“Estamos listos para dar la batalla política y legal contra el abuso y el atropello”, sentenció el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, al Gobierno federal, el pasado 26 de octubre, a lo que se sumaron nueve gobernadores, que desde hace meses amagan con sacar a sus estados del pacto fiscal.
Los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo Léon, Michoacán y Tamaulipas, argumentan que la Federación les regresa muy poco de todo lo que entregan al país.
¿Qué tan fácil es abandonar el pacto fiscal?
La revista Expansión Política se dio a la tarea de consultar a tres especialistas. Se les preguntó ¿qué tan fácil es que los estados dejen el pacto fiscal? Esto es lo que le respondieron:
Mario Campa, economista y especialista en política pública del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, dijo que para Jalisco sería muy complicado salir, así como para otros estados del Pacto de Coordinación Fiscal, que no son autosuficientes y que el dinero que generan no podrían subsistir con sus propios recursos.
«La amenaza de salirse del pacto de coordinación fiscal es creíble para uno o dos, quizá para Nuevo León, porque tiene una de las economías más grandes de país”.
En el caso de Jalisco, su estado, saldría perdiendo porque 9 de cada 10 pesos que recibe proceden de la Federación. “Cuidado con un balazo en el pie”, publicó el especialista en su redes sociales.
Octavio Camacho, especialista en derecho, dijo que “no es viable romper el federalismo, porque este nace para tratar equitativamente las diferencias del norte, centro y sur del país”.
Recordó que el pacto fiscal permite una asignación equitativa de los impuestos, ya sean locales (estatales) o federales y su posterior distribución entre la Federación, estados y municipios.
El director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Héctor Villarreal, dice a la publicación que “la Constitución establece cómo incorporarse al pacto de coordinación fiscal, pero no cómo salir de él”. Seguir el camino judicial para la desincorporación, terminaría en un litigio que podría durar “meses, si es que no años”, expresó.
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