Diputados estatales no aceptaron bajarse el 10 por ciento de su salario, luego de que el grupo parlamentario de Morena presentó una propuesta de austeridad que buscaba la reducción de los sueldos de legisladores y funcionarios estatales de primero y segundo nivel.
El acuerdo contemplaba reducir el salario que reciben los legisladores. También el de los funcionarios de primer y segundo nivel del Poder Legislativo hasta un 10 por ciento. De igual forma, los titulares en primero y segundo nivel del Gobierno estatal, organismos descentralizados, organismos autónomos y fideicomisos.
También proponía recortes en servicios personales, materiales y suministros. En la contratación de asesorías de capacitación, seguridad privada, adquisición vehículos, arrendamientos, viáticos y gastos de representación.
Además de no considerar el pago de servicios aéreos en zonas preferenciales y limitar el uso de la flotilla aérea. Sobre todo cuando el destino se encuentre a menos de 400 kilómetros.
La propuesta se encontró con el rechazo del grupo parlamentario del PAN, que representa la mayoría en el legislativo estatal. Esto, al considerar que el Gobierno del estado prepara un plan de austeridad con un mayor alcance en el paquete económico del 2022.
«Plantearía que, si no tiene una solución de fondo, analicemos la propuesta para que se pueda discutir y hacer realmente un plan que aporte. Aprobar algo así, que no soluciona de fondo el asunto, no tiene ningún caso», comentó la líder del grupo parlamentario panista, Marisela Terrazas Muñoz.
A la réplica se sumó el grupo parlamentario del PRI, por lo que la propuesta no fue votada en pleno y se pasó a su estudio en Comisiones.
Además del salario, el plan incluía reducir también el personal
La iniciativa buscaba además la reducción de un 5 por ciento de la plantilla laboral en el Gobierno estatal.
«Poniendo énfasis en el rubro de servicios personales, materiales y suministros, entre otros, y todos los demás conceptos que integren el gasto corriente; sin que con ello se afecte la prestación de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía», agrega el planteamiento rechazado.
Al final, el documento solicitaba que, «con los recursos que sean liberados con la disminución del gasto corriente, se destinarán al sector Salud en aquellos rubros que incidan directamente en una mejor prestación del servicio a la población abierta, a los afiliados del sector público, así como otorgar incentivos o regularizar al personal que se encuentra en el primer frente en atención a la pandemia Covid-19».
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