El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Chihuahua, Efraín Alcantar Alvídrez, aseguró que actores políticos han retomado el conflicto hídrico como bandera electoral, repitiendo —según dijo— el mismo patrón que se observó en 2020 y 2021.
“Estamos a menos de un año de arrancar el proceso electoral y ya se está usando este asunto con fines partidistas”, declaró en conferencia de prensa.
El funcionario respondió así a los señalamientos emitidos por legisladores y figuras políticas del PRI, PAN y otras fuerzas partidistas, quienes han acusado que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales pone en riesgo el derecho de los productores a trasladar el agua junto con la tierra.
Uno de los puntos más polémicos del debate ha sido la supuesta prohibición para transferir concesiones de agua junto con los predios agrícolas. Alcantar afirmó que ese escenario no existe y que el principio “tierra-agua” permanece intacto.
“Si un productor compra un predio con un pozo registrado, podrá acudir a Conagua con su escritura para solicitar la transferencia del título sin ningún problema”, aseguró. Añadió que los trámites deberán resolverse en un plazo máximo de 20 días para evitar burocracia y agilizar procesos.
También señaló que las herencias, sucesiones y compraventas seguirán operando bajo el mismo esquema actual, sin modificaciones.
Productores aseguran falta de diálogo; Conagua lo niega
Ante los reclamos de agricultores que dijeron haber sido ignorados en Ciudad de México, Alcantar respondió que “todos los espacios estuvieron abiertos”.
Según informó, durante una semana se realizaron mesas de trabajo en la Cámara de Diputados con la participación de funcionarios, legisladores, exlegisladores, organismos operadores y productores.
“Desconozco por qué no asistieron, pero jamás se les ha cerrado la puerta”, sostuvo.
Sanciones duras: solo para quienes lucren con el agua
La reforma contempla multas de hasta medio millón de pesos y penas de hasta 12 años de prisión por prácticas ilegales relacionadas con la explotación del agua. Diputados del PRI advirtieron que estas medidas podrían ser excesivas y poner en riesgo derechos constitucionales.
El titular de Conagua respondió que dichas penalidades no aplicarán a productores con aprovechamiento agrícola o pecuario legítimo, sino exclusivamente a quienes “vendan, comercien o lucren” con el recurso, así como a funcionarios que faciliten trámites a cambio de dinero.
También precisó que las sanciones incluyen la alteración de medidores, la construcción de represas sin autorización y el desvío del agua con fines comerciales ilícitos.
Sobre la crítica que advierte que la dependencia no tiene capacidad para asumir nuevas atribuciones, Alcantar rechazó esa versión. Aseguró que la reforma fortalece facultades de investigación y sanción para recuperar la rectoría del agua en el país, y que la institución cuenta con capacidad para implementarlas.
Incluso señaló que, cuando sea necesario, podrán coordinar operativos con la Guardia Nacional para intervenir y clausurar pozos irregulares.
Pozos clandestinos: número incierto, problema real
Respecto a la estimación de cinco mil a ocho mil pozos ilegales en el estado, Alcantar reconoció que es difícil precisar la cantidad exacta debido a que muchos están fuera de registro. Sin embargo, insistió en que el objetivo de la reforma es frenar prácticas que afectan a usuarios con derechos legítimos, particularmente aquellas derivadas de transmisiones de volumen sin control.
Recordó que continúa vigente un decreto de facilidades administrativas para regularizar ocho mil títulos vencidos, además de inversiones por 2,300 millones de pesos en tecnificación de riego —lo que, dijo, desmiente que exista abandono al campo.
