De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda estatal, fueron detectadas 365 compañías que incurrieron no solo en evasión fiscal, sino en desvío de recursos durante la administración de César Duarte.
La red de corrupción duartista involucró a cientos de empresas, de las cuales 103 eran compañías fantasma, al tiempo de que 127 corresponden a proveedores directos y 238 a proveedores de proveedores.
El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda en el estado, Juan Pablo García, reveló también que el entramado de corrupción incluye también 23 esquemas agresivos de evasión fiscal.
No obstante, el funcionario se reservó la identidad de las empresas implicadas.
Juan Pablo García dio a conocer que se embargaron y bloquearon 247 vehículos por un monto de 79 mdp, cuentas bancarias por 165 mdp y por cobrar acciones de 26 empresas con un valor de 17 millones, así como ocho marcas comerciales, maquinaria y equipo por otros 10 mdp, para un embargo total de créditos fiscales con bienes que suman 528.9 mdp.
Explicó que en este trabajo se recorrieron caminos nunca antes explotados por las entidades federativas, como la realización de compulsas fiscales internacionales con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo la colaboración de la autoridad fiscal federal en México.
Una vez desarrollados los primeros pasos se detectaron 23 esquemas agresivos de evasión fiscal, lo que representa un total de 365 contribuyentes involucrados con operaciones con el Gobierno del Estado.
De ese total, 127 eran proveedores directos de primer nivel del Gobierno y 238 que fueron proveedores de proveedores de Gobierno; es decir, de segundo, tercero y cuarto nivel, a fin de no ser detectados.
Mencionó que una empresa que se constituyó en 2012, para el 2015 era el segundo proveedor más importante del Gobierno, solo detrás de los proveedores que construyeron la Ciudad Judicial; “es decir, de manera absurda logró incrementar las ventas y facturó 3 mil 700 mdp”.
Además, el 42 por ciento comparten domicilio, socios o representantes legales; el 16 por ciento fueron liquidadas o suspendidas después de ser utilizadas y el 74 no contaban con activos empleados o capacidad para realizar las operaciones, e incluso algunas no son localizadas en su domicilio que reportan como fiscal.
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