Chihuahua.- Aunque la nueva Reforma laboral, decretada a nivel federal, deberá implementarse en mayo del año próximo, los operadores apenas se encuentran luchando para acceder a los recursos necesarios para su arranque.
En un encuentro encabezado por el secretario estatal del Trabajo y Previsión social, así como operadores del Supremo Tribunal de Justicia, se acordó buscar reuniones con instancias estatales y federales.
La intención es acceder a bolsas de recursos para la consolidación del proyecto.
Y es que tan sólo para su primer año de operaciones, requiere un total de 84 millones 034 mil 542 pesos.
Según el desglose presupuestal, el rubro más alto es el de compra de tecnología, con un total de 47 millones 410 mil 900 pesos; incluidos gastos de operación por un millón 106 mil 603 pesos.
Además, se solicitaron 24 millones 100 mil 208 pesos para pagar salarios a 200 personas que encabecen las diversas áreas.
En el rubro de capacitación de los operadores se requieren 6 millones 334 mil pesos.
Antes de la contratación, deberá darse un concurso, para el cual están solicitando un millón de pesos.
Para adecuaciones de oficina y su mobiliario se pidieron 3 millones 396 mil 836 pesos; 938 mil 377 pesos y 2 millones 457 mil 449, respectivamente.
Para gastos de operación, durante el primer año, se invertirá un millón 793 mil 500 pesos.
Estado interviene en proceso de reforma
Esta semana se llevó a cabo la octava reunión de trabajo entre la Secretaría del Trabajo y el Poder Judicial, donde se intercambiaron inquietudes y propuestas con motivo de la obligatoriedad de esta modalidad.
El acto fue encabezado por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Diodoro Siller Argüello.
Por su parte, mencionó que se cuenta con una estrecha relación para el intercambio de labores y conocimientos; para una transición correcta a la nueva justicia laboral.
Parte de la implementación de la Reforma laboral consiste en la desaparición paulatina de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Empero, continuarán en funcionamiento solamente a fin de liberar el rezago existente.
Las demandas recibidas a partir de mayo 2022 serán puestas, en primer término, en un proceso conciliatorio; en caso de no existir convenio se remitirán a los Tribunales Laborales para su continuidad.
Son añejas las quejas por falta de dinero
En meses pasados, el magistrado Luis Villegas Montes se quejó por no haber recibido financiamientos para su aplicación.
Según las estimaciones dadas a conocer por el funcionario, hacían falta en total 600 millones de pesos para la adecuación de infraestructura, compra de mobiliario y equipos; así como contratación de personal que operará las oficinas.
Los juzgados laborales o juzgados de enjuiciamiento laboral se pondrán en funciones a cargo del aparato estatal, que dependerán del Supremo Tribunal de Justicia.
Por otro lado, los Centros Estatales de Conciliación estarán a cargo del Poder Ejecutivo, y serán órganos descentralizados con patrimonio y personalidad jurídica propia, pero dependerán del Gobierno del Estado.
Este nuevo organismo, que ya opera en ocho entidades del país, se encarga de los registros de sindicatos y contratos colectivos a nivel nacional.
También de vigilar que se respeten los derechos sindicales y los intereses colectivos de los trabajadores.
Además, es responsable de la conciliación en conflictos individuales y colectivos de trabajo de competencia federal.
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