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Seguridad

“Sí son terroristas”, afirma Maru Campos sobre grupos criminales

Pide que le entreguen al estado las facultades y el armamento para combatirlos

Por Alejandro Salmón Aguilera | Norte Digital | 11:22 am 19 agosto, 2026

La gobernadora María Eugenia Campos Galván afirmó este miércoles que los grupos criminales señalados por autoridades de Estados Unidos “sí son terroristas”, y pidió al Gobierno federal prestar atención a la situación de seguridad que enfrenta Chihuahua.

La declaración se produjo al ser cuestionada sobre la manera en que deben ser considerados los grupos del crimen organizado que operan en la entidad.

De acuerdo con la declaración difundida este miércoles por medios locales, Campos Galván sostuvo que la defensa de Chihuahua en materia de seguridad implica reconocer los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses contra estas organizaciones.

De acuerdo con información difundida por el Gobierno estadounidense, los cárteles mexicanos son los de Sinaloa; Jalisco Nueva Generación (CJNG); Cárteles Unidos; del Noreste; del Golfo; La Nueva Familia Michoacana. El pasado julio pasado, se añadieron a esa lista el Cártel de Juárez (La Línea) y Los Viagras.

“Sí son terroristas”, afirmó la mandataria.

Pide facultades y armamento para enfrentarlos

Campos reclamó además mayores capacidades para que el Gobierno del Estado pueda enfrentar a las organizaciones criminales, al señalar que existen limitaciones legales y operativas para las corporaciones estatales.

“Quisiéramos que nos compitiera a Gobierno del Estado, pero no podemos”, expresó.

Explicó que una de las principales limitaciones está relacionada con el uso de la fuerza y el armamento disponible para las corporaciones estatales.

“Empezando por el uso de la fuerza, es una facultad porque no podemos usar armas largas, porque no podemos tener las herramientas que tiene el Gobierno Federal contra los que se portan mal”, señaló.

A juicio de la gobernadora, esas restricciones disminuyen la capacidad de las autoridades estatales para enfrentar y expulsar de Chihuahua a los grupos criminales.

“Eso disminuye mucho la capacidad de sacarlos. No los queremos aquí”, agregó.

La clasificación de Estados Unidos

Las declaraciones de Campos ocurren en un contexto en el que Estados Unidos ha utilizado la figura de organizaciones terroristas extranjeras para designar a diversos grupos del crimen organizado mexicano.

La gobernadora ha defendido previamente una postura de firmeza frente al crimen organizado y ha sostenido que Chihuahua debe combatirlo con toda la fuerza disponible, aunque también ha insistido en que las autoridades deben actuar dentro del marco legal.

En mayo pasado, después del operativo realizado en la Sierra Tarahumara para desmantelar un narcolaboratorio, Campos afirmó que su administración tenía claro desde el inicio que debía combatir “con toda la fuerza” al crimen organizado, pero subrayó que los servidores públicos deben ajustar su actuación a lo que establece la ley.

La mandataria también ha defendido los resultados del operativo, en el que fueron aseguradas grandes cantidades de precursores químicos y sustancias relacionadas con la producción de drogas sintéticas.

Ya existe el delito de terrorismo: Morena

El coordinador parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, quien pidió analizar el asunto conforme al tipo penal previsto en la legislación mexicana.

Estrada sostuvo que el terrorismo, al igual que el homicidio o el robo, debe reunir todos los elementos establecidos por la ley para que pueda considerarse cometido.

“¿Quién lo determina? Primero una fiscalía con una carpeta de investigación y posteriormente un juez”, afirmó.

El legislador consideró que no basta con la apreciación de un funcionario para determinar jurídicamente que una persona o grupo es terrorista.

“Todos los que tienen determinada conducta son terroristas? No lo creo”, señaló.

Estrada reconoció que el delito de terrorismo existe en la legislación mexicana y que, por lo tanto, puede ser cometido en el país, pero insistió en que corresponde a las autoridades ministeriales y judiciales determinar si una conducta concreta encuadra en ese delito.

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