La violencia, “enquistada” en el estado de Chihuahua que no ha parado durante los dos años y medio de su gobierno, está relacionada con la operación de hasta siete cárteles de la droga en territorio chihuahuense, señaló el gobernador Javier Corral Jurado.
“De la tradicional disputa de dos grandes cárteles, el de Juárez y el de Sinaloa, hoy hay una presencia de casi 7 grupos delincuenciales en el estado de Chihuahua, con varias ramificaciones regionales, porque han generado disputas internas entre ellos”, refirió.
También dijo que el más violento de estos grupos criminales es el Cártel Jalisco Nueva Generación, por la crueldad con que actúan.
De igual modo reiteró que su Gobierno continuará con una estrategia de combatir la delincuencia y la corrupción, no negociar con los narcos y trabajar en la parte social y las adicciones.
Lo anterior al presentar un documento denominado “La seguridad en Chihuahua, retos y estrategias” en un seminario realizado en El Colegio de México, invitado para exponer el caso Chihuahua y su lucha por recuperar la paz.
Barrio por barrio
Las organizaciones criminales -dijo- se disputan zonas de narcomenudeo por barrio y por calle en las principales zonas urbanas, se dedican a la producción de mariguana y amapola en municipios de la Sierra y resguardan con grupos armados las brechas que usan para el trasiego y cruce de estupefacientes a Estados Unidos.
La presencia y despliegue de esas organizaciones criminales, fue permitida y solapada por la administración anterior, pero también en lo que va de su Gobierno tuvieron que hacer una limpia en las corporaciones de seguridad que estaban infiltradas, tanto a nivel municipal como en la propia Fiscalía del Estado, reconoció.
Adicionalmente, la política de “brazos caídos” adoptada por las fuerzas armadas y el abandono de parte del anterior Gobierno federal no ayudó para establecer una estrategia coordinada que permitiera controlar el índice de homicidios, expresó.
Escondieron los muertos
Es muy fácil bajar índices delictivos cuando las carpetas de investigación se esconden en cajas de archivo arrumbadas o cuando se inhuman cadáveres en fosas clandestinas y se oculta su existencia, advirtió Corral, en referencia a la muy difundida versión de que en el sexenio anterior “bajaron” los indicadores de violencia.
“El tema es cuando se rompe con todo eso y cuando no se entra en negociación con las bandas delincuenciales y cuando empezamos a llevar la estadística real”, asentó.
Respecto a lo expuesto por Corral, la coordinación de comunicación social hizo un magro intento por destacar en un boletín cifras alegres sobre disminución de índices delictivos por debajo de la media nacional, ciertamente compartidas en la ponencia.
“Chihuahua se encuentra por debajo de la media nacional, de acuerdo con las cifras del Observatorio Nacional Ciudadano y basadas en los registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a febrero de 2019: secuestro, lugar 28; extorsión, lugar 26; robo con violencia, lugar 24; robo de vehículo, lugar 16; robo a comercio, lugar 13 y robo a transeúnte, lugar 18”, refirió el comunicado.
Omitió el dato de que en cuanto a número de homicidios Chihuahua sigue en el quinto lugar nacional, y que su ciudad fronteriza más importante concentra más de la mitad de esos crímenes.
Las dos horas que duró el diagnóstico del propio jefe del Ejecutivo no dejaron lugar a dudas sobre la verdad que vive el estado, descrita por él mismo sin ningún maquillaje.
“Nosotros nunca vamos a ocultar cifras”, advirtió.
Realidad violenta
Mientras el jefe del Ejecutivo hacía su ponencia en la Ciudad de México, la realidad violenta del estado se alineó con su discurso con dos homicidios más en Juárez, alcanzando ya los 597 en lo que va del año, y el hallazgo en Satevó de seis presuntos pistoleros mutilados.
Al cierre de este reporte -el miércoles 29 de mayo-, la cifra se “actualizó” nuevamente para llegar a 600 crímenes.
“La incidencia delictiva se ha enquistado en Chihuahua”, fueron las palabras que usó el gobernador para iniciar una detallada descripción de cómo encontró el Estado en materia de seguridad hace poco más de dos años y medio.
La bienvenida
Fue entonces cuando supo por primera vez lo que era “perder el sueño”, luego de que en el primer mes de su gobierno los narcos le dieran una “inaugurada” similar a la que actualmente le están “dando” al presidente López Obrador, reseñó.
En aquel mes de octubre de 2016 se registraron 216 homicidios en el estado y así empezó una lucha no solo en contra de los grupos criminales, sino también en el interior de las corporaciones que -reconoció- estaban infiltradas por el narco.
Han pasado dos años siete meses y las cifras de personas asesinadas no ceden.
Los cárteles de la droga se han apoderado de las calles de las principales ciudades para el narcomenudeo, están asentados en la sierra para la siembra de estupefacientes y tienen toda una red de operaciones con armas de alto poder para proteger las rutas de trasiego hacia la frontera.
Corral lo sabe y por eso lo admite, tal vez ahora como en ningún otro momento de su quinquenio.
Muy lejos quedó aquel 1997, cuando el Cártel de Sinaloa entró a disputarle el territorio al Cártel de Juárez para la producción, trasiego y distribución de drogas conocida como narcomenudeo, con el necesario cruce de cargamentos hacia Estados Unidos, en pleno sexenio del también panista Francisco Barrio Terrazas.
Ya no hay peleas por plazas
Actualmente las utilidades del narcomenudeo son comparables con las utilidades del trasiego, pero además, se reparten más recursos entre más personas, incluidos los policías, y eso explica por qué la escalada violenta no para, expuso Corral.
“Esta mutación de combate a bandas delincuenciales que se disputan el trasiego, a bandas criminales que se disputan el narcomenudeo, tiene como consecuencia directa que ya no se están peleando plazas, sino que se están peleando pedazos de colonias, barrios, calles”, explicó.
Antes -agregó- las ganancias del trasiego solo llegaban a unos cuantos, pero ahora el narcomenudeo implica ganancias para muchas más personas, y por ende se benefician muchos más.
Al ser un negocio cada vez más extendido, los grupos criminales atrajeron a pandillas como Los Aztecas, Los Mexicles y Artistas Asesinos que de esa manera pasaron a formar parte de las estructuras de delincuencia organizada para promover el consumo y promover redes de venta a los consumidores, lo que condujo a un consumo exponencial de drogas y un estallamiento de la violencia.
Eso explica por qué después del año 2004 (sexenio de José Reyes Baeza del PRI) aumentó la presencia de droga en las calles, y por eso mismo la lucha entre el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa se trasladó a las calles, detalló.
La explicación dada por el gobernador de Chihuahua se basó en un documento elaborado en la Fiscalía General del Estado denominado “La seguridad en Chihuahua, retos y estrategias”.
En dicho reporte -también consultado para esta nota- la conclusión fue que al haber cada vez más consumo y cada vez más policías involucrados o coludidos se generó una escalada que alcanzó su clímax del 2010 al 2011, ya con César Duarte como titular del Poder Ejecutivo.
Ciudadanía ejemplar
“También en esos años el modelo de participación ciudadana fue ejemplar en Ciudad Juárez, donde líderes muy importantes de la comunidad crearon la Mesa de Seguridad”, logrando que las autoridades se coordinaran, indicó.
Hubo en aquellos años -de 2008 a 2010- diversos hechos que dejaron una marca imborrable, como la matanza de Creel, en Bocoyna, y la agresión en Villas de Salvárcar, el coche bomba y el ataque a los funcionarios del consulado de Estados Unidos, en esta frontera.
Aquí radica la mafia
El informe expuesto por Corral detalló incluso los principales asientos o lugares donde la delincuencia organizada estableció sus puntos de operación, como Ahumada, Cuauhtémoc, Madera, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Creel, San Juanito, Ojinaga, Delicias, Aldama, Guadalupe Distrito Bravos y Praxedis G. Guerrero.
El cruce de drogas por la frontera se facilitó por la falta de presencia de policías y la inexistencia de bardas o muros y cómo se desdibuja el cauce del río en la zona del Valle de Juárez, explicó.
Valle de fosas
Es en esa demarcación del Valle de Juárez donde ya se ubicaron 21 puntos donde existen indicios de fosas clandestinas; hasta la fecha -refirió- han excavado en 7 de esos 21 sitios y han encontrado más de 100 cuerpos.
Es obvio que cuando esas personas fueron privadas de la vida sus muertes no engrosaron la incidencia de homicidios, acaso por un acuerdo oscuro entre el Gobierno de entonces y los criminales.
La presencia del crimen organizado es el factor que ha ocasionado el desplazamiento forzado de la población que vivía ahí.
Cuauhtémoc: Epicentro de desapariciones
Respecto a la zona de Cuauhtémoc -agregó-, los grupos delictivos adoptaron la práctica de no solo enterrar, sino también incinerar a sus víctimas, convirtiendo a ese municipio en el “epicentro de la desaparición forzada”, de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional del periodo 2015-2016. Algo que -apuntó- fue descalificado y negado por la anterior administración estatal.
“Contratamos al equipo argentino de antropología forense que había sido despedido por el anterior Gobierno para búsqueda y reconocimiento de personas desaparecidas; ya identificaron a 15 personas con casos de hasta 15, 12, 9, 6 y 8 años y ya hay identificados perfiles genéticos de otras 9 personas”, detalló.
Corrupción política igual a descomposición social
En ese sentido Corral reiteró lo que ha venido repitiendo desde que asumió el cargo:
Que el factor que ha provocado la descomposición social en Chihuahua es la corrupción política, porque en toda la historia del crimen organizado siempre ha habido diversas autoridades que fueron cómplices, acusó.
“Solo se puede entender el poderío y crecimiento de organizaciones criminales, por la protección que autoridades de distintos órdenes de Gobierno les brindaron”, apreció.
Por ejemplo -refirió- en la administración de César Duarte “todo mundo” sabía de El Magic, El Harry Potter, El Chueco, El Chuyín, El Zafiro, El 80, El Tablas, delincuentes líderes del Cártel de Sinaloa y del Cártel de Juárez, de los cuales durante seis años se conoció su acción generadora de violencia.
Pero ninguno tenía una sola carpeta de investigación abierta, mucho menos una orden de aprehensión.
Recordó que en la primera reunión de seguridad con el gobierno de la República de Enrique Peña Nieto supo que de los 43 objetivos nacionales -entre líderes del narco y generadores de violencia- siete eran de Chihuahua.
Sumados a los 25 que se tenían identificados aquí por la autoridad local, sumaban 32 objetivos prioritarios y ninguno estaba siendo investigado ni en el Gobierno estatal ni en el federal.
La presión del narco
La situación al inicio del periodo 2016-2021 estuvo marcada además por una presión del narco para obligar al nuevo gobierno a negociar.
“Cuando yo llegué de gobernador en octubre de 2016 a mí me inauguraron también como están inaugurando al presidente; me dieron una sacudida (…) ese mes yo supe lo que es perder el sueño”.
Como en los años 2015 y 2016 las organizaciones criminales no fueron perseguidas, crecieron e iniciaron un nuevo ciclo de degradación, generando más violencia, y como la administración fue recibida en bancarrota, hacerle frente a la delincuencia fue aún más complicado.
En la Fiscalía había un déficit de 71.8 millones de pesos, se debían otros 416 millones a proveedores.
Para colmo de males, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se había desviado a objetivos electorales.
Brazos caídos
En cuanto al estado de fuerza -dijo Corral-, cerca de 500 policías de investigación trabajaban como escoltas privados y debido a las diferencias políticas con el gobierno de Peña, ocasionadas por la operación Justicia para Chihuahua, que enfilaba sus investigaciones hacia la propia Presidencia, las fuerzas armadas asumieron una política de “brazos caídos”.
“El problema político y de confrontación que el Gobierno de Chihuahua tuvo con el Gobierno federal por la operación Justicia para Chihuahua generó una política de brazos caídos por parte de las Fuerzas Armadas”, reprochó.
En Ciudad Juárez el número de elementos federales no llegaba ni a 400, cuando en el pasado llegó a haber hasta 10 mil, ejemplificó.
De la narcopolítica al narcogobierno
Recordó que fue en el sexenio de César Duarte cuando los grupos del narco empezaron a imponer en municipios de la sierra no solo a candidatos, y no solo de un mismo partido, sino también a directores de seguridad pública, tesoreros o secretarios de desarrollo social.
Con estos últimos se configuró el modelo de los que definió como “narcos sociales”, que se dedicaban a usar presupuestos públicos y dinero sucio para resolver problemáticas sociales.
¡Peligro, narcos a la vista!
Alertó que líderes criminales que fueron detenidos en los años 2010, 2011 y 2012, en estos tiempos están recuperando su libertad y eso debe significar un reto para todas las autoridades del país.
Porque al salir libres ninguno de ellos va a estar rehabilitado, pues incluso desde la cárcel continuaban dirigiendo operaciones criminales.
La estrategia… los retos
De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE) denominado “La seguridad en Chihuahua, retos y estrategias”, que el gobernador Javier Corral tomó como base para exponer el seminario “La Violencia en Chihuahua” en El Colegio de México, cada región del estado ha implicado una estrategia diferente para la recuperación de la paz.
Ciudad Juárez, con el 62 por ciento de los homicidios dolosos que ocurren en el estado, encabeza las zonas densamente urbanas de la entidad donde el principal factor de violencia es el consumo de drogas y el narcomenudeo.
Están incluidas en esa clasificación la ciudad de Chihuahua, Parral y Cuauhtémoc y en conjunto con Juárez constituyen la primera estrategia de inteligencia.
En dichas ciudades hay una fuerte presencia de miembros de la delincuencia organizada que aprovechan para confundirse entre los demás habitantes e inician fuertes negocios al amparo del flujo que les genera la riqueza del narco.
En el caso específico de Ciudad Juárez, explicó que la acción de combate a los grupos delictivos debe ir acompañada de acciones para abatir el rezago social e investigaciones de inteligencia financiera.
“Dos frentes son con los que hay que combatir la inseguridad en Ciudad Juárez, por supuesto la política de seguridad, la estrategia, y la otra es el tema de carácter social frente al rezago”.
Y el tema de salud en materia de adicciones y esa dispersión territorial, y esa falta de identidad que se ha producido en la propia comunidad”, apuntó.
Estrategias 2 y 3, la Sierra y las rutas
En la zona serrana, seis municipios concentran la mayor parte de la producción de mariguana y amapola: Guadalupe y Calvo, Guachochi, Madera, Gómez Farías, Chínipas y Bocoyna, y estos constituyen la segunda estrategia.
La tercera estrategia está enfocada en la ruta del trasiego de la droga, que incluye los municipios de Cuauhtémoc, Parral, Gran Morelos, Ahumada, Galeana, Buenaventura, Aldama y Ojinaga.
Esos lugares marcan el camino que usan los narcos para llegar a la frontera; por lo mismo se han convertido en espacios donde se mueven grupos fuertemente armados, que “protegen” las brechas para que sus cargas lleguen a Estados Unidos.
Silencio por temor
“Cada región requiere una estrategia diferente. La segunda y tercera región no se atendía, las desapariciones eran cosa cotidiana y los enfrentamientos se ocultaban, nadie sabía lo que ocurría en la Sierra”.
“La gente callaba por temor y cada vez eran más frecuentes los retenes en los caminos de la Sierra”, refirió el gobernador Javier Corral respecto a las tres estrategias implementadas por su Gobierno para recuperar la paz y contener la delincuencia.
La descomposición entre las bandas criminales fue más acelerada y eso trajo como consecuencia más enfrentamientos con cada vez mayor uso de armas de alto poder.
Cuando él asumió la gubernatura -expuso- se dejó de dar protección con la policía estatal, se puso énfasis en revisar las policías municipales y se dejaron de aceptar “las maletas de dinero” en Palacio de Gobierno y en Fiscalía.
Llega la reingeniería
A partir de octubre de 2016 la FGE entró en proceso de reingeniería y redefinición de su estructura organizacional, haciendo un cambio gradual basado en investigación y evidencia.
Empezaron a hacer rotación de personal y así lograron que quienes tenían relación con grupos criminales dejaran el servicio público de manera voluntaria.
Si se hubiera usado el método de la fuerza para depurar, se habría provocado un baño de sangre, estimó.
Las cuatro acciones torales fueron crear la Comisión Estatal de Seguridad, depurar los cuerpos policiacos, impulsar reformas en el Poder Judicial y reclutar policías, ministerios públicos y peritos con una nueva y alta moral.
Tetralogía vs la violencia
Destacó igualmente la implementación de la Tetralogía de la Investigación, en la que se incluye un investigador, un agente del Ministerio Público, un perito y –de manera novedosa- un analista.
Todas estas acciones –evaluó- han permitido que se logre más del 95 por ciento de sentencias condenatorias.
Tal como lo adelantó el fiscal Peniche en el reportaje Los Desplazados en octubre de 2018, Corral refirió que existe el plan de instalar cuarteles estatales en la sierra.
En Guachochi, Guadalupe y Calvo, San Juanito (Bocoyna) y el Valle de Juárez ya tienen los terrenos; en Madera ya están terminando la construcción y en Creel ya está en funcionamiento.
En cada uno de esos inmuebles habrá un máximo de 200 elementos.
A la fecha la Fiscalía ha ejercido 200 millones de pesos en infraestructura y para 2019 se tienen contemplados cien millones más.
Desde hace dos años la FGE, a través de CES, asumió el mando de seguridad en 7 municipios que claramente estaban comprometidos con grupos delincuenciales.
¿Número fríos o números rojos?
Del total de homicidios dolosos ocurridos en el estado durante el quinquenio de Javier Corral, el 78 por ciento están vinculados a delincuencia organizada, señala un reporte oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE) disponible en Internet.
En 2018, el 56 por ciento del total de homicidios ocurridos en la entidad tuvieron lugar en Ciudad Juárez, para 2019 el porcentaje subió al 59 por ciento.
Asimismo, el 86 por ciento de los homicidios ocurridos en esta frontera, casi 600 hasta el último reporte periodístico de mayo, están ligados también a la delincuencia organizada.
Año Estatal Juárez
2015 1,151 312
2016 1,470 545
2017 2,012 771
2018 2,244 1,245
2019 791 466 (abril)
El estado tiene el quinto lugar nacional en cuanto a incidencia de homicidio doloso, solo debajo de Guanajuato, México, Jalisco y Baja California.
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