Vecinos de la avenida Waterfill solicitaron un amparo en contra de la obra de construcción de un camellón, planeado para separar los carriles que conducen el flujo de automóviles al Puente Internacional Zaragoza-Ysleta.
El documento fue recibido anoche en el edificio del Poder Judicial de la Federación bajo el número de folio 5016164, informó el abogado y activista, Ángel David Silva Ramírez.
El reclamo va dirigido al Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua (Fpfch) y la Coordinación General de Seguridad Vial (CGSV) que más temprano informaron la desviación del tráfico en la zona por las obras que deberían iniciar este miércoles, informó.
“Si esa obra se lleva a cabo, va a afectar a cerca de 700 familias que viven en fraccionamientos aledaños”, alertó Silva.
Se trata -dijo- de vecinos de las colonias Bosques de Waterfill, Nueva Vizcaya etapas 1, 2 y 3, Ciudad Río Bravo y Colonia Moreno.
“Las y los vecinos de la zona colindante, con la intersección de Ramón Rayón y Waterfill, en ejercicio de nuestros derechos fundamentales de movilidad, seguridad vial y acceso a la educación y al trabajo, comparecemos de manera conjunta para manifestar que las autoridades responsables, al implementar el reordenamiento de la línea de cruce internacional Zaragoza y modificar el flujo vehicular de la avenida Ramón Rayón, han restringido de manera desproporcionada el tránsito de la comunidad”, sostuvieron los quejosos en el documento del que una copia fue enviada a Norte Digital.
“Al limitar la circulación de sur a norte hasta la calle Clara Fuentes, destinando el tramo restante exclusivamente a tráfico local, se impide el libre desplazamiento hacia centros de trabajo y escuelas, generando retrasos, desvíos y afectaciones graves en la vida cotidiana de quienes habitamos la zona”, señalaron.
De manera especial -sostuvieron- la medida reclamada afecta el interés superior de la niñez, al obstaculizar el acceso de niñas, niños y adolescentes a sus escuelas.
“Los retrasos y dificultades generados por el cierre y desvío de vialidades comprometen su derecho a la educación, colocándolos en una situación de vulnerabilidad, que contradice la obligación del Estado de garantizar condiciones adecuadas para su desarrollo integral”, argumentaron.
De acuerdo con Silva, quien también es vecino de la zona, la actuación de las autoridades responsables carece de proporcionalidad y razonabilidad, “pues no se han previsto medidas de mitigación adecuadas ni alternativas viables que garanticen nuestro derecho a trasladarnos de manera segura y eficiente”.
Como una alternativa de solución, en el mismo escrito, propusieron que en lugar de cerrar la calle, se instalen semáforos en la intersección de Ramón Rayón y Waterfill, “lo cual permitiría regular el flujo vehicular de manera ordenada y segura, sin necesidad de clausurar la circulación”.
Adicionalmente -plantearon- la autoridad de Vialidad puede sancionar a los vehículos que indebidamente se introduzcan en la fila o incumplan las disposiciones de tránsito, tal como lo hace en los demás puentes internacionales, garantizando así el respeto a las normas y la convivencia armónica.
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