Al rendir su primer informe de labores como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Pablo Héctor González Villalobos omitió referirse a la controversia del pasado mes de junio, cuando el Consejo de la Judicatura Federal ordenó anular la elección de 56 jueces y magistrados estatales.
Las controversias, interpuestas vía amparo por jueces provisionales, deberán ser resueltas ahora por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Judicatura del Estado de Chihuahua tiene ahora la obligación de reponer el proceso de elección que, según se dijo, fue presuntamente intervenido por la titular del Consejo de la Judicatura Estatal, Luz Estela Castro, de quien tampoco hubo mención en el informe de Pablo Héctor González.
El informe de labores fue realizado la tarde de este miércoles en sesión plenaria pública en el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia, ante la presencia del gobernador Javier Corral y del diputado Jorge Soto, en representación del Poder Legislativo.
A través de un video fueron detalladas algunas de las actividades realizadas durante el último año.
Fue resaltado que en Ciudad Juárez se integró bajo la modalidad de audiencias concentradas el Primer Tribunal Especializado en Narcomenudeo, modelo pionero en el país que permitirá disminuir el tiempo de la formulación de imputación y la autorización de la suspensión condicional del proceso.
También se resaltó la presentación del proyecto de Tribunal Especializado en Violencia de Género, el cual tiene la intención de eficientar la impartición de justicia, y permitirá que un solo juez con jurisdicción mixta, atienda procedimientos penales y familiares.
Por otro lado, fue resaltada la evaluación que hizo México Evalúa al referirse a Chihuahua como uno de los tres estados del país, junto con Querétaro y Guanajuato, donde hay mayores avances en la consolidación del Sistema de Justicia Penal.
Asimismo, se dio a conocer que de manera unitaria o colegiada, las distintas salas en materia civil, familiar, penal, de adolescentes y de justicia administrativa resolvieron 7 mil 144 recursos, en tanto que los jueces civiles de primera instancia concluyeron 18 mil 037 expedientes, así como 32 mil 448 de la instancia familiar y 12 mil causas penales, con 56 mil audiencias llevadas a cabo.
“A diferencia de otros poderes, de otras autoridades, quienes conformamos el Poder Judicial no hemos sido electos popularmente, no recibimos el voto directo de la ciudadanía y por lo tanto no tenemos una legitimidad democrática fundamentada en un proceso electoral”, dijo el magistrado presidente.
“Creo que la legitimidad del poder que ejercemos cada vez que dictamos una resolución y resolvemos un conflicto de derecho, es una legitimidad que solo se obtiene cuando actuamos en dos condiciones: la primera, la integridad ética y, la segunda, actitud técnica y el conocimiento del derecho”. Finalmente, Pablo Héctor González Villalobos resaltó como “el mayor logro de este año”: el haber logrado la basificación de casi 300 funcionarios en el ámbito jurisdiccional, que tenían años trabajando por contrato.
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