La Mesa de Seguridad y Justicia Ciudadana reconoce el trabajo realizado por los integrantes del Congreso del Estado de Chihuahua por aprobar la reducción de las penas a extorsionadores, ya que por reformas realizadas en épocas de César Duarte, los delincuentes alcanzaban penas de hasta 70 años de cárcel.
Sobre este tema, el organismo ciudadano hizo un reconocimiento a los legisladores de Chihuahua, por aprobar por unanimidad la modificación al Código Penal del Estado “a fin de atender la nueva visión de nuestro Máximo Tribunal Constitucional, respecto a las penas establecidas para los delitos de extorsión con penalidad agravada”.
El coordinador de la mesa de seguridad Rogelio González reconoció “la diligencia de los diputados en proteger la justicia y tranquilidad de la sociedad y sobre todo de las víctimas de este delito que, en años anteriores afecto a la comunidad chihuahuense, y destacó que estas modificaciones garantizan que se cumpla con la finalidad de las penas de prisión, esto es, que no solo operen con efectos disuasorios y retributivos, sino además, procuran la reinserción social de los delincuentes en un marco constitucional de derecho y con total respeto a los derechos humanos de los gobernados”.
La modificación aprobada por los diputados clasifica el delito de extorsión como un delito pluriofensivo, porque no solo involucra los bienes del patrimonio, si no que afecta la paz, la seguridad de las personas, la integridad y la vida, y su pena se modifica también para evitar que la acción de inconstitucionalidad alcance a los acusados y puedan salir en libertad, señaló González.
Agregó que la iniciativa fue aprobada por unanimidad durante la sesión del Congreso celebrada en esta frontera, con base a una iniciativa que responde a la preocupación sobre el impacto de este tema por parte de la Mesa de Seguridad, Ficosec y otros organismos de la sociedad civil.
Mencionó que el razonamiento para esta intervención por parte de los integrantes del Congreso fue de conservar la estabilidad emocional y el patrimonio de las familias chihuahuenses buscando que se respete la proporcionalidad y razonabilidad jurídica, garantizando que las penas impartidas no son desproporcionadas, ni contrarias a la dignidad humana y considerando la armonización con el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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