Ante senadores, representantes de Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconocieron que las secretarías de Gobernacón y Relaciones Exteriores, así como el Instituto Nacional de Migración (INM), han cumplido parcialmente con la recomendación que se emitió por el incendio en la estación migratoria que dejó 40 migrantes muertos y 27 lesionados.
Cecilia Velasco Aguirre, coordinadora general de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la CNDH, aceptó que no se ha podido implementar un plan de reparación del daño, pero mencionó que, en el caso de 20 núcleos familiares, de igual número de fallecidos, ya fueron entregados los montos por concepto de compensación, tras los hechos ocurridos el lunes 27 de marzo de 2023, en la Estación Migratoria Lerdo-Stanton, en Ciudad Juárez.
Al referirse al informe especial sobre las condiciones de las estancias y estaciones migratorias, que tiene por objeto demostrar la pertinencia de modificar el esquema de estas, la funcionaria detalló que se realizaron visitas a estos establecimientos en 29 entidades.
El resultado de las visitas arrojó que se tenía un registro de población migrante de 316 personas de distintas nacionalidades, principalmente de Venezuela, Honduras, Guatemala, Ecuador y Senegal. También se encontró que ninguna de las estaciones o estancias se considera adecuada, porque 13 son insuficientes, 21 de ellas son inadecuadas y el resto están en situación crítica.
El secretario ejecutivo de la Cndh, Francisco Estrada Correa, se refirió a la recomendación 11VG/2023, donde mencionó que las medidas cautelares que emitió la CNDH se enfocaron en garantizar la atención médica de las personas migrantes en hospitales públicos y privados; establecer comunicación con las autoridades consulares de los países de donde eran originarios, para que los familiares de las víctimas pudieran reconocerlos y reclamar su cuerpo; así como preservar los indicios que se obtuvieran con motivo de las investigaciones relacionadas con la identificación y repatriación de las personas fallecidas.
Señaló que, entre las acciones efectuadas por la dependencia, destaca, que se reconoció la calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos a 90 personas; 40 fallecidas, 27 lesionadas y 23 familiares de las víctimas directas.
La nacionalidad de las víctimas directas –dijo–, fueron 28 personas guatemaltecas, 14 hondureñas, 12 salvadoreñas, 12 venezolanas y una colombiana.
En la reunión estuvieron presentes los senadores Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural; Antonio García Conejo, del PRD; por el PVEM, Gabriela Benavides Cobos; Martha Márquez Alvarado, del PT y Rafael Espino.
Señalaron entre otras cosas, que se han cometido violaciones a los derechos humanos de los familiares de las víctimas y que no debe normalizarse el “hecho”, el cual fue un hecho cruel que pudo haberse evitado.
También pugnaron porque se sancione a los responsables del incendio y porque las autoridades correspondientes se pronuncien y reaccionen para evitar que la tragedia se repita.
En el caso del senador Espino, éste pidió a la Cndh que acompañen a las personas que están en prisión por estos hechos, porque muchos de ellos presentan irregularidades en sus procesos penales.
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