Andrés Domínguez Alderete, director de la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ), compareció este miércoles ante el Cabildo y respondió a los cuestionamientos de los regidores por la construcción de una casa de cambio en terrenos del histórico parque El Chamizal.
El funcionario dijo que en la OMEJ no se cuenta con la documentación que respalda la posesión en comodato del polígono dentro del parque urbano que la dependencia administra como estacionamiento.
Confirmó que él mismo fue quien firmó un contrato de arrendamiento con la empresa Fronteras Unidas S.A., lo cual le permitió construir y operar una superficie de 300 metros cuadrados que se encuentra en posesión de la OMEJ y que se encuentra en un espacio subutilizado.
Domínguez también afirmó que el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar no se dio cuenta del contrato, sino hasta después, cuando ordenó la clausura del negocio. Asimismo, afirmó que el Consejo Consultivo de la OMEJ autorizó el contrato de arrendamiento.
El alcalde señaló ante el Cabildo que se trató de un acto de buena fe, por parte de Domínguez, en cuyas obligaciones y facultades tiene que garantizar la entrada de sus propios recursos para la prestación de los servicios del organismo que, además, opera sin recursos del presupuesto municipal.
Pérez Cuéllar también defendió la decisión de Domínguez, al afirmar que la OMEJ administra un comodato dentro del parque y que al igual que otras personas morales e instituciones, construyen y disponen de los espacios que tienen bajo su disposición dentro del mismo parque, sin que esto les represente un problema de incumplimiento con la ley.
Puso como ejemplo a la familia De la Vega, que construyó infraestructura para el equipo FC Bravos de Juárez dentro del comodato que ostentan en el mismo parque, sin que nadie levantara la voz.
Tanto Domínguez como Pérez Cuéllar hicieron hincapié en que antes de la casa de cambio, durante las administraciones panistas y priistas, en el mismo lugar funcionó un comedor y que nadie se lamentó, como lo hacen ahora.
También reclamó que no es el único contrato de arrendamiento con fines lucrativos dentro del parque.
El alcalde aseguró que se construyó un “circo mediático” para atacarlo en el contexto del proceso electoral, e irónico retó a sus detractores políticos para que, como resultados de las muchas denuncias formales que tiene en su contra, esperen juntos la cita que tienen en las elecciones del 2 de junio de 2024.
Sentenció que en esa fecha es cuando se verá a “quiénes estamos mandando” al basurero de la historia.
La fracción panista fue la que promovió la comparecencia del director de la OMEJ, con el apoyo de los representantes del PRI, Movimiento Ciudadano y dos de las ediles de Morena.
Las regidoras Cecilia Reyes Castro y Vanesa Mora de la O, ambas de la fracción mayoritaria de Morena, demandaron una investigación en contra de Domínguez.
Castro pidió que se le instruyera un procedimiento sancionador, ya que los representantes del Ayuntamiento no podían caer en la misma omisión de los funcionarios de Desarrollo Urbano y Parques y Jardines, que aseguran que no se dieron cuenta del negocio que se estaba construyendo desde agosto de 2023, hasta su clausura el 21 de diciembre del mismo año.
Consideró que el director de la OMEJ debía estar enterado de que se tenían que cumplir los ordenamientos antes de firmar el contrato y tiene que haber consecuencias.
Dijo que no puede ser posible que el negocio tuviera una nomenclatura y número del domicilio asignados por Desarrollo Urbano para sus trámites ante la CFE.
El propio presidente municipal coincidió con el pleno de los diversos representantes del Ayuntamiento, en que la conducta y los actos del director de la OMEJ sean investigados y en su caso, sancionados; y aunque no se tomó en cuenta la propuesta de separarlo del cargo, hecha por la regidora Austria Galindo (PAN), el regidor Pedro Matus (PT) exigió a los panistas que no se le juzgue, ya que tiene derecho a la presunción y al debido proceso acusatorio.
Finalmente, el regidor Joob Quintín Flores (PAN) adelantó que interpondrán una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado.
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