Personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez incrementó sus acciones para detectar a negocios que reciban el servicio bajo el régimen domiciliario, irregularidad que genera sanciones de hasta 85 mil pesos.
Dio a conocer que ha reforzado las acciones de inspección y verificación para detectar irregularidades en el uso de los servicios de agua potable para garantizar un cobro equitativo y el cumplimiento de la normatividad vigente.
Trabajadores del organismo operador del agua realizan revisiones para verificar que los usuarios cuenten con el tipo de contrato correspondiente a la actividad que desarrollan, evitando que establecimientos comerciales operen bajo tarifas destinadas al uso doméstico, indicó Edgar Rivas, jefe del Departamento de Operaciones Comerciales.
Explicó que para regular los contratos del servicio de agua potable, se verifica que los documentos correspondan al giro correcto de la actividad que se desarrolla y, en caso de detectar alguna irregularidad, se aplica la sanción correspondiente.
Si se usa una tarifa doméstica para operar un negocio, ese hecho constituye una falta que puede derivar en sanciones económicas de hasta los 85 mil pesos por el uso indebido de una toma contratada para un fin distinto al autorizado, expresó.
Personal de Guardianes del Agua, continuó, realiza recorridos e investigaciones por todos los sectores de la ciudad para identificar establecimientos, como jardines de eventos, terrazas y otros negocios, que operen sin el contrato correspondiente a su actividad.
Indicó que ese grupo se encarga de llevar a cabo investigaciones para detectar establecimientos clandestinos que no cuenten con su contrato en el giro correcto.
Adicionalmente, mencionó, también se aplican sanciones por diversas irregularidades relacionadas con el servicio, como el desperdicio de agua potable y la manipulación de medidores.
También por utilizar tomas clandestinas y otras infracciones, cuyas multas comienzan desde los 5 mil 500 y pueden elevarse hasta los 87 mil 300 pesos, advirtió.
Ante la situación, convocó a propietarios de comercios e industrias a que verifiquen que sus contratos estén actualizados y correspondan al uso real del inmueble para evitar sanciones y procesos de regularización.
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