En lo que es considerado el más grande escándalo de presuntos actos de corrupción dentro del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, el pleno del Tribunal Superior de Justicia pospuso esta tarde la votación para reponer el proceso de elección de 56 jueces y magistrados que habría resultado “amañado”, según ha denunciado el consejero de la Judicatura Joaquín Sotelo Mesta.
El proyecto del magistrado Marco Emiliano Anchondo y que fue leído ante el pleno, iba orientado en concordancia con lo que dispuso la jueza Décimo de Distrito, Matilde González, quien ordenó en junio de 2019 remover a los 56 jueces de primera instancia y reponer todo el procedimiento que utilizó el Consejo de la Judicatura por considerar que se violaron los principios de transparencia, certeza y legalidad en clara afectación a los derechos de unos 300 interesados que presentaron sus exámenes.
El pleno del Tribunal Superior de Justicia desconoció el proyecto del magistrado Marco Emiliano Anchondo Paredes y consideró que se debe presentar un nuevo proyecto que le fue encargado ahora al magistrado Rogelio Guzmán Holguín junto con los magistrados que se opusieron a la propuesta de Anchondo Paredes.
La mayoría de los 44 magistrados que conforman el pleno minimizaron el problema y estuvieron de acuerdo que el asunto no era para anular la elección de jueces, pues si el proceso tuvo irregularidades, quienes menos culpa tenían eran los jueces designados, dijeron.
Marco Emiliano Anchondo insistió en que había una serie de pruebas que documentaban las irregularidades, desde la convocatoria, la falta de publicación de las calificaciones, hasta el tiempo otorgado para estudiar de los prospectos antes de su examen.
En agosto de 2018, finalmente la entonces titular de la Judicatura, Luz Estela Castro, y a la vez responsable de la Carrera Judicial, dio a conocer los resultados, mismos que fueron impugnados y que derivó en una serie de denuncias y amparos.
Luego, a mediados de 2019, la juez Décimo de Distrito ordenó la remoción de los 56 jueces y juezas penales, civiles y familiares designados, ante la sospecha de que los resultados fueron modificados.
Durante la sesión del pleno este día, Marco Emilio Anchondo se opuso a hacer un nuevo proyecto al considerar que el que presentó estaba bien fundamentado. La magistrada Adela Jiménez, aseguró que resultaban “absurdos e incongruentes” los argumentos del proyecto.
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