El gobierno mexicano se dijo optimista de que prosperará la demanda por “comercio negligente” en contra de empresas que manufacturan, distribuyen y venden armas en los Estados Unidos, la cual fue desechada hace varias semanas por un juez, motivo por el que hoy se realizó la sesión de apelación.
Sin embargo, reconoció que, si procede dicha querella, pasarán de 6 a 8 meses, y posteriormente, la demanda sería devuelta a un juez para que dé continuidad al caso que se puede prolongar por años, motivo por el que el consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), Alejandro Celorio Alcántara, consideró que, de ganar, los beneficios por los que pretenden obtener 15 mil millones de dólares, ya no le tocarían a este gobierno.
“Las demandas civiles y este es el caso contienen varios petitorios, uno de ellos es que se cobra por los daños sufridos por el gobierno de México por el tráfico ilícito generado por sus prácticas negligentes, y que según estimados, el gobierno de México ha gastado cerca de 15 mil millones de dólares, equivalente al 5% de su producto interno bruto en responder a la violencia generada por el tráfico ilícito de armas”, indicó al término de la audiencia ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, Massachusetts.
“Lo que se haría con ese dinero, o lo que normalmente ocurre, es que el recurso entraría directo a la tesorería como gasto corriente del gobierno como parte del presupuesto, y el uso de esos recursos será decisión del gobierno en turno, seguramente ya no le tocará este. Es un tema que demorará en términos judiciales, pero somos optimistas en que prosperará”, agregó.
El segundo petitorio, señaló, es que las empresas demandadas “cesen de conducirse de manera irresponsable” y modifiquen sus prácticas comerciales para evitar que el tráfico se dé en un futuro.
El funcionario explicó que, durante la audiencia de apelación, se presentaron los argumentos tanto del gobierno de México como de las empresas de armas, cuyo representante principal es uno de los abogados que defienden a Donald Trump.
“Como parte de nuestros argumentos se insistió en que la ley que ofrece ciertas inmunidades a la industria de las armas en los Estados Unidos contra demandas por responsabilidad civil, no aplica por daños ocurridos en México; el segundo argumento es que si esta ley de inmunidades aplicara, pues se tendría que estudiar si es el derecho sustantivo mexicano el que aplica o el derecho estadounidense, es una cuestión de conflicto de leyes; y el tercer argumento es que si esta ley de inmunidades, mejor conocida como PLACA, es vigente para este caso, pues el gobierno de México puede recurrir a ciertas excepciones que incluye esta ley y nuestro litigio tendría que proceder”, puntualizó.
Celorio Alcántara consideró que, durante la audiencia, los tres jueces que participaron, dos hombres y una mujer, escucharon con atención los argumentos, y denotaron que habían leído los escritos y que estaban enterados del desarrollo de dicho litigio: “Hicieron preguntas muy puntuales a ambas partes y mostraron mucho interés en los argumentos, tanto de las empresas demandadas como del gobierno de México”.
Sobre los escenarios, el consultor jurídico expuso que el mejor de los escenarios es que la corte de apelaciones decida que el juez de distrito Federal erró en su análisis jurídico y le ordene que el litigio continúe y vuelva a revisar los argumentos, mientras que el peor escenario es que le dé la razón al juez de primera instancia.
“El gobierno de México está muy complacido con el trabajo de nuestro equipo legal, fue una muy buena oportunidad para reiterar el daño que sufren las personas mexicanas por el tráfico ilícito de armas que no deberían de existir en nuestro país”, concluyó.
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