De acuerdo con el delegado de programas de Bienestar, Juan Carlos Loera, de grupos de 100 retornados por el gobierno estadounidense, 30 vienen contagiados con Covid-19.
«Además de eso, está el hecho de que los traficantes de personas los usan como operarios para la actividad ilícita, bajo amenaza de privarlos de la vida», alertó.
Destacó que tanto el hotel-filtro, instalado con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), como el albergue Kiki Romero están funcionando para detectar casos de contagio.
«Los migrantes se quedan en esos lugares durante los 14 días de la cuarentena, y de ahí los trasladan al centro integrador Leona Vicario», explicó.
«Actualmente, dicho albergue tiene 680 personas, de las cuales 326 son menores de edad», detalló.
“Todo esto lo hemos manejado desde un punto de vista humanitario, no criminalizar la migración y evitar un daño mayor a la población migrante”, comentó.
Coincidió con la postura de organizaciones sociales sobre que en los próximos dos meses puede presentarse una crisis; especialmente por la injerencia de grupos criminales en el tráfico de personas.
“No olvidemos que hay grupos criminales inmiscuidos en esto, que ya han visto a las personas como una mercancía; con engaños los traen aquí a la frontera norte, con el señuelo del asilo político o el asilo humanitario, lo cual muy difícilmente se da”, dijo.
Grupos criminales los forzan a delinquir
Reiteró que, como Gobierno federal, su principal objetivo es el enfoque humanitario; ya que es un hecho que los delincuentes utilizan a las personas migrantes para sus fines ilegales.
Comentó que el Instituto Nacional de Migración se encarga de rescatarlos, pero es una institución que no está armada.
«En los casos que interviene la Policía se abren procedimientos para que los migrantes sean regresados a sus países de origen», acotó.
El problema principal son las personas que esta retornando a México el Gobierno de Estados Unidos con juicios exprés o sin juicios, y que incluso son de otras nacionalidades.
“Son entregados al Instituto Nacional de Migración con ciertos protocolos, en los que también participa el DIF”, indicó.
De acuerdo con Loera, ha habido días en que han llegado hasta 100 personas deportadas; con ello se complica la operación del albergue Leona Vicario y también la de los albergues de las organizaciones sociales.
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