Tortura y detenciones arbitrarias, allanamiento de morada y cateos ilegales, trato cruel, robos, desaparición forzada y daños a propiedad ajena, son las experiencias «amargas» por las que activistas de derechos humanos se oponen a militarización de la seguridad pública.
El Gobierno federal emitió un decreto, en días recientes, para aprobar un artículo transitorio de la Reforma de Seguridad para que las Fuerzas Armadas pudieran actuar durante cinco años, bajo los criterios de convencionalidad, de forma extraordinaria, regulada y fiscalizada en las tareas preventivas policíacas, que los derechohumanistas ponen en duda.
«Como todo fronterizo, tengo malas experiencias de los elementos del Ejército Mexicano, que rondaban a pie o que se veían en contingencias, patrullando en las colonias en donde se metían a las viviendas de forma ilegal», dijo Hernán Ortiz, director de la asociación Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP).
Dijo que el desempeño de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante 10 años en la llamada guerra contra el narco fue catastrófico, por lo que «si vienen a hacer lo mismo, seguramente tendremos los mismos resultados», advirtió Ortiz.
«Pero si vienen a coordinarse con todas las distintas corporaciones policíacas, con el objetivo de sumar, entonces quizá tengan resultados distintos, sólo que no existe la confianza entre la población para que esto ocurra», dijo.
Señaló que los resultados que tenga el Gobierno federal, así como el estatal y el municipal, en el combate a la delincuencia tiene una duda razonable, dado que en 10 de intervención militar, hasta lo que va de la gestión de Armando Cabada y Javier Corral, se mantienen con índices elevados.
«En lugar de confiar, los ciudadanos deben recurrir a los instrumentos de la democracia participativa, como la revocación de mandado y el cabildo abierto, para revertir el mandado de los gobernantes que no cumplan con otorgar seguridad a la población», agregó.
César René Díaz Gutiérrez, primer visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Juárez, dijo que la institución tendrá un diálogo con su homólogo en el nivel nacional, para coordinarse desde sus ámbitos de competencia en este tema.
«En el caso de probables violaciones a los derechos humanos cometidos por militares, nos mantendremos como sabedores de quejas, para facilitar el trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la que tiene la facultad legal para actuar», dijo.
«Como juarense yo también tengo experiencias amargas con el ejército, una de ellas, es que hace unos años unos militares venían a extorsionarme a mi despacho; venían a cobrarme el llamado derecho de piso», contó el visitador de la CEDH.
Óscar Altamirano, abogado con especialidad en derechos humanos, indicó que no es una buena idea que militares se ocupen en las labores de seguridad pública, en coadyuvancia con la Guardia Nacional dado que es posible que obtengan los mismos resultados de hace años.
Tanto los gobiernos federal, estatal y municipal, han demostrado ineficiencia en el manejo de la seguridad y los tres han demostrado tendencia al autoritarismo, sobre todo en estos momentos de pandemia.
«Meter al ejercito con los resultados anteriores y el llamado toque de queda y otras medidas que van contra las libertades, demuestran que cuando un gobernante es ineficiente, compensa su falla con autoritarismo», indicó el abogado.
En los momentos álgidos, en uno de los picos de la violaciones, la CEDH, llegó a recibir más de mil 450 denuncias contra la Sedena en Juárez, todas seguidas por organizaciones civiles locales y nacionales, según reporte 123-230/2012 de la institución.
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