Empleados municipales, apoyados por agentes de la Guardia Nacional y del Ejército, le “cayeron” a El Cuñado, El Negociante, Los Brothers, Islas, 39, Sena, Tío 4 y El Morro, entre otros, durante un operativo para verificar licencias, uso de suelo y condiciones de seguridad en la avenida Manuel Talamás Camandari, al suroriente de la ciudad.
El despliegue comenzó a media mañana, bajo un sol inclemente. Entre el olor a aceite quemado y a llanta vieja, los inspectores de la Dirección General de Desarrollo Urbano pedían documentos y revisaban instalaciones. Afuera, las banquetas lucían como patios improvisados: cofres oxidados, puertas abolladas, llantas apiladas y autos desmantelados bloqueaban el paso peatonal.
En varios negocios, la documentación estaba incompleta o simplemente no existía. Los propietarios que invadían la vía pública con vehículos fueron sancionados con multas cercanas a los 3 mil pesos.
“Estamos implementando medidas para que el reordenamiento urbano se cumpla, porque implica sancionar e impedir la acumulación de residuos, materiales o subproductos en las banquetas. Esto puede provocar incendios o ser un obstáculo para los peatones”, explicó Gibran Solís, director de Limpia.
Personal de la Dirección de Ecología exhortó a los comerciantes a no comprar metales obtenidos mediante quema de plásticos, práctica que implica la quema de llantas y que en las últimas semanas ha incrementado el riesgo ambiental e incluso provocado incendios en esa zona.
Las fuerzas federales no solo permanecieron en la Talamás: también recorrieron vialidades cercanas como las avenidas De las Torres y Juan Pablo II. En cada punto, la imagen se repetía: inspectores con carpetas en mano, soldados vigilando y camionetas oficiales estacionadas frente a portones de lámina pintados.
El operativo incluyó también una desponchadora ubicada en un fraccionamiento. Ahí, el propietario tenía la banqueta invadida y un costado del negocio ocupado por montones de llantas y basura. Personal municipal retiró los residuos, presumiblemente generados por la propia actividad comercial.
Protección Civil intervino para supervisar medidas de seguridad: extintores en buen estado, señalética visible, detectores de humo y dictámenes vigentes.
De acuerdo con Solís, este despliegue es un seguimiento a una primera visita realizada en noviembre de 2024, cuando los dueños de estos negocios fueron notificados de manera formal sobre el cumplimiento obligatorio de los requisitos para operar. Nueve meses después, las escenas de banquetas invadidas, fierros apilados y papeles incompletos confirman que, pese a las advertencias, el caos en la Talamás sigue siendo parte del paisaje.
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