El Congreso local de Chihuahua, aprobó presentar una Controversia Constitucional en contra las reformas a la Constitución Política del país que modifica prácticamente todo lo relacionado con el sistema judicial, tanto en el ámbito federal como en el de los estados.
El punto de acuerdo recibió la aprobación del bloque PRIAN-MC. En contra votaron la bancada de Morena, integrada por 12 diputados, las dos diputadas del Partido del Trabajo y por el diputado Octavio Javier Borunda, del Partido Verde Ecologista de México.
El exhorto va dirigido al bloque opositor al régimen de la 4T, que es una minoría parlamentaria en Senado de la República, para que promueva una acción de inconstitucionalidad contra de dicho decreto.
El mismo exhorto se le hizo a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
“Promover un medio de impugnación desde este Congreso contra la reforma centralizadora, es más necesario que nunca”, dijo el diputado Francisco Adrián Sánchez Villegas, de Movimiento Ciudadano, autor de la iniciativa.
Señaló que existe un escenario en el que el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá no alcance la votación necesaria para la declaración de invalidez de las reformas aprobadas en el Congreso de la Unión.
Dichas reformas contemplan que los ministros de la Corte, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como jueces y magistrados estatales, sean nombrados mediante el voto popular.
“Es necesario que la Suprema Corte se pronuncie en concreto sobre la aplicación de esta reforma en Chihuahua y el ataque que recibimos a nuestra soberanía”, declaró.
En la tribuna del Congreso, aseguró la mayoría morenista y sus aliados en el Congreso de la Unión crearon “una crisis en la división de poderes, subordinando el Poder Judicial al Ejecutivo”, al aprobar la reforma mencionada.
Mencionó que el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula quiénes pueden promover Controversias Constitucionales, en el caso la Federación y un Entidad Federativa.
La citada reforma tiene vigencia desde el 15 de septiembre, tras ser publicada en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial.
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