Luego de que Norte Digital informara que la planta manufacturera BRP instaló señalética que prohíbe el paso por la recién construida prolongación Tomás Fernández, el anuncio fue retirado del lugar, y en su lugar se colocaron dos bloques de cemento.
Los trabajos de la prolongación de la referida avenida, se ejecutan en las calles comprendidas entre Francisco Villarreal Torres, al poniente, y la Pascual Ortiz Rubio, hacia el oriente.
Luego del impacto de la noticia, la empresa retiró el letrero que advertía que el nuevo tramo de la vialidad, es un acceso privado para sus empleados.
Al respecto la regidora Tania Maldonado Garduño (MC), coordinadora de la Comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, sostuvo que toda la vialidad es de utilidad pública, de tal manera que aparentemente solo “prohibieron el paso” para el acceso local a la planta industrial, debido a que las obras aún no han concluido.
Subrayó que la vialidad en proceso de construcción es un derecho de vía de uso público, de tal manera que mucho antes de la construcción de la planta manufacturera de vehículos deportivos todo terreno, los instrumentos de planeación de la ciudad identificaron el trazo de la vialidad que pasa enfrente de la maquila.
La Comisión de Desarrollo Urbano, aprobó un dictamen que luego autorizó el cabildo, propuesto por la Dirección General de Desarrollo Urbano, mediante el cual las autoridades municipales firmaron un convenio de colaboración con la persona física Laura Zaragoza, para la construcción de la prolongación Tomás Fernández.
El convenio identificó una afectación a la propiedad de la empresaria, de 4 mil 647 metros cuadrados. En compensación, el Gobierno municipal le pagó con créditos fiscales, por trabajos de compactación del suelo por un monto de 577 mil pesos.
Durante la comparecencia de la directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, en las sesiones de la Comisión, donde se discutió la aprobación del convenio, se especificó que el cuerpo norte de la vialidad, la cual colinda con el frente de la planta industrial, son obras que serían construidas por los propietarios del desarrollo, como parte de las obligaciones que tienen para generar la infraestructura de conexión vial con la ciudad.
De acuerdo con el convenio, el desarrollador dedicaría 1 millón 645 mil pesos para la construcción de la mitad de la vialidad, mientras que con recursos del Municipio y de la JMAS se ejecutaron los trabajos de los servicios de agua y alcantarillado; mientras que las autoridades municipales, construyen el cuerpo sur de la citada rúa.
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