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Secuestro en mina de Sinaloa ya tenía señales de alerta; Sheinbaum ordena operativo federal

Amenazas previas ignoradas, 10 trabajadores desaparecidos —entre ellos un ingeniero originario de Meoqui, Chihuahua— y un despliegue federal instruido por la presidenta marcan la investigación del caso ocurrido en La Concordia

Por Redacción | Norte Digital | 8:17 am 2 febrero, 2026

El secuestro de 10 ingenieros y trabajadores mineros en Concordia, Sinaloa, ocurrido el pasado 23 de enero, estuvo precedido por señales de riesgo que no fueron atendidas, entre ellas amenazas directas registradas desde abril de 2025, de acuerdo con testimonios de familiares.

Las víctimas fueron privadas de la libertad cuando un grupo armado irrumpió en el campamento donde se alojaban, en la zona serrana donde opera el proyecto minero Pánuco, de la empresa canadiense Vizsla Silver. Tras el ataque, la compañía confirmó la desaparición de su personal y suspendió operaciones por motivos de seguridad.

Ante la gravedad del caso, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó un operativo federal de gran escala, con el despliegue de alrededor de 1,190 elementos del Ejército, Guardia Nacional, fuerzas especiales y personal ministerial, enfocados en la búsqueda de los trabajadores y el control de la región.

Amenazas previas

Familiares de uno de los ingenieros revelaron que en abril de 2025 ya había sido advertido por hombres armados para abandonar la zona minera, un antecedente que hoy cobra peso en la investigación. Hasta ahora, no se ha informado públicamente de acciones preventivas derivadas de esas amenazas.

Entre los trabajadores privados de la libertad se encuentra Saúl Alberto Ochoa Pérez, originario de Lázaro Cárdenas, municipio de Meoqui, Chihuahua, lo que activó la coordinación entre autoridades de Sinaloa y Chihuahua, así como la emisión de fichas de búsqueda. Su caso ha generado preocupación entre familiares y comunidades técnicas del estado.

La Fiscalía de Sinaloa mantiene abierta una carpeta por desaparición cometida por particulares, con apoyo de instancias federales. Hasta el momento, no se ha reportado comunicación con los captores ni exigencias económicas, lo que incrementa la incertidumbre sobre el paradero de las víctimas.

El caso vuelve a colocar bajo la lupa la seguridad en zonas mineras y la atención a amenazas previas, mientras las familias exigen resultados en un operativo que ya cuenta con orden presidencial, pero cuyos avances siguen siendo limitados.

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