El fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, rechazó este miércoles algunas de las hipótesis o señalamientos planteados por el Colectivo 23 de Marzo, dentro de la investigación Proyecto Miroslava, cuya primera parte se publicó en distintos medios de comunicación locales, nacionales y extranjeros.
El reportaje, dividido en tres partes, se realizó con el auspicio de organizaciones internacionales que fomentan y apoyan el periodismo de investigación.
Entre los planteamientos que sostuvo la publicación impresa destacan que hubo evidencias que no fueron tomadas en cuenta, no se aplicó la cadena de custodia obligada para el resguardo de algunas pruebas y no se investigó el ángulo más delicado, la narcopolítica.
Ese aspecto, de acuerdo con el Proyecto Miroslava, refiere que a la periodista la mandaron a matar narcos del grupo Los Salazares, que operan en la región de Chínipas y que tuvieron relación de complicidad con funcionarios y políticos del PAN, mismo partido del gobernador actual, todo a raíz de que ella exhibió que el PRI iba a postular al sobrino de los delincuentes, Juan Salazar Ramírez, en las elecciones del 2016.
“Desde nuestra perspectiva -dijo el fiscal-, (sí) se logró establecer en la investigación el motivo de la agresión, vinculado a los señalamientos del trabajo periodístico de Miroslava en torno a la intervención del narco en la imposición de autoridades municipales. La pertenencia del actualmente detenido a un grupo delincuencial es parte de la imputación”.
Más adelante Peniche añadió que en la investigación estatal sí se estableció que el Larry era el operador de Los Salazar y que tenía a su cargo el control de varias actividades, desde Navojoa hasta Chínipas.
Rechazó que la cartulina que se encontró en la escena del crimen no haya sido debidamente resguardada como evidencia y culpó a los medios de haber difundido versiones diferentes respecto a su contenido.
El planteamiento principal de la primera parte del reportaje se resume en su título: “Las pistas no investigadas en el asesinato de Miroslava Breach”.
Al respecto, el jefe del Ministerio Público señaló que esa afirmación no era correcta y que por el contrario, todos los elementos habían sido considerados.
“No hay ningún dato o evidencia que no se hubiese analizado”, aseveró.
También rechazó que el tercer implicado -identificado como Wilberth Jaciel Vega Villa, señalado como quien movió en un vehículo Malibú al asesino material Ramón Andrés Zabala Corral- haya sido capturado y dejado en libertad, como lo sugirió el reportaje.
No obstante, esa omisión no fue “inventada” por los autores de Proyecto Miroslava; tuvo su sustento en una declaración que hizo el ex secretario general de Gobierno César Jáuregui Robles el 27 de diciembre de 2017.
“Se había tenido contacto con esa persona desde luego, pero no se habían podido acreditar hechos y elementos constitutivos de delito”, afirmó Jáuregui en una entrevista con La Opción todavía disponible en Youtube.
En otra parte de la extensa aclaración que el fiscal estatal presentó en doce puntos, luego de que Norte Digital le solicitó una postura oficial frente a los cuestionamientos planteados por el Colectivo 23 de Marzo, también rechazó que haya sido irregular la presencia del gobernador Javier Corral en el cateo donde se encontró la evidencia más contundente -una grabación telefónica- que vinculaba a los panistas Alfredo Piñera y Hugo Schultz con las amenazas del narco a Miroslava.
Este jueves 5 de septiembre de 2019, el Colectivo 23 de Marzo a través del Proyecto Miroslava, difundirá la segunda parte del reportaje bajo el título “Las cinco muertes que nadie aclaró”.
En esa segunda entrega, los y las periodistas que realizaron el trabajo cuestionan por qué las autoridades no investigaron a fondo la muerte de dos jovencitas en Chínipas, los homicidios del dueño de una compañía de aerotaxis y un profesor de artes marciales en Chihuahua y el asesinato en Sonora del autor material del crimen.
A continuación, la versión íntegra del fiscal Peniche:
- En lo esencial veo que ese reportaje, y el reporte del Colectivo 23 de Marzo, reconocen que hubo una investigación y que se logró identificar a los principales participantes del hecho.
- Dice “Ninguna (autoridad) ha establecido un vínculo entre el asesinato y los grupos crimínales o políticos..”. Desde nuestra perspectiva, se logró establecer en la investigación, el motivo de la agresión, vinculado a los señalamientos del trabajo periodístico de Miroslava en torno a la intervención del narco en la imposición de autoridades municipales. La pertenencia del actualmente detenido a un grupo delincuencial es parte de la imputación.
- La orden de captura de los responsables se obtuvo en el mes de mayo de 2017; es decir, apenas dos meses después de ocurrido el hecho. El tiempo transcurrido entre la orden de aprehensión y la captura del Larry fue el tiempo en el cual se llevaron a cabo tareas de inteligencia con la Federación para lograr la captura. En este lapso, cuando menos en dos ocasiones se intentó la captura sin lograr el objetivo.
- El Larry es una pieza importante en la organización de los Salazar. En nuestra investigación resulta ser el operador de los Salazar y quien tenía a su cargo el control de varias actividades desde Navojoa hasta Chínipas. Es además una persona que creció en el seno familiar de los Salazar.
- La aseveración de que hubo indicios y pruebas que nunca fueron tenidas en cuenta no es correcta. Todos los datos de prueba fueron articulados y empleados para lograr las órdenes de aprehensión.
- La Policía jamás “anunció” el hallazgo de una cartulina. Ese dato fue filtrado por los medios de comunicación. En consecuencia, la Fiscalía nunca dio conclusiones anticipadas sobre el hallazgo de dicho material ni sobre la autoría del crimen. Falso es que hubiesen existido tres versiones oficiales sobre el caso en las primeras 48 horas. Tampoco hubo un “mensaje” que cambiara y si este existió solo pudo haber sido en la actividad mediática, no en la versión oficial.
- Desconocemos el sustento del colectivo para afirmar que no había sido mantenida debidamente la cadena de custodia de dicho mensaje. Nada más ajeno a la realidad. Esta evidencia fue procesada por los servicios periciales y resguardada de acuerdo a los estándares exigidos por la ley.
- La presencia de Javier Corral como observador en el domicilio donde se llevó a cabo el cateo y en el que se logró hallar y asegurar el vehículo usado para trasladar al ejecutor no debe ser motivo de especulación. El gobernador instruyó una investigación apegada a derecho y puntualmente dio seguimiento a los trabajos. Su presencia habla de su preocupación y compromiso con el caso.
- La existencia de la grabación encontrada en el cateo fue presentada por la Fiscalía al formular la imputación, fue la propia Fiscalía del Estado quien narró el contenido, describió a quienes participaron en la conversación y explicó su relevancia para establecer la causalidad de la agresión. Esto fue en audiencia pública y, por lo tanto, da muestra de la claridad y la objetividad de la investigación del Ministerio Público. Su alcance como dato de prueba lo determina la propia ley.
- La Fiscalía siempre ha insistido en la necesidad de que se integre la carpeta por delincuencia organizada, en la que se investigue formalmente para acreditar al autor intelectual y al partícipe entre otros ese delito de delincuencia organizada. Es desde luego una derivación del caso que requiere la intervención de la Seido.
- De manera categórica se niega la afirmación de que él partícipe del hecho ya identificado (Wilberth Jaciel Vega Villa), hoy prófugo, hubiese sido declarado, citado o que hubiese sido presentado ante el Ministerio Publico o la Fiscalía. Falso es también la existencia de “dos testigos” que pudieran confirmar que este sujeto fue “interrogado”. En cambio, la Fiscalía cuenta con datos que permitieron identificar a este sujeto como partícipe del homicidio, algunos de ellos surgidos a partir del cateo realizado apenas unos días después de la agresión a Miroslava y desde entonces se supondría que dicho sujeto se fue a la sierra de donde es originario.
- La Fiscalía obtuvo el testimonio de diversas personas, algunas de ellas que constituyen los datos de prueba para imputar a los sujetos identificados el delito, no se dejó de analizar cada documento ni cada testimonio. Siempre se aprovechó cualquier dato útil para la investigación, que guardara relación con el hecho y que constituyera un dato de prueba. Todo el material disponible y conducente, se utilizó para realizar la imputación. No hay ningún dato o evidencia que no se hubiese analizado. El análisis de los datos de telefonía, contrario a lo sostenido por el colectivo, es lo que permitió entre otros datos, identificar a los responsables y hacer un enlace lógico y cronológico de los hechos. La Fiscalía General del Estado tiene por directriz, atender las solicitudes de entrevista y atender a las organizaciones. Hemos atendido a una gran cantidad de medios en torno a este tema, así como a organizaciones de la sociedad civil y de periodistas, desconocemos la mecánica o medio para haber solicitado una entrevista y lamentamos no haber tenido la oportunidad de aportar datos a su reportaje. Es nuestro interés institucional que se dé a conocer la veracidad sobre la investigación en el caso Miroslava y que al final del camino prevalezca la justicia y se sancione a los responsables de la agresión que cobró la vida de la periodista chihuahuense.
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