en la compra de pruebas de Covid, ni en la afectación al Presupuesto Participativo por desvío de recursos, ni la denuncia de haber otorgado un contrato para compra de productos de limpieza a una empresa fachada presuntamente vinculada al exdirector de Desarrollo Económico del Gobierno Municipal.
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