Con la nueva jurisprudencia en materia de justicia administrativa, el Gobierno estatal, la Suprema Corte y una parte de la prensa en Chihuahua protagonizan un nuevo drama mediático.
Todo comenzó con la resolución de la Corte en el sentido de obligar a que todos los procedimientos administrativos iniciados después del 19 de julio de 2017 debían sujetarse a la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La noticia se interpretó en algunos titulares del fin de semana como una derrota de la operación Justicia para Chihuahua, estandarte político del Gobierno que usó como slogan el Nuevo Amanecer.
Nadie duda que la lucha contra la corrupción, que incluyó llevar a la cárcel a César Duarte y enjuiciar a decenas de sus “cómplices”, fue la meta más importante del gobernador Javier Corral.
Seguro que no le pareció ninguna gracia que en notas de ocho columnas le echaran abajo su principal apuesta.
Eso explica por qué este lunes la secretaria de la función Pública Mónica Vargas y el subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Responsabilidades Sergio Alejandro Ruiz Dávila salieron a la palestra mediática a defender la casa.
“Los procedimientos administrativos en contra del exgobernador de Chihuahua y funcionarios de su administración siguen vigentes”, afirmaron ambos a través de un comunicado.
Después de explicar sus argumentos en una transmisión en vivo, ambos funcionarios aclararon que los procedimientos contra exduartistas se están reponiendo.
Lo anterior a raíz de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en octubre de 2020.
Fueron enfáticos en advertir que la nueva jurisprudencia no suponía en ningún caso una sentencia, o si se prefiere, una derrota para el régimen corralista.
La jurisprudencia indica -precisaron- que los procesos deben adecuarse la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Gobierno debe iniciar 37 expedientes
En el caso de la operación Justicia para Chihuahua se trata de 37 expedientes que deben reiniciarse.
En total -agregaron- se han realizado 75 procedimientos, de los cuales 25 cuentan con resoluciones por diversas sanciones.
Añadieron que algunos -sin especificar cuántos- están siendo “atacados” por los equipos de la defensa de los exfuncionarios en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
Sin embargo, aclararon que las personas involucradas continúan bajo el carácter de presuntos responsables y sus procedimientos seguirán las reglas establecidas en la Ley General.
Lo anterior significa -explicaron- que los procedimientos que se iniciaron bajo una norma diferente, no deben considerarse concluidos.
En el boletín del viernes se informó que de octubre de 2016 a junio de 2021 la Función Pública inició 290 procedimientos administrativos de responsabilidades; de estos, 52 han sido bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En consecuencia se han emitido 216 resoluciones, 180 inhabilitaciones y 107 sanciones económicas por un monto aproximado a los 623 millones de pesos.
También se han emitido 9 destituciones del puesto, 16 suspensiones y 46 amonestaciones por escrito.
Sobre los 37 expedientes cuyos procedimientos deberán reponerse, los funcionarios estatales no indicaron de qué casos se trata.
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