Martín Tafoya, representante de la comunidad N’dee, promovió un amparo ante los tribunales federales para obligar al Ayuntamiento juarense a rendir cuentas sobre la inversión de 20 millones de pesos que destinaron a la construcción del Centro de Atención de los pueblos originarios.
Dijo que consultó a expertos en construcción, quienes calcularon que el proyecto tiene un valor de entre dos y tres millones de pesos.
Añadió que pidió cuentas a la actual regidora rarámuri Mayra Karina Castillo y a Austria Galindo Rodríguez, regidora en la Administración 2021-2024, sin embargo, sus respuestas no los han dejado satisfechos, pues consideran que es excesivo el costo de la obra.
Explicó que en estos momentos los trabajos de construcción se llevan a cabo en un predio y que la mitad de este es propiedad municipal y la otra mistad es de un particular.
Señaló que, de acuerdo con la regidora Galindo, la Administración contempló otros 50 millones de pesos para comprar o permutar la propiedad a fin de completar la posesión de la superficie del suelo que demanda el terreno, lo cual eleva su costo de manera increíble.
Dijo que recurrieron ante la justicia federal para que las autoridades del Municipio de Juárez, dejen en claro el proceso de contratación de la obra, el proyecto ejecutivo, los avalúos de los predios requeridos y todos los datos que demuestren y justifiquen el valor de la ejecución del proyecto, para la tranquilidad del pueblo originario que representa.
En el tercer informe de gobierno del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, dio a conocer que en el proyecto del Centro de Atención para los Pueblos Originarios, se buscaron opciones para su materialización a un costado de la Plaza Juan Gabriel.
Tafoya dijo que no descansarán hasta que se esclarezca esta aparente irregularidad.
El informe del alcalde precisa que este proyecto beneficiará a 250 mil personas y cuenta con un presupuesto de 51 millones de pesos.
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