La existencia de lagunas legales que permiten a entes privados hacer uso discrecional de recursos, deberían ser objeto de mayor atención a nivel legislativo.
Esto en opinión de Ileana Hidalgo Rioja, alta ejecutiva del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La funcionaria, actual secretaria de Acceso a la Información en el INAI, calificó de muy importante que la labor legislativa se enfoque en este rubro, para evitar que existan conflictos de interés como los señalados en el caso del Banco de Alimentos de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac).
“Creo que es muy importante que sí haya algunas propuestas legislativas en torno a la regulación de los recursos; esto hablando de empresas, de las personas morales, incluso aunque no sean recursos públicos”, afirmó.
Respecto al Banco de Alimentos de la Fechac, Hidalgo Rioja manifestó que también debe transparentar el uso de los recursos destinados a su construcción; esto para frenar las posibilidades de un manejo discrecional de los mismos, y que la ciudadanía tenga claro que son ejercidos responsablemente.
“Se supone que las hay (reglamentaciones de transparencia), en sus estatutos, todos tienen un comité de vigilancia que se supone que supervisa y todo eso; pero creo que sí deberían de tener estándares mínimos de transparencia y de rendición de cuentas para que quede claro y no haya suspicacias”, indicó.
Manifestó que a nivel federal actualmente ya las personas físicas y personas morales que ejercen recursos públicos están obligados a transparentar.
“Tenemos incluso un padrón que está publicado en la Página Nacional de Transparencia, y que publicamos en el Diario Oficial de la Federación; es el padrón de personas físicas y morales que son los que tienen obligaciones de rendir cuentas porque ejercen justamente recursos púbicos”, expresó.
Manifestó que pese a estar ya regulado en la ley, con cerca de cuatro mil registros en el padrón, existe mucho desconocimiento en la materia.
“Lo que hacemos es que solicitamos a todas las dependencias de gobierno que nos informen a qué personas físicas y morales les entregan recursos públicos; para entonces tenerlos en este padrón y obligarlos a que rindan cuentas por ese recurso público otorgado por el estado”, destacó.
Manifestó que el Instituto de Transparencia de Chihuahua debe tener parámetros para poder identificar este tema, y saber si hay o no reglamentación al respecto.
“Y en caso de que no la hubiera, entonces sí solicitarla”, remató.
La Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua sí contempla a los entes privados como sujetos obligados a rendir cuentas.
En su apartado V del artículo 32, la ley señala como sujetos obligados a empresas de Participación Estatal y Municipal, Fideicomisos Públicos y Fondos Públicos.
“Quedan incluidos dentro de esta clasificación todos los órganos y dependencias de cada Sujeto Obligado”, puntualiza la legislación. Y expone que fideicomisos y fondos públicos que carezcan de estructura orgánica, deberán cumpllir a través de la unidad administrativa responsable de coordinar su operación.
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