En el año 2018 se creó la Fiscalía Especializada en Violación a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada.
El área recibió financiamiento, vehículos, oficinas y personal para atender» a partir de un enfoque científico», el flagelo de las desapariciones en Chihuahua; sin embargo culminará operaciones con un rezago de casi 4 mil reportes de ausencia.
El área, creada en la administración de Javier Corral, fue puesta en operaciones para dar cumplimiento a un compromiso de campaña en 2016.
Aunque su articulación suponía el uso de mecanismos y herramientas tecnológicas; hasta el momento los reportes de tareas o avances se traducen en simples rastreos de predios en algunos municipios.
Diversas organizaciones sociales, una de ellas; Justicia Para Nuestras Hijas, confirmó que las oficinas de la dependencia son un «elefante blanco» con poco personal y recursos.
Desde el 2018, la titularidad de la dependencia recayó en Francisco González Arredondo; responsable exoficio de las investigaciones de la denominada operación Justicia para Chihuahua.
Los resultados en indagatorias durante la gestión de González Arredondo son nulos.
De hecho, compañeros afirman que su nombramiento se dio porque no había dónde colocarlo tras haber obtenido algunos resultados en la Unidad Antisecuestros.
Actualmente se desconoce si el funcionario sigue laborando para la Fiscalía, dado que no fue localizado para emitir una postura.
Incumplió oficina con sus facultades
Según el artículo que creó la dependencia, entre sus facultades estaban la búsqueda de personas, la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada.
Sin embargo, dichas actividades son impulsadas propiamente por colectivos de padres de personas víctimas de desaparición.
Junto a la Fiscalía de desapariciones, debió crearse la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, pero no hay registros de la articulación de esta.
En el año 2019, el Gobierno estatal presumió la articulación de la fiscalía con cuatro unidades: Unidad de Análisis y Contexto; Comisión Local de Búsqueda; Unidad Especializada en Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares; y la Unidad Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Tortura.
A varios años de distancia, no existen reportes del alcance de esta dependencia, ya que el titular nunca hizo declaraciones ante los medios.
Mediante un boletín de prensa se informó que la Unidad de Análisis y Contexto en Chihuahua pertenece a la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada; y su esquema cumple con estándares internacionales, basado en los modelos desarrollados en países como Alemania, Colombia y Guatemala.
«A través de esta área, un equipo multidisciplinario con conocimientos en criminología, psicología, antropología y derechos humanos se encargará de investigar y analizar a profundidad, la dinámica criminal, los patrones de violencia y los factores que enmarcan al referido delito», se declaró en el documento.
Fiscalía inoperante
Ayer, durante un evento de conmemoración de las víctimas de desaparición forzada; la agrupación Justicia para Nuestras Hijas denunció que la dependencia se encontraba sin personal ni recursos.
La titular del colectivo, Norma Ledezma, refirió que durante la administración, la falta de recursos y personal se puso como pretexto para evitar los rastreos; sin embargo, dijo que lo que más les golpeó fue la falta de interés del Ejecutivo.
Destacó que solamente se destinaron cuatro vehículos y muy poco personal para rastrear; además se batallaba para dotarlos de combustible.
Al hacer un análisis sobre el aumento en las desapariciones en el estado, lamentó que no hubo recursos para llevar a cabo rastreos en Villa Ahumada, Casas Grandes y Ojinaga.
La activista asumió que las estadísticas no son reales, ya que muchas familias no reportan.
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