Con el voto en contra de toda la oposición, el Pleno del Senado de la República aprobó con 63 votos a favor y 43 en contra, la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Tras un largo debate en el que todos los grupos parlamentarios fijaron sus posicionamientos, y mientras el bloque oficialista afirmó que a nadie se le puede obligar mantenerse en un cargo público en el que no desea estar, los senadores opositores aseguraron que no se justifica la causa grave que establece la Constitución para estos casos.
Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que al anunciar su dimisión, Zaldívar Lelo de Larrea, planteó motivos suficientes para abandonar su cargo en el máximo tribunal del país, por lo que exhortó a votar en favor, al considerar “válidos” sus argumentos.
“En la renuncia, el ministro textualmente dice: ‘Estimo que es de la mayor importancia sumarme a la consolidación de la transformación de México desde los espacios que me brinden la oportunidad de tener incidencia en la construcción de un país más justo y más igualitario en la que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan. Espero poder seguir colaborando hacia el México de todas y de todos’. Esta es una causa suficiente para presentar su renuncia”, explicó.
La senadora panista Indira de Jesús Rosales, lamentó que Arturo Zaldívar no haya comparecido para explicar las causas de su renuncia y adelantó el voto de su partido en contra del dictamen.
El coordinador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, señaló que ni Zaldívar goza ya de la templanza de un buen juez ni existe la causa grave que exige la Carta Magna para esta renuncia, que “debilita a la Suprema Corte de 11 jueces y fortalece el poder defensor de la Constitución de un solo individuo”.
Dijo que que no es cierto que Zaldívar “haya visto ni mucho menos quiera ver hoy por los más vulnerables”, pues en julio de 2002, “el abogado Zaldívar ni veía por los más pobres y no tenía asuntos marginales, estaba posicionado con los más grandes intereses económicos, con los banqueros y logró junto con sus socios (…) asesorar con demandas de amparo y con fallos de un Poder Judicial, que no era corrupto, presionar al IPAB para evitar la reversión de créditos otorgados por el Fobaproa, que significaron 72 mil 700 millones de pesos”.
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